Por Raúl Kollmann  Quien fuera uno de los
principales escuderos de Aldo Rico, el matón Carlos “El Indio” Castillo, fue
declarado prófugo de la Justicia esta semana, acusado de tenderle una emboscada e
intentar el asesinato del intendente de la localidad correntina de Monte Caseros,
justamente la ciudad en la que Rico inició una de sus rebeliones carapintadas. El
intendente Eduardo Galantini había denunciado que Castillo y otros dirigentes y matones
ligados al Modín de Rico intentan hacer base allí “para traficar armas, drogas y
combustibles al Paraguay”. Pero Castillo, que siempre fue un hombre de confianza de
Rico, al punto que asegura que él mismo transportó el dinero que supuestamente Duhalde
le pagó al carapintada para sumarlo a su reelección, no es original. En la trama de los
hombres que secundan y secundaron al inminente ministro de Seguridad bonaerense siempre
aparece el tráfico de armas y explosivos. Justamente la provisión de fusiles, pistolas y
explosivos es una de las claves en la cuestión de la red de delincuencia que sacude a la
provincia. En la causa AMIA, por ejemplo, ocho carapintadas fueron detenidos, sospechados
de haber aportado explosivos y apoyo logístico para el atentado. La investigación
probó, además, que el grupo ligado al Modín proveía a bandas de piratas del asfalto y
asaltantes de camiones de caudales. El propio Castillo ya estuvo más de dos años preso
en relación con un arsenal encontrado en 1991 a apenas dos cuadras de la quinta
presidencial de Olivos. La pesquisa reveló que los explosivos y el armamento secuestrados
pertenecían en realidad a Rico y al Modín.En el caso de Monte Caseros –investigado
también por la legisladora de la Alianza Graciela Podestá–, un cómplice de
Castillo fue detenido con una pistola 9 milímetros durante el intento de asesinato. El
Indio logró huir en una camioneta 4x4 y el juez que entiende en la causa ordenó su
captura nacional e internacional. Desde Buenos Aires, una fiscal y un comisario pidieron
datos del hecho porque investigan otro asesinato relacionado con la cuestión de Monte
Caseros: el matón Alberto Rodríguez fue acribillado en diciembre pasado en la puerta de
su casa. En la vivienda se encontró un arsenal impresionante.Llamada fatal “Quieren
matarlo”, le dijo una misteriosa mujer por teléfono al intendente
Galantini.–¿Quién habla?–Me llamo Verónica Sánchez, pero quiero dinero a
cambio de la información. Lo llamo desde Buenos Aires. Galantini supo inmediatamente de
qué se trataba. Desde hace meses se viene oponiendo a la operación de compra de un
inmenso terreno recostado sobre el río Paraná. El traspaso intentó hacerse a través de
una testaferro, de nombre Irma Peña, por una cifra ridículamente baja: 60.000 pesos.
Intervinieron en la operación la Unión Ferroviaria y el Sindicato Marítimo, conducido
por Omar “El Caballo” Suárez. Este dirigente consiguió convertirse en
secretario general del gremio tras la toma del edificio, ocurrida en 1989, en el que los
matones entraron armados al grito de “El SOMU es de Rico y Seineldín” y
“Con Rico no se juega”. El Caballo era chofer del anterior secretario general y
desde aquella toma no hay elecciones limpias en el sindicato. Para que no quedaran dudas,
tras la compra trucha del terreno, llegó a Monte Caseros el Indio Castillo para hacer la
toma de posesión. En la oportunidad se presentó como Capitán Solís, el mismo alias que
usó cuando fue represor del Proceso y participó de la llamada Noche de los Lápices. Lo
cierto es que el intendente Galantini viene insistiendo en que el predio está ubicado en
un punto estratégico de la triple frontera (Argentina-Uruguay-Brasil) y públicamente
–a través de los diarios ElLibertador y El Litoral– acusó a los dirigentes
marítimos y carapintadas de tratar de establecer una base operaciones para el tráfico de
armas, drogas y combustibles. Se sabe que una petrolera menemista-carapintada, Cop Petrol,
en la que aparecen como socios Rico y su compañero de conducción del Modín, Emilio
Morello, realizan sospechosas operaciones relacionadas con el Paraguay (ver
aparte).Fingiendo querer comprar la información sobre el plan para matarlo, Galantini
citó a la misteriosa mujer en un paraje ubicado a 30 kilómetros de Monte Caseros. La
supuesta Verónica Sánchez le había dicho que no podía llegar a la ciudad porque tenía
miedo de que la matara El Caballo, oriundo de allí. Lo cierto es que Galantini hizo la
denuncia policial correspondiente y llegó al lugar en el marco de un operativo conducido
por el comisario Guillermo Zaracho y en el que varios efectivos de civil estaban alertas.
En la tormentosa y oscura madrugada nadie bajó del micro que venía de Buenos Aires. Pero
no bien se fue el autobús, apareció súbitamente una 4x4, de la que se bajó un hombre.
Los policías reaccionaron rápido, acercándose y deteniendo al individuo, pero el hombre
de la camioneta Toyota blanca, chapa CUZ 843, al verse cercado, aceleró, pasó entre los
efectivos, y se dio a la fuga. Quien estaba al volante era, justamente, El Indio Castillo.
El detenido tenía encima una pistola 9 milímetros y fue identificado como Alberto
Argentino Gelvez, con domicilio en La Plata, ciudad donde también vive Castillo. Ante el
juez Juan Claudio Queirel, Gelvez reconoció que fue contratado por el discípulo de Rico,
pero obviamente se defendió diciendo que su trabajo no consistía en matar a Galantini
sino en hacerle de chofer al Indio. Nada explicó de la pistola 9 milímetros. Lo concreto
es que, con los reconocimientos y las pruebas en sus manos, el juez Queirel pidió la
captura inmediata de Castillo, quien es desde esta semana prófugo de la Justicia. El
misterioso predio de la ciudad-símbolo de Rico, Monte Caseros, ya apareció en el centro
de la escena por otro homicidio. En la localidad bonaerense de Florida fue asesinado
–le pegaron cinco tiros por la espalda– Alberto Rodríguez, otro matón
originario del Proceso, el Modín y los carapintadas. En la vivienda de Rodríguez se
encontró suficiente trotyl como para volar otra AMIA, nueve armas largas, cuatro
ametralladoras ultramodernas y hasta un impresionante y devastador fusil Kalashnikov
AK-47. La documentación indicaba que Rodríguez había roto con el Caballo Suárez y el
Indio Castillo y se oponía a la operación de compra del predio de Monte Caseros. Así lo
dijo públicamente en un congreso del SOMU, cuatro días antes de morir. El comisario que
investiga ese hecho, Guillermo González, ya se comunicó con su par correntino para que
le mande datos sobre el intento de asesinato de Galantini. Castillo siempre apareció como
posible sospechoso del crimen de Rodríguez. La historia de muertes, sin embargo, no
había empezado allí: en la causa judicial se menciona también el asesinato de una joven
llamada Karina Yerbal. Era la empleada más cercana al Caballo y solía acompañarlo a
Monte Caseros. También la mataron por la espalda, con varios tiros de calibre 22, el arma
usada por los asesinos profesionales.Aquella imagen de duros, pero honestos que siempre
quisieron transmitir los hombres de Rico se derrumba por la fuerza de las evidencias. Lo
que se ve detrás de la fachada son crímenes, matones, tráfico de armas, drogas y
combustibles, desarmaderos de autos robados, relación con bandas de ladrones de camiones
de caudales e incluso fuertes sospechas de robos y negocios turbios realizados para
financiar la actividad política del carapintadismo.Informe: Laura Sottile y Gabriel Zuzek
Claves
* Un tradicional hombre de Rico, Carlos
"El Indio" Castillo, está prófugo de la Justicia. Trató de matar al
intendente de Monte Caseros, la ciudad en que Rico inició una de sus rebeliones
carapintadas.
* El intendente había acusado a un grupo de carapintadas y dirigentes del
sindicato marítimo de querer comprar un predio para "traficar armas, drogas y
combustibles".
* En el caso AMIA ya habían sido detenidos ocho hombres del Modín, vinculados con
la provisión de armas y explosivos. Todo indica que abastecían a bandas de delincuentes.
* Las esposas de Rico y su compañero carapintada y del Modín, Emilio Morello,
aparecen como principales accionistas de una petrolera, Cop Petrol, una empresa más que
oscura.
* Tres funcionarios del riñón de Rico fueron acusados por estar relacionados con
un desarmadero de autos robados en San Miguel.
* Hay balazos, amenazas, muertes extrañas en el entorno del inminente ministro de
Seguridad bonaerense.
Tráfico de Armas y explosivos
Por Laura Vales
En diciembre de 1995, como parte de la investigación del
atentado contra la AMIA, el juez federal Juan José Galeano detuvo a una banda de
traficantes de armas integrada por carapintadas del círculo más cercano a Aldo Rico.
Jorge Pacífico, un comando experto en explosivos, y los también embetunados Juan Carlos
Coppe y Ricardo Villariño, fueron tres de los once civiles y militares detenidos y
procesados por acopio de armas de guerra. La investigación de Galeano también incluyó a
Emilio Morello, por entonces diputado nacional del Modín, y rozó a Ricardo Aleksiejoner,
secretario privado de Rico y firme candidato a acompañarlo en pocos días más al
Ministerio de Seguridad bonaerense. Las pruebas recolectadas entonces no fueron
suficientes para probar la vinculación del grupo con la voladura de la mutual judía,
pero sí para dejar en claro que se dedicaba a la venta ilegal de armas y explosivos. En
sucesivos allanamientos, los investigadores encontraron 100 detonadores, 75 granadas, 60
panes de trotyl, 8 panes de explosivo plástico, mechas y cordones de detonación,
fusiles, municiones, ropa de combate, credenciales falsas de la Corte Suprema y de la
Policía Bonaerense, y 35 mil dólares en efectivo. Un verdadero arsenal con todo lo
necesario para atender al mercado de piratas del asfalto y grupos comando que operan en
territorio bonaerense con la complicidad o protección de la policía provincial.Algunos
de los miembros de la banda eran suboficiales en actividad del Ejército con destino en
Campo de Mayo. Los encargados de la pesquisa explicaron que desde allí podían disimular
los faltantes de armas y explosivos. Buena parte de los investigados habían sido soldados
del Modín de la primera hora. Morello, Coppe y Pacífico, por ejemplo, pertenecieron al
sector del Ejército que participó de los alzamientos. Su amistad con Rico fue paralela a
su militancia carapintada. Tras la creación del Modín, Morello se convirtió en diputado
nacional y secretario general del partido. Y Pacífico, en asesor del entonces concejal
riquista Alejandro Montiel.La causa Armas fue elevada a juicio oral; aunque la
vinculación con el atentado contra la AMIA no esté probada, sobre el tema quedaron
muchas sombras. Pacífico nunca pudo dar una explicación convincente de por qué estaba
muy cerca de la mutual judía el día del atentado, junto a otros integrantes del Modín.
En su requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia
señalaron que los acusados “sacaban las armas de distintas guarniciones militares
para ser colocadas en el sendero de la comercialización ilegal”. Los cargos contra
ellos son robo, comercio clandestino, acopio de armas y explosivos y asociación ilícita.
Entre fierros
Por L.V.
Entre las últimas denuncias que salpicaron a Aldo Rico está
la del desarmadero de autos robados, uno de los clásicos negocios ilegales de la Policía
Bonaerense. Oscar Yanquelevich, un chatarrero de San Miguel, se presentó ante la Justicia
Federal para pedir por su seguridad y acusar a una banda integrada por funcionarios del
intendente y efectivos de la policía provincial.Yanquelevich contó que la Municipalidad
de Rico le alquiló un terreno en Bella Vista y llevó allí más de 500 vehículos
supuestamente robados. Durante todo un año, agregó, los autos fueron desarmados y sus
partes comercializables, retiradas por empleados municipales con rumbo desconocido. La
orden que recibieron los operarios del desarmadero, reveló el chatarrero, era “hacer
desaparecer las patentes y los blocks de los motores”.La denuncia apunta directamente
a tres funcionarios de estrecha ligazón con Aldo Rico. Se trata de Gustavo Salerno, el
jefe de Inspecciones de San Miguel; Jorge Elhaibe, subdirector de la Policía municipal, y
Carlos Dioca, director de Tránsito. Salerno es un carapintada que pasó a retiro luego de
los levantamientos militares y acompañó a Rico a lo largo de toda su carrera política:
fue secretario de Interior del Modín y empleado del bloque de diputados riquista en el
Congreso Nacional hasta que recaló en San Miguel junto a su jefe. Elhaibe es un ex
suboficial que también participó de la rebelión de Semana Santa.El desarmadero estuvo
en actividad durante todo un año y dejó de funcionar, según Yanquelevich, hace apenas
tres meses. En ese lapso, el chatarrero tomó numerosas fotografías que muestran los
movimientos de los municipales dentro de su terreno. El denunciante explicó que en el
pozo ciego del lugar todavía hay “cientos de las patentes que había que hacer
desaparecer”.El de Yanquelevich no es el único caso investigado por la Justicia. Los
concejales de la Alianza denunciaron que Rico tomó para su municipio un préstamo de un
millón de dólares que nadie sabe en qué se gastó. También cuestionan sobreprecios en
las compras y la concesión del tendido de alumbrado eléctrico a precios cuatro veces
más altos que los de mercado. Un capítulo aparte son los episodios de violencia
protagonizados durante la campaña electoral por el ex teniente coronel, que fue acusado
públicamente de agredir a militantes del PJ en las internas. Los batatas que lo
acompañaron en la toma del hospital Larcade, a su vez, hicieron lo propio durante la
última campaña electoral con los que pegaban afiches de la Alianza.
A balazo limpio
Por L.V.
En marzo del año pasado, dos supuestos asaltantes asesinaron
al subsecretario de Seguridad de San Miguel, Bernardo Velázquez, de un balazo en el
cuello. Ocurrió un sábado a las once de la noche, en una parrilla ubicada sobre la ruta
8, frente a Campo de Mayo. Velázquez era sargento retirado del Ejército; desde el área
de Seguridad de la intendencia se encargaba de coordinar tareas con las comisarías de la
zona. Aunque para los investigadores el funcionario fue atacado porque intentó frustrar
un asalto, el episodio pasó a integrar una lista de oscuros hechos de violencia sufridos
por dirigentes políticos del municipio. La muerte de Velázquez se produjo en la misma
semana en que dos desconocidos intentaron subir a la camioneta de Rico y gatillaron dos
veces contra él un arma que no se disparó. Esta vez, todo ocurrió cuando Rico volvía
de firmar la afiliación al PJ que coronó su alianza con Eduardo Duhalde. Esa noche Rico
y su mujer, Noemí Crocco, se dirigían a su casa en su 4 x 4 pathfinder. Al detenerse en
un semáforo, dos sujetos subieron a los estribos por ambos lados del vehículo y uno de
ellos encañonó al intendente con un revólver diciéndole “dame la camioneta”.
El carapintada aceleró y el que le apuntaba, antes de caer, alcanzó a gatillar. En el
mismo momento, el hijo de Rico recibía amenazas y al día siguiente su mujer Noemí
escuchó el siguiente mensaje al levantar el teléfono: “La próxima vez el revólver
no va a fallar”. Los dos actos de violencia precedieron a una seguidilla de
intimidaciones que había apuntado también contra el secretario de Gobierno Oscar
Zilocchi. Otro tanto le pasó a la concejal Stella Prunotto cuando, siendo titular del
cuerpo legislativo de San Miguel por el partido de Rico, decidió pasarse a las filas de
la Alianza. Su hijo Leonardo fueatacado a tiros a pocos metros de un patrullero policial,
como culminación de una ola de amenazas de muerte sufrida por Prunotto y su familia tras
el cruce a la oposición. El Concejo de San Miguel contaba entonces con doce ediles y, a
la hora de desempatar, la mano de Prunotto valía por dos.
La petrolera carapintada
Por L.V
Aldo Rico incursionó en la actividad privada como socio de
la petrolera Cop Petrol, empresa que hoy es investigada por la DGI por una millonaria
maniobra de evasión impositiva que los encargados de la pesquisa sospechan que podría
relacionarse con el robo de naftas, su adulteración y el contrabando. De la mano de
Santiago Cúneo –el mismo que empapeló Buenos Aires con miles y miles de afiches por
la re-reelección de Carlos Menem–, Emilio Morello (ver “Los
traficantes...”) y el ex teniente coronel EnriqueVenturino –uno de los que
encabezaron el levantamiento de Semana Santa–, el intendente carapintada se metió de
lleno en el negocio del combustible. Específicamente, en el de las estaciones de servicio
blancas, aquellas que venden naftas importadas y sin una marca reconocida.La historia de
Cop Petrol es tan oscura como meteórico su crecimiento económico. Fue creada en enero de
1997, y pronto comenzó a adquirir estaciones blancas en el interior del país, aunque
nunca quedó en claro de dónde salían los fondos. Apenas que la empresa se nutría de
extraños créditos venidos del Paraguay. Parte de la actividad de la petrolera es
abastecer de gasolina a terceros, a precios inusualmente bajos para el mercado. En su
pesquisa los hombres de la DGI, que tienen bajo la lupa a un amplio grupo de firmas del
sector de los combustibles, encontraron decenas de facturas falsas y relaciones con
empresas truchas. Apareció entre otras cosas un directivo que en realidad era pintor de
brocha gorda; documentos notariales ilegales, hechos con papel membretado robado y firmas
de escribanos inexistentes. También proveedores que supuestamente funcionan en el
edificio de la embajada de Paraguay y hasta empresas cuyo domicilio era el mismo que la
oficina del ex contador de María Julia Alsogaray o baldíos y villas miseria. Cuando este
diario, en noviembre del año pasado, difundió la existencia de la petrolera carapintada,
Rico anuncio públicamente su “total desvinculación” de Cop Petrol. En
realidad, quien figuraba en los papeles como accionista es su esposa Noemí Crocco, y
hasta ahora los sabuesos de la DGI no tienen constancia de que haya dejado de serlo. De
todas maneras, el dato no es fundamental porque lo que está en cuestión es toda la
actividad de la petrolera desde su fundación, incluido el período en que los Rico
participaron del negocio. |
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