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Cuatro secuestradores quedaron
libres por la demora en el juicio

Los presos del penal de Chimbas tomaron como rehenes a un juez, cinco periodistas y al director de la cárcel. El gobernador decidió dejarlos ir. Les dieron autos y armas. Los rehenes fueron liberados. Hubo 26 fugados, seis recapturados.

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Norma Peralta y uno de sus hijos, desconcertados ante la libertad de los secuestradores.El abogado considera que el tribunal pudo haber hecho una excepción: “Hay antecedentes”, dijo.

Por Eduardo Videla

t.gif (862 bytes) ”Primero pensé que era una broma de mal gusto. Pero era verdad: los cuatro habían salido de la cárcel y están en su casa.” Norma Peralta no puede salir de su asombro: los cuatro hombres acusados de secuestrar y asesinar a su esposo, el empresario Pedro Peralta, en junio de 1996, salieron en libertad el jueves último, porque pasaron en la cárcel más de tres años sin sentencia. Ahora volvieron a sus casas, ubicadas en un radio de diez cuadras de donde vive la familia Peralta, en la localidad de Caseros. Uno de ellos es un ex suboficial carapintada; otro, un militante del Modín, y los dos restantes, conocidos de la víctima. Para los cuatro, el fiscal ya había pedido una pena de prisión perpetua. “Es un error imperdonable de la Justicia”, sentenció Norma Peralta al cuestionar el fallo. La resolución la tomó la Cámara en lo Penal de Morón, pero no fue unánime: los jueces Fermín Parera y Mario Moldes se pronunciaron por la libertad de los detenidos, mientras que su par Jorge Puricelli consideró que debían permanecer en la cárcel. Al tribunal sólo le faltaba poner la fecha del juicio oral: el fiscal ya había formulado la acusación. El secuestro y posterior homicidio de Peralta causó conmoción por sus características: según el fiscal de Morón Jorge De los Santos, los secuestradores golpearon al empresario en la cabeza con un hierro hasta devanecerlo, lo introdujeron aún con vida en un tambor, lo espolvorearon con cal viva y soldaron el recipiente con una soldadura. El hombre, se determinó, murió allí adentro por asfixia por sofocación. Los entregadores habían sido dos viejos conocidos de Peralta: su ex socio, Emilio Cancián, y el tornero Eduardo Cortiletti, que había trabajado con la víctima. Ambos se habían asociado con dos militantes del Modín, el sargento del Ejército Carlos Pagés y Dante Tartaglini. En la casa de este último fue encontrado el tambor con el cadáver del empresario 21 días después del secuestro, cuando los captores negociaban con la familia el pago del rescate.“El pedido de libertad lo formuló Cancián y la Cámara hizo extensivo el beneficio a los cuatro”, informó a Página/12 Carlos Froment, abogado de la familia Peralta, quien se enteró de la novedad recién el lunes, tres días después de que los procesados hubieran recuperado la libertad. Los jueces se basaron en el artículo 169 del nuevo Código de Procedimiento Penal bonaerense que, en su inciso 11, dispone el cese de la prisión preventiva de aquellos procesados que estén en la cárcel durante dos años –prorrogables por uno más– sin ser sometidos a juicio. Ahora, cuando el tribunal convoque a juicio oral, los cuatro deberán presentarse, aunque seguirán libres hasta que la sentencia quede firme. Pero el abogado de la familia teme que los acusados se fuguen, “porque el tribunal les concedió la libertad irrestricta”.Los jueces que votaron por la mayoría se basaron en fallos similares de la Cámara de Casación de la provincia. Sin embargo, para el abogado Froment la norma no debe ser aplicada a rajatabla y “deben contemplarse excepciones”, como este caso. “Hay antecedentes en tribunales orales de la Capital, en la Cámara de Casación porteña y en la Corte Suprema de la Nación, en una causa contra Mario Firmenich, a quien no se le concedió la excarcelación después de los tres años”.Peralta, dueño de dos pequeñas empresas metalúrgicas en Caseros, fue secuestrado el 10 de mayo de 1996. El tornero Cortiletti lo había llamado para que pasara por su taller. Y el empresario cayó en la trampa. No bien llegó aparecieron en escena Tartaglini y Pagés. Se hicieron pasar por ladrones, ataron a Peralta a una silla y lo amordazaron. Se supone que el empresario reconoció a algunos de sus captores, porque lo mataron en ese mismo momento. No obstante, pidieron un rescate de 600.000 pesos, que en poco tiempo bajaron a 200.000 mil. Los secuestradores fueron detenidos el 1º de junio: la policía los sorprendió cuando arreglaban el pago del rescate con la familia, desde una cabina telefónica. “Ahora gozan de libertad absoluta para pasar frente a mi casa”, dice con una mezcla de indignación y desconcierto la viuda de Peralta. “Tengo temor por mis hijos, porque esta gente no ha tenido reparos de hacer lo que hicieron –agrega–. Tengo que contenerlos, porque por la cabeza de ellos puede pasar cualquier cosa.”

 


 

LA SATURACION JUDICIAL QUE GENERO EL NUEVO CODIGO
“Casos como éste se van a repetir”

t.gif (862 bytes) ”En la jurisdicción de San Isidro hay un millón y medio de habitantes. Igual que en Manhattan, que tiene 700 fiscales. Pero en San Isidro tenemos nada más que 7.” El vicepresidente segundo del Colegio de Abogados de San Isidro, Tomás Pérez Bodria, describió así la situación en la que se puso en marcha el nuevo Código de Procedimientos bonaerense. La liberación de los secuestradores generó una fuerte polémica sobre los alcances de la reforma y sobre el efecto cascada: una cantidad imprecisa de causas de la misma gravedad que podrían prescribir en una suerte de amnistía encubierta. Quienes cuestionan al nuevo código sostienen que la cantidad de expedientes supera ampliamente la capacidad de los jueces y aseguran que “casos como éste se van a repetir”. Quienes lo defienden, afirman que “faltan recursos que el gobierno no provee, y terminan culpando a un código moderno, tildándolo de garantista para volver con la mano dura”.“Nosotros nos manifestamos a favor de la reforma, porque el tema penal no daba respuesta –afirmó Juan Carlos Abud, presidente del Colegio de Abogados bonaerense–. Las estadísticas decían que un 3,5 por ciento de los casos llegaba a sentencia. Pero esto es una barbaridad.” Al ponerse en vigencia el nuevo código, 400 mil causas del viejo procedimiento fueron repartidas entre los jueces de transición, y las nuevas quedaron a cargo de un escaso número de fiscales. Algunos juzgados de transición llegaron a acumular alrededor de 30 mil causas, como ocurre en La Matanza. “Pero de esa cantidad, sólo 800 o mil son graves. El resto no tiene imputados o son causas que se van a dejar morir porque tratan sobre el robo de una bicicleta. Lo bárbaro es que ponga en el mismo nivel un secuestro y asesinato con el robo de un pasacasete.”Según el juez de Garantías de San Isidro, Juan Makintach, “nadie está en condiciones de recibir 20 mil causas de golpe, como ocurre con los jueces de transición, y poder decidir cuál es la que tiene importancia”. Makintach arrojó un dato preocupante: “En San Isidro, uno de los juzgados de transición estaba prescribiendo diez causas por día. El código implicó una aventura porque se designaron menos fiscales que los que se necesitaban”.Una fuente de la Fiscalía de San Martín sostuvo, en cambio, que la reforma fue “muy beneficiosa: el nuevo código da alternativas que permiten que el 15 por ciento de los casos tenga solución sin llegar a juicio. Antes, sólo el 3 por ciento tenía sentencia y era la única salida. Ahora es imposible que el tapón se produzca en las fiscalías porque la instrucción debe terminar en 10 meses como máximo. Lo que falta son recursos”.“Era previsible –aseguró Pérez Bodria–. La reforma es excelente, pero no va a funcionar nunca porque el gobierno de Duhalde nunca le dio recursos. Nosotros denunciamos que esto iba a ser utilizado por el discurso de la mano dura para achacar a las garantías individuales que los presos entren por una puerta y salgan por la otra.”

 

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