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Por Adriana Meyer  El juez
federal Jorge Urso fijará después del 10 de diciembre la fecha para indagar al canciller
Guido Di Tella y al diputado justicialista Juan Carlos Olima en la causa sobre la venta
ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Hasta entonces, ambos funcionarios gozan de la
inmunidad de sus respectivos cargos. Por otra parte, Página/12 pudo saber que el
magistrado no enviará a la Corte Suprema el expediente del caso. Así lo resolvió en una
reciente resolución en la que rechazó la pretensión del coronel Edberto González de la
Vega, quien había intentado de ese modo que fuera el Supremo Tribunal el que decidiera el
destino de este proceso. El gobierno también había intentado sacarlo del fuero federal,
aunque sin éxito, a través del defensor general Miguel Angel Romero. La Corte Suprema había recibido una causa paralela a la de Urso, que investiga el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, porque se la envió el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, a pedido del fiscal Roberto Leanza. Mientras los supremos la estudiaban, Romero no perdió tiempo y pidió que todos los expedientes similares también fueran a la Corte. Sin embargo, los altos magistrados no sólo nunca le pidieron la causa a Urso sino que, hace dos meses, le devolvieron a Aguinsky la suya. Antes de salir de licencia, el juez federal Jorge Urso estampó su firma en varias resoluciones. Además de rechazar la posibilidad de desprenderse del expediente en el que están involucrados funcionarios y militares de la gestión que está por concluir, sobreseyó al ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, y al ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, en la causa sobre venta de armas a Libia, rechazó el pedido de prescripción de la causa central formulado por el ex vicecanciller Juan Carlos Olima (ver aparte), quien desde ese cargo integró la comisión interministerial que debía supervisar las compras y ventas de material de guerra y avaló los polémicos decretos presidenciales que posibilitaron la maniobra. El abogado del coronel De la Vega, Juan Enrique Torres Bande, había pedido a fines de setiembre que Urso se aparte de la causa, y exigió la intervención de la Corte. El letrado argumentó que "se investigan hechos y conductas de personas vinculadas con las más altas esferas de decisión de nuestro país y terceros países circunstancialmente vinculados con el nuestro". Torres Bande se refiere a Croacia. Según Urso, "no se indica qué conductas justificarían la remisión a la Corte Suprema de Justicia ni se alude en la presentación a elementos probatorios que se encuentren de algún modo acreditados". El Alto Tribunal interviene cuando están en juego las relaciones internacionales con otros Estados, pero en este caso "ni siquiera se mencionó cuáles serían estos Estados". Haciendo suyas las palabras que usó el fiscal Carlos Stornelli en el dictamen que rechazó la competencia de la Corte, el magistrado señaló que "no hay Estado alguno que a la fecha sea parte en la presente causa". Y agregó --citando jurisprudencia-- que "no alcanza con que uno lo sea para que, sólo por ello, corresponda la intervención del Tribunal Superior de la Nación". En el último párrafo de los considerandos, Urso expresó que "no hay agentes diplomáticos que sean parte en el expediente y las referidas personas de nacionalidad croata no se encuentran imputadas, ni acreditada su participación en los hechos investigados". Urso plasmó de esta manera su posición contraria a desprenderse del caso --que ya había adelantado en 1996 cuando se planteó un problema de competencia resuelto a su favor por la Cámara en lo Penal Económico-- en 1997 y hace un año al unísono con el fiscal Carlos Stornelli, en plena embestida oficial para sacarles la intervención en la causa. Stornelli había solicitado en diciembre pasado la declaración indagatoria de Di Tella por el cargo de ocultamiento de pruebas y por haber puesto en peligro a la Nación y a los intereses de los ciudadanos argentinos en el exterior. La situación del canciller se complicó cuando el ex embajador en Perú, Arturo Ossorio Arana, reconoció que cuatro días antes de producirse los vuelos a Ecuador había avisado al Ministerio de Relaciones Exteriores que "fuentes de Inteligencia peruana tenían información sobre un supuesto desvío de armas argentinas a Ecuador".
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