OPINION
¿El fin del descontrol?
Por Abel Fleitas Ortiz de Rozas* |
| El costo de la campaña
electoral de los grandes partidos para la elección presidencial alcanzó la exorbitante
suma de ciento cincuenta millones de dólares, según la auditoría realizada por la
Fundación Poder Ciudadano, y poca o ninguna información hubo sobre el origen de los
recursos utilizados. A pesar del reclamo de transparencia de la ciudadanía, y de las
promesas de austeridad de los candidatos, los gastos y la duración de las campañas
electorales han continuado en una espiral ascendente.Se acumulan en el Congreso nacional,
desde hace más de ocho años, diversos proyectos legislativos relativos al financiamiento
de la política y al control de gastos de campañas que no han recibido tratamiento, y
así se prolonga una deuda de la dirigencia política con la ciudadanía.Adquiere
trascendencia entonces la voluntad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de
tratar la Ley de Financiamiento de campañas electorales, que si bien será de aplicación
exclusivamente a las elecciones para Jefe de Gobierno y legisladores locales ilumina el
camino para iniciativas similares en los niveles provincial y nacional. La norma,
impulsada originariamente por un proyecto de Nueva Dirigencia, fue recibiendo el apoyo y
el aporte de las propuestas de las restantes fuerzas políticas de la Ciudad.La
legislación propuesta ha tomado en cuenta la vigente en diversos países de Europa
occidental y Estados Unidos, y sus principales líneas son: límite de duración de la
campaña de sesenta días como máximo, autorización de la publicidad televisiva sólo en
los últimos treinta, prohibición a los funcionarios públicos de utilizar las
actividades y recursos públicos para captar votos, veda a la difusión de encuestas
llamadas de “boca de urna” hasta pasadas tres horas después de finalizados los
comicios, financiamiento público de un peso por voto obtenido en la última elección,
prohibiciones a las personas jurídicas de aportar a los partidos o candidatos, tope de
veinte mil pesos a los aportes de las personas físicas e intervención de la Auditoría
General de la Ciudad en el control y publicidad del origen y la utilización de los fondos
de campaña. Se establecen además sanciones para el caso de incumplimiento, que van desde
multas hasta la pérdida del derecho a presentarse como candidato.La fijación de un tope
para los gastos de campaña es una innovación trascendente en la legislación argentina.
La Alianza se inclinaba a establecerlo en un peso por elector empadronado (o sea, algo
más de dos millones quinientos mil pesos) por partido político o alianza, y Nueva
Dirigencia proponía una cifra menor. Finalmente, ayer se acordó que fueran 80
centavos.El buen resultado de esta nueva legislación dependerá, además, de la
independencia y eficacia de la labor del tribunal con competencia electoral en la Ciudad,
función que cumple por el momento el Tribunal Superior de Justicia y de los controles a
cargo de la Auditoría General.Su éxito haría mucho por la salud del sistema político,
y por la erradicación de múltiples vicios (formación de “cajas” con dinero de
origen oscuro, dependencia de los candidatos de los empresarios que aportan a su campaña,
etc.), además de ayudar a equiparar las posibilidades de difusión de propuestas
políticas de distinto signo y contribuir a eliminar las fuentes ilegítimas de
financiamiento de la actividad política. * Diputado en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires por el partido Nueva Dirigencia. |
|
