OPINION
Información y entretenimiento
Por Facundo Suárez Lastra * |
En la edición de ayer de
Página/12 se publicó una opinión del consultor Enrique Zuleta Puceiro cuestionando un
proyecto de la Legislatura porteña tendiente a restringir la publicación de sondeos
electorales y de bocas de urna. Uno de los legisladores de la ciudad, que impulsa el
proyecto, le replica. La polémica continúa.
Al votar los límites a la difusión de encuestas electorales desde dos días antes hasta
tres horas después de los comicios, lo hice respetando a los encuestadores y considerando
que los sondeos de opinión forman ya parte constitutiva del complejo sistema de
informaciones que contribuyen a la libre y responsable decisión de los electores. Por eso
me interesa comentar la crítica de Enrique Zuleta Puceiro y responder a su apreciación
de que esta ley es una reacción corporativa contra el derecho del ciudadano a la
información.
El límite a la difusión de encuestas tiene sólidos fundamentos, aun cuando diferentes
según se trate de los serios y rigurosos sondeos de intención de voto
–preelectorales– y las técnicamente más precarias encuestas llamadas “en
boca de urna”.
Comenzando por estas últimas, sostengo que su baja confiabilidad y sus amplios márgenes
de error no constituyen la causa principal para legislar sobre el umbral temporal para su
difusión, porque no creo, bajo ningún concepto, que la prohibición mejore la calidad de
lo que se prohíbe. La difusión temprana de las encuestas de boca de urna entraña un
riesgo para la tranquilidad pública no sólo por su dudosa fiabilidad, sino
principalmente porque instala expectativas intensas y contradictorias que multiplican la
natural ansiedad del electorado.
Debemos agradecer y congratular a Graciela Fernández Meijide por la prudencia con la que
manejó la información de boca de urna el 24 de octubre. Otro candidato menos sereno
podría haberse atribuido el triunfo y denunciado fraude en las elecciones de la provincia
de Buenos Aires –no sin cierta credibilidad avalada por la historia de años
recientes– con graves consecuencias de desborde y violencia.
La encuesta de boca de urna parece rendirle culto a la velocidad en contra de la
excelencia. Es como privilegiar la espectacularidad de una pseudo información que no
agrega conocimiento ni certeza, en contra de uno de los más jerárquicos rituales de la
democracia, que es el recuento de votos por las autoridades de cada mesa en presencia de
los fiscales.
Si la opinión no sustituye al voto, no hay razón para pensar que la brevísima encuesta
“cantada” pueda sustituir la apertura de los sobres. Me permito dudar de que su
difusión anticipada pueda ser considerada como “información” en los términos
en que este preciado bien social y jurídico se concibe; más bien nos inclinamos a
describirla como un entretenimiento de riesgo, donde el bien jurídico en peligro es nada
menos que la tranquilidad pública.
La veda de tres horas hace coincidir la difusión de las encuestas de boca de urna con los
cómputos que los fiscales de los partidos envían a los comandos electorales y con el
acceso que el periodismo tiene a los recuentos. De ese modo, se integra como un componente
más a la red de informaciones a que tiene acceso el ciudadano.
En caso contrario, el derecho de expresión de unos se estaría ejerciendo a expensas del
derecho de todos a la información, con el agravante de que el uso de expresiones
asertivas en flashes televisivos –gana Fulano por tantos puntos– presenta como
hechos objetivos lo que sólo son conjeturas.
En cuanto a incluir a los sondeos en las 48 horas de silencio preelectoral que se aplican
a las campañas, se trata de una asimilación para nada caprichosa. La difusión de una
encuesta puede ser una herramienta de campaña más allá de la probidad e independencia
del encuestador. El dato, aparentemente probado, de que la lectura de las encuestas en las
horas previas al voto no influye sobre su orientación no debe desagregarse de la otra
evidencia mayor que lo contiene, tampoco los últimos actos de propaganda inclinan una
tendencia. A pesar de esto, los más confiables y más democráticos analistas coinciden
en que el período de reflexión del ciudadano es un bien que debe resguardarse de toda
presión, y eso es lo que estamos preservando con esta ley.
Las encuestas, los discursos y las noticias tienen roles igualmente relevantes en la
construcción de la información política de una Nación.Ninguno de los tres puede
sostenerse sin la existencia de los otros, ni desarrollarse a sus expensas. Los
encuestadores ayudan a los políticos a mejorar la calidad de su discurso por encima de la
trivialidad, del mismo modo que los políticos ayudan a los encuestadores a calificar la
excelencia de su trabajo por encima de la manipulación.
* Diputado (UCR en la Alianza). |
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