“El proyecto presupuestario es un mamarracho inventado por (Pablo) Guidotti. Vamos a
modificarlo. No puede ser que todo el peso del ajuste recaiga sobre las provincias”.
Con esa frase, el ministro de Economía formoseño, Juan Benítez, le ponía ayer punto
final a una acalorada reunión mantenida por los ministros de Economía de las provincias
gobernadas por el justicialismo con los senadores y diputados del PJ y un par de
gobernadores. La dureza de las exposiciones, tanto de funcionarios como de legisladores,
no hace más que prever la fuerte puja política que se avecina entre la Alianza y el
justicialismo en torno del ajuste presupuestario del año 2000.
Una muestra gratis de la pelea que se viene ya ocurrió anteayer en el Senado: el PJ hizo
valer su mayoría y convirtió en ley un proyecto que rechaza vetos de Carlos Menem a la
distribución de fondos específicos por un total de 360 millones de pesos. La movida
compromete dinero que debe ser girado el año que viene, cuando Fernando de la Rúa ya sea
haya calzado la banda presidencial.La reunión multitudinaria de ayer en el Congreso tuvo
el objetivo de enviarle una señal inequívoca al próximo gobierno: el PJ no permitirá
un recorte de los fondos que reciben las provincias, en su mayoría gobernadas por el
actual partido gobernante.Sin embargo, el proyecto enviado al Parlamento por Roque
Fernández prevé un recorte de 1800 millones de pesos. “De ese total, a las
provincias nos tocaría realizar un ajuste de 1400 millones, lo cual sería muy recesivo e
injusto”, explicó a legisladores y ministros Carlos Rovira, gobernador electo de
Misiones. A su vez, Rubén Marín, el mandatario reelecto en La Pampa, calificó de
“inconstitucional” a la iniciativa girada por Economía. “Se destinan
menores fondos a los establecidos en la Ley de Coparticipación Federal”,
señaló.Los más entusiastas ante la muestra de fortaleza tras las elecciones de octubre
eran los legisladores. “Es cierto que ganó De la Rúa. Pero que nadie se olvide de
que en casi todas las provincias ganamos nosotros”, aseveró un diputado en medio del
aplauso generalizado.Durante la reunión de gabinete, Humberto Roggero, titular de la
bancada oficialista en la Cámara baja, le había adelantado a Carlos Menem la
realización del encuentro: “Gringo, no quiero problemas. Hay que acompañar los
cambios al proyecto que proponga la Alianza”, le dijo el Presidente al legislador en
Olivos minutos antes de la cumbre que mantuvo con Fernando de la Rúa. “No se
preocupe, Presidente. Pero lo cierto es que las provincias van a defenderse. No hay lugar
para más ajustes”, le respondió Roggero.En lo central, los ministros, legisladores
y gobernadores del PJ aseguran que van a resistir cuatro puntos que figuran en el proyecto
presupuestario: la eliminación del fondo del conurbano y de la partida del Fonavi (a
través del cual se edifican viviendas populares), la desaparición de fondos específicos
y subsidios (como al gas en la Patagonia) y la extinción del Plan Trabajar, por el cual
reciben empleo 120 mil personas en todo el país.“Que no se entienda mal. Estamos
dispuestos a cumplir con la Ley de Convertibilidad fiscal (que establece un déficit de
4500 millones en el 2000). Pero queremos que el esfuerzo lo haga la Nación y no las
provincias. En todo caso, que no se bajen los aportes patronales. Vamos a
defendernos”, aseguró Roggero.A la reunión no faltó ningún ministro provincial:
estuvieron Jorge Sarghini (Buenos Aires), Marcelo Cassaretto (Entre Ríos), Gerardo Nieto
(Santa Cruz), Néstor Schiavone (Misiones), Rafael Kyol (La Rioja), Graciela Corbalá (San
Luis), Luis Roca (Santiago del Estero), Alicia De Pasarell (Salta), José Las Heras
(Córdoba), Ernesto Franco (La Pampa) y Joaquín Ferré (Tucumán).La próxima semana, los
legisladores justicialistas comenzarán los diálogos formales con sus pares de la Alianza
para consensuar elPresupuesto 2000. “Queremos que De la Rúa asuma con la ley
aprobada”, aseveró el líder de los diputados justicialistas. Se viene la pelea de
fondo de la transición
FLEXIBILIDAD, MENOR GASTO Y EVASION Y MAS AJUSTE
Reclamos del establishment
Los
empresarios confían en Fernando de la Rúa y en una pronta recuperación económica. Pero
condicionan el éxito de su gestión a la adopción de las siguientes medidas, que son
también sus demandas al próximo gobierno: profundizar la flexibilización laboral,
reducir el gasto público, combatir la evasión y hacer un nuevo ajuste sobre la
estructura del Estado. Esa es la conocida receta del establishment, que la consultora
Eduardo D’Alessio-Louis Harris refleja en una encuesta que realizó entre ese sector,
y cuyas conclusiones se dieron a conocer ayer en el Coloquio de IDEA. Ante la pregunta de
cuáles son los sustentos políticos de la futura administración, la mayoría de los
empresarios (84 por ciento) dijo que son ellos mismos, y también la opinión pública (98
por ciento) y los medios de comunicación (81 por ciento). El primero de esos datos
explica la luna de miel que disfruta la Alianza con el sector económico más poderoso,
algo que se refleja además en el comportamiento de los mercados financieros. En cambio,
los hombres de empresa consideran que el próximo gobierno mantendrá una relación
tirante con los siguientes sectores: los sindicatos (83 por ciento), las fuerzas de
seguridad (72 por ciento), el Poder Legislativo (63 por ciento) y el justicialismo (56 por
ciento). Esa visión explica la preocupación por la gobernabilidad.De todos modos, el
humor de los empresarios con respecto de la evolución de la economía cambió
sustancialmente con el triunfo de la Alianza en las elecciones. El 68 por ciento se
manifestó “moderadamente optimista” ante la consulta de sus expectativas para
los próximos seis meses, y el 8 por ciento dijo que espera estar “mucho mejor”.
El 16 por ciento cree que la economía estará “igual”, mientras que el 7 por
ciento sostuvo que es “moderadamente pesimista”, y el 3 por ciento afirmó que
la situación será “mucho peor”. En cambio, cuando se les consultó sobre su
percepción de la situación económica actual con respecto de seis meses atrás, sólo el
35 por ciento dijo que es “moderadamente mejor” y apenas el 2 por ciento que es
“mucho mejor”. El 37 por ciento opinó que es “igual”, el 25 por
ciento que es “moderadamente peor” y el 6 por ciento que es “mucho
peor”.También demuestra la confianza de los empresarios el hecho de que el 76 por
ciento estima que la salida de la recesión se producirá en el 2000, con un 37 por ciento
que vaticina que eso ocurrirá en el primer semestre y el 39 por ciento restante en la
segunda mitad del próximo año. Otro 10 por ciento asegura que la recuperación ya
comenzó. En tanto, 7 por ciento dice que habrá que esperar hasta el 2001 y el 5 por
ciento más de dos años.Entre las prioridades de la agenda económica, los empresarios
ubicaron en primer lugar a la flexibilización laboral, al combate a la evasión y a la
reducción del gasto público, con el 94 por ciento. Después le siguen la reforma del
Estado (93 por ciento), la reforma del sistema de salud (92 por ciento), desregulación
impositiva (89 por ciento), subsidio a las pymes (86 por ciento), desregulación y
estímulo de la competencia (71 por ciento) e integración con el Mercosur (68 por
ciento).
Cuestionamientos a la renegociación ferroviaria
“Es una cachetada a los usuarios”
El dictamen aprobado
por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones continúa generando
polémicas. La disposición, que tanto urge a los legisladores menemistas, permite al
grupo Metropolitano –la empresa concesionaria integrada por la constructora Ormas y
los colectiveros de Trainmet– descargar todo el peso de las inversiones proyectadas
en los usuarios mediante aumentos tarifarios que llegarán al 129 por ciento en cinco
años. Amén de una extensión de las licencias por 20 años, la resolución implica el
virtual blanqueo de las disposiciones incumplidas. Desde el propio justicialismo, el
ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, José Antonio Romero, se
mostró sorprendido por la aprobación del dictamen. Los nuevos términos para los
contratos de las ex líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur son “un ultraje a los
usuarios de la provincia”, declaró. El propio gobernador Eduardo Duhalde había dado
expresas instrucciones de oponerse a la medida. Romero agregó que no se puede
“extender a ciegas las licencias en el ámbito bonaerense, postergar la
electrificación del ramal La Plata-Constitución y permitir, entre otras cosas, aumentar
las tarifas. Es una cachetada para los bonaerenses”, se enojó.“El transporte
ferroviario es un instrumento estratégico de crecimiento y desarrollo de la provincia, y
yo era uno de los que sostenía que era impensable que se tome una decisión sin
consultarnos”, agregó. El ministro también se mostró sorprendido por la actuación
del legislador orteguista Julio Salto. “Llama poderosamente la atención que los
legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires, Raúl Alvarez Echagüe y Dámaso
Larraburu, quienes habían anticipado su negativa a la renegociación, hayan sido
removidos de la Comisión y suplantados por un legislador de Río Negro”. Salto,
quien firmó un contrato de 9 mil páginas a escasas horas de asumir en la Comisión, se
vio envuelto en una confusa situación al pretender retirar su rúbrica luego de haber
firmado.La renegociación contractual con el grupo Metropolitano también fue denunciada
por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Rafael Veljanovich, defensor
adjunto, declaró que la renegociación convalidada por la Bicameral no se reduce a una
mera modificación del contrato inicial sino que en la práctica representa un nuevo
contrato de concesión que vulnera –a través del ajuste tarifario– los derechos
económicos de los usuarios. “Se atenta contra la capacidad adquisitiva de los
usuarios y se los obliga a ser el sostén de futuras mejoras”, sostuvo
Veljanovich.Respecto de las mejoras emergentes de la renegociación, el diputado
frepasista Ricardo Vago declaró a Página/12 que “las tarifas se
aumentan en cinco años, pero las mejoras se comprometen para dentro de quince”. Vago
sostuvo que “el Estado ausente esta vez trató de ser más prolijo que en la
escandalosa renegociación de TBA –las líneas Mitre y Sarmiento–, de allí las
9 mil páginas del contrato”, pero olvidó que trata con fondos comunitarios, fondos
que surgen de los usuarios de las líneas más importantes en cuanto a cantidad de
pasajeros y que las concesionarias podrán manejar con total discrecionalidad. |
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