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 Anteayer, el
abogado del general (R) Humberto Gordon, ex jefe de la CNI (Central Nacional de
Informaciones, ex DINA, policía secreta de la dictadura militar chilena), había
denunciado "la garzonización" de la Justicia en su país. En la noche del
jueves, la detención de los generales Hugo Salas Wensel, otro ex director de la CNI, y de
su segundo, el general Humberto Leiva, parecía darle la razón: desde la detención del
ex dictador Augusto Pinochet, el 16 de octubre del año pasado, se multiplicaron en Chile
los juicios contra los militares represores. Sin embargo, el caso de Gordon, el de Salas
Wensel y aun el que se sigue contra el propio Pinochet en Santiago preceden en mucho a la
detención ordenada por el juez español Baltasar Garzón contra el ex dictador, el 13 de
octubre de 1998. Lo que sí es nuevo es la nula reacción del Ejército chileno ante estas
novedades judiciales.Alojados en el Hospital Militar de Santiago, Salas Wensel y Leiva cerraron una semana de detenciones, que incluyó a 14 militares más de menor rango. Los arrestos fueron ordenados por el juez Milton Juica, quien investiga el secuestro y muerte de doce presuntos integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrido en 1987, y que se conoció como "Operación Albania" o "Matanza de Corpus Christi". El caso de la "Operación Albania" había pasado, poco tiempo después de ocurrido, a la justicia militar. Los tribunales castrenses cerraron el caso sin encontrar pruebas ni culpables. El juez Milton Juica, que ya en 1994 había condenado a los autores del asesinato de tres militantes comunistas en 1985, se hizo cargo hace cinco meses del caso en el marco de la justicia civil. Junto a la noticia de la detención de los presuntos autores de la "Matanza de Corpus Christi", la Corte de Apelaciones de Santiago había confirmado el procesamiento de otro director de la CNI, Humberto Gordon, como cómplice del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, registrado el 25 de febrero de 1982. Gordon está detenido desde el 14 de setiembre pasado por orden del juez Sergio Muñoz. Pero todas estas noticias no generaron reacción alguna ni en el Ejército ni en la derecha. La campaña electoral hacia los comicios presidenciales del 12 de diciembre parece determinante: el candidato derechista Joaquín Lavín está alcanzando al socialista Ricardo Lagos en las encuestas y los partidos pinochetistas no quieren que el clima se altere ni por el caso Pinochet ni por el de los militares implicados en la represión. Todos estos juicios ocurren en el marco de dos corsés impuestos por la dictadura (1973-1990) respecto de la investigación de los crímenes cometidos en esa época: la Ley de Amnistía de 1978 y la jurisdicción de la justicia militar en la mayoría de los casos. La justicia civil, al alegar que hay civiles víctimas de asesinatos cometidos después de ese año, puede investigar algunos crímenes. En ese sentido, la estrella de todos los jueces chilenos es Juan Guzmán, apelado "el Garzón chileno", porque tiene a su cargo las 50 querellas criminales contra el propio Pinochet. La primera querella contra Pinochet había sido presentada por Gladys Marín, secretaria general del Partido Comunista chileno, siete meses antes de la detención del ex dictador en Londres. Marín intentaba que Pinochet fuera procesado antes de que asumiera el cargo de senador vitalicio. Hoy es el propio Guzmán el que está estudiando un pedido de desafuero contra el ahora senador. Pero lo hace en un contexto muy distinto del de la recepción de la primera querella: Pinochet parece tener todos los caminos legales cerrados para volver a Chile. Sin embargo, el pedido de desafuero de Guzmán podría derivar en un pedido de extradición de Chile para juzgar a Pinochet, lo que le permitiría volver a su casa. Sin embargo, esta hipótesis no es avalada por el gobierno chileno, que cree en una "salida humanitaria" por su estado de salud (ver aparte). Y tampoco por el propio Pinochet, que ya se negó esta semana a responder las preguntas por escrito que le envió el juez Guzmán.
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