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Por Fernando Cibeira  Muchas veces
durante la campaña se le preguntó a Fernando de la Rúa cuáles serían sus primeras
medidas de gobierno. Ayer, el presidente electo precisó su respuesta: anunció la
creación de tres "sistemas" que tienen que ver con la transparencia de la
actividad de los organismos públicos. De esta forma, De la Rúa continúa en su
estrategia de marcar una clara diferenciación con la década menemista, una línea en la
que servirán los hechos --como el anuncio de ayer-- y los gestos --como el
distanciamiento que mostró con Menem cuando se reunieron el jueves--. Ayer mismo, al
hablar durante el coloquio de IDEA en Mar del Plata, su vice, Carlos "Chacho"
Alvarez, profundizó la imagen de un cambio en las reglas del juego al decir que la
"corrupción es un juego de a dos" (ver páginas 4 y 5) y plantearles a los
empresarios la necesidad de que ellos también tomen sus medidas. A propósito, uno de los
anuncios de ayer está dirigido a controlar a las empresas privatizadas que ofrecen
servicios públicos. En el piso 19 del Hotel Panamericano había una reunión de cúpula. Estaban De la Rúa, Carlos "Chacho" Alvarez, José Luis Machinea, Alberto Flamarique, Hernán Lombardi y, por un rato, Cecilia Felgueras. Luego de negar durante todo el día que se esté pensando en la aplicación de nuevos impuestos que afecten a la clase media, el tema del encuentro eran las modificaciones del Presupuesto 2000. Desde el cónclave bajó ayer, tarde, el vocero Darío Lopérfido para anunciar las primeras medidas de control de los dineros públicos. "Un Estado sin corrupción" fue el punto 5 del "Contrato con la sociedad" que De la Rúa firmó al lanzar el programa de gobierno de la coalición, en mayo pasado, convencido de que la importancia que le otorgue a ese ítem le servirá para marcar una línea divisoria con Menem. Ahora, ya como presidente electo, pretende que la lucha contra la corrupción sea un rasgo distinto de su gestión. Según explicó Lopérfido, las tres medidas adelantadas ayer son las primeras de las no menos de diez que se tomarán en el mismo sentido. Los tres anuncios comprenden, básicamente, el control de los fondos de los organismos públicos y de los partidos políticos, el seguimiento de la actividad que realizan las empresas que tienen a su cargo los servicios públicos y las oficinas estatales que ejecutan programas que tengan como objetivo a la población. Las medidas anticipadas fueron la creación de:
* Sistema nacional de transparencia del gasto público: será un sistema de información y rendición de cuentas que comprenderá a todas las oficinas del gobierno nacional, provinciales y municipales, entes descentralizados, partidos políticos y fuerzas de seguridad. El sistema contendrá información que se renovará todos los meses con referencia a la ejecución de presupuestos, compras y contrataciones, nómina de personal y función que cumple, entre otros puntos. Los datos serán de libre acceso a través de Internet o en una red de computadoras que se colocarán en oficinas del gobierno. Además, los resultados se emitirán a través de la televisión y radio estatales.
* Sistema nacional de información básica de los servicios públicos: comprenderá una gran base de datos sobre los servicios públicos que incluirá balances, integración del directorio, inversiones, tarifas, concesión, pliego de licitación, contratos y renegociaciones. También se agregarán las sanciones recibidas por los gestionadores de los servicios públicos además de informes de la Auditoría General de la Nación, de la comisión Bicameral, reclamos de usuarios, calificación de la calidad del servicio y empresas subcontratistas.
* Red de información de la administración pública: incluirá la conexión a una misma red de todas las oficinas estatales que presten algún servicio a la gente. Entre la información que se ofrecerá estarán tipos de programas en ejecución, objetivos, población, beneficiarios, requisitos de acceso al beneficio y organismo prestador. No serán los únicos gestos en la misma dirección que hará De la Rúa antes de ingresar a la Rosada. Incluso en el discurso de asunción que brindará en el Congreso ante la Asamblea Legislativa, el futuro presidente entrará en funciones precisando algunas denuncias --entre otros casos, pondrá especial énfasis en la situación del PAMI, en donde los técnicos aliancistas continúan recolectando datos-- y anunciando la creación de la Oficina Anticorrupción que dependerá del Ministerio de Justicia. El organismo lo integrarán funcionarios especializados en la investigación de delitos de la administración pública y reemplazará a la inocua Oficina Nacional de Etica Pública, que funciona dentro de la Casa de Gobierno. La Oficina Anticorrupción complementará el control que se pondrán en marcha con los sistemas anunciados ayer. La Oficina estará encabezada por una especie de fiscal general --para el cargo suena el nombre del jurista cercano al Frepaso, Rafael Bielsa-- que se encargará de recibir las denuncias de corrupción y las derivará a un cuerpo de fiscales adjuntos que tendrán a su cargo la investigación. Además, el organismo asesorará al Presidente en temas de corrupción.
Por Cledis Candelaresi Una de las iniciativas parlamentarias de la Alianza intentará imponer la obligación de que el Estado publicite no sólo sus decisiones administrativas, sino los procedimientos por los cuales se llega a ella. Si para resolver una compra se hubieran concursado precios, debería darse a conocer un mecanismo para hacer pública esa confrontación de valores. En el caso de las obras contratadas, los funcionarios responsables deberían fundar su elección de un contratista en lugar de otro, todo como un procedimiento obligatorio y de rutina. "Ya se hicieron las privatizaciones, que es un adelanto. Cuando las empresas eran estatales, no había modo de saber cuánto gastaban", comentó a Página/12 el economista Ricardo López Murphy, quien asegura no tener ningún lugar asegurado en el futuro gabinete. Esta iniciativa bien podría complementarse con otra, ya presentada por el vicepresidente electo, Carlos Alvarez. Este proyecto impone al Estado la obligación de divulgar vía Internet todas las decisiones administrativas que aún no están en red. Y quien construyó la base para facilitar ese control es Marcos Makón, asesor de Chacho: cuando fue subsecretario de Presupuesto de Domingo Cavallo instrumentó un sistema unificado de control de las compras públicas, apenas el primer paso para transparentarlas. A criterio del referente económico de la Alianza, una mayor transparencia en la gestión pública permitiría, por ejemplo, mejorar el empleo del dinero del Fonavi. "No hacen falta más recursos para construir viviendas sociales", aseguró Machinea, en relación a la idea enunciada por Nicolás Gallo de lanzar un plan de miles de viviendas económicas. "Hay que mejorar la administración de ese dinero y eliminar la corrupción. No puede ser que el metro cuadrado para construir una escuela cueste 500 pesos en un lugar del país y 1200 en otro". La otra propuesta pro transparencia de la Alianza pone la mira sobre las grandes empresas adjudicatarias de servicios públicos. La idea es disponer la creación por ley de los entes reguladores que se originaron en un decreto --todos, salvo el de electricidad y de gas-- y modificar su dependencia funcional, en base al futuro organigrama del Estado. Esta iniciativa posiblemente avance un poco más, modificando las actuales atribuciones y obligaciones de esos organismos. Los entes podrían modificar sus criterios para juzgar a las prestadoras y ayer Machinea dio una pauta de cómo se modificarían las reglas para "introducir competencia en sectores monopólicos". "Se podrían comparar las tarifas de Aguas Argentinas con las de otras empresas proveedoras de agua del país", ejemplificó ante los empresarios de IDEA. Más allá de la eficacia real de los controles administrativos que pretende instrumentar la Alianza, las normas proyectadas permitirían un golpe de efecto. Fernando de la Rúa probaría que su imagen de administrador austero y pulcro no fue sólo una pose para los avisos comerciales de la campaña electoral.
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Antes de formalizar
anuncios económicos, el gobierno electo intentará probar su voluntad de fortalecer la
transparencia de la administración pública enviando al Congreso dos proyectos de ley. A
través de uno de ellos, la Alianza pretende disponer la publicación de toda la
información referida a las contrataciones que realiza el Estado. El otro, dispondrá la
recreación de los órganos reguladores, que también estarían obligados a publicitar
todas sus resoluciones a través de un mecanismo que resulte idóneo para este objetivo.
La gran incógnita política es hasta dónde llegaría la gestión de Fernando de la Rúa
retrospectivamente. "Lo que haya que revisar se revisará", comentó al pasar
José Luis Machinea durante su exposición en el coloquio de IDEA. Ni él ni ninguno de
sus colaboradores quisieron precisar el alcance de esa eventual revisión.