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La coima policial ha vuelto y ahora también afecta a los clientes: en el diagnóstico coinciden prostitutas, travestis y un estudio de la Defensoría porteña. Al hacerse clandestina la actividad, también crecieron las redes de protección.
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Por Cristian Alarcón
ESTUDIO SOBRE CONDICIONES DE VIDA DE LAS
TRAVESTIS Por C.A.
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¿Qué fue de las prostitutas,
las travestis, los clientes y los policías después de aquella batalla por el artículo
71 del Código de Convivencia? A más de ocho meses desde que la Legislatura penalizó la
oferta y la demanda de sexo en las calles, ese negocio no quedó eliminado de la faz
porteña, ni mucho menos. Prostitutas y travestis coinciden en que la policía les ha
vuelto a cobrar para permitirles seguir en las esquinas y denuncian maltratos. En una
entrevista con Página/12 la ombudsman adjunta, Diana Maffía, sostiene: “La coima
policial, el problema por el que se quiso salir de los edictos, ha vuelto con la
aplicación del artículo y ahora afecta a los clientes”. Maffía asegura que, con la
clandestinización de la actividad, “crecieron las redes de protección que van desde
el propietario del bar que cobra 15 pesos a las mujeres que paran allí, al hotel de los
mismos dueños, los abogados y la complicidad policial en los cobros”. Para colmo las
estadísticas aportadas por las fiscalías contravencionales empeoran el panorama: de 18
mil actas de infracción al artículo 71 labradas en las calles, apenas unas 900 llegaron
a procesos judiciales debido a “la inexistencia o la mala calidad de las pruebas
aportadas”. Y como muestra de las distintas suertes que corren clientes y
trabajadoras sexuales, de las 18 mil, sólo 50 han sido hechas a los señores que
continúan demandando sexo. Cuando frente a la Legislatura porteña las travestis
rompieron en pedazos sus DNI como símbolo de la ciudadanía de la que no gozaban –no
las habían dejado entrar al debate del artículo 71–, los vecinos de Palermo con
carteles que decían “Buenos Aires del Santo Travesti” gritaban adentro,
plenamente ciudadanos. El lobby preelectoral ya había convencido a la Alianza de la
“necesidad política” de penalizar y los vecinos imaginaban que sus esquinas
quedarían libres de “escándalos” y transacciones y consideraron ganada la
batalla. Error. Una recorrida por Palermo, Flores y Constitución permite comprobar cuán
relativa resulta la regulación del Estado sobre el uso del espacio público y de los
cuerpos. Prueba que ofrece desde su alarma extrema, la vecina dirigente del antológico
grupo palermista, Lucía Careu: “La situación está peor. Los travestis están
muchos más desnudos y mucho más agresivos. No los podés mirar porque te tiran con lo
que tienen en la mano”, dice. Aunque su diagnóstico no se corresponde con otros,
como el del vecino Eugenio Ramírez. “Disminuyó la cantidad de chicas, están
distribuidas de otra manera y se podría decir que a comparación de lo que fue la zona en
un momento, la situación actual no es molesta. Lo que llama la atención es que la
policía no se ocupa solamente de la oferta, sino que paran muchos autos de
clientes.” Tacones rojos La versión de Ramírez coincide con los relatos de las
travestis de la zona y de las organizaciones de prostitutas. “La gran mayoría de los
canas prefiere no interrumpir tanto cuando estás sola sino que te agarran cuando estás
subiendo a un auto, te aprietan al tipo, te cagan al cliente y los pocos pesos que te ibas
a llevar vos se lo llevan ellos. Claro que, si el tipo abre la billetera y ven cien, le
sacan cien”, cuenta Marlene Guayar y muestra un fajo de papeles oficiales en los que
con caligrafía imposible describieron con detalle: “tapado marrón, tacos altos,
vestido rojo”. O: “pollera corta y top”. O el más enunciativo: “ropas
de mujer”. Entre todas esas actas, más de cincuenta, hay varias de una misma
madrugada. Marlene es de las que no acepta el pago para salvarse y entonces soporta
–estoica unas veces, beligerante otras– el “goteo”, sistema que
corría cuando la policía gozaba de los edictos, y cuyo modelo funcional no es otro que
la tortura china. O sea, que en el imaginario policial, la persistencia en el labrado de
actas a una misma travesti terminaría siendo persuasiva.El fiscal Juan Carlos López
explica a Página/12: “De buena fe o por deformación profesional existía una vieja
idea de trabajar por goteo. Hay travestis a los que les han hecho veinte actas o más,
pero en general no están hechas con pruebas o aparecen los mismos policías declarando
como testigos. Así se trabaja, es una práctica actual resabio de lo que fueron los
edictos. Antes era aberrante, en las últimas épocas el testigo era una broma: aparecían
José San Martín o Manuel Belgrano con domicilio en Balcarce 50”. Bajo la lupa de
Maffía “es clarísimo que el artículo 71 se está aplicando abusivamente como una
manera de conseguir un rédito económico. Por eso hay vecinos que están furiosos,
consiguieron lo que se les advirtió, abrir nuevamente las cajas de pago informal”.
Así lo demuestran una serie de denuncias realizadas en la Defensoría del Pueblo:
“Se ha vuelto a cobrar coima por la protección de la prostitución, tanto
individualmente como a las que tienen un departamento. Es decir que con la penalización
de la prostitución callejera el Estado se ha hecho socio de los proxenetas favoreciendo
la explotación”.Corre, travesti, correSobre Godoy Cruz avanza más allá de la
medianoche un variopinto grupo de militantes de organizaciones de minorías. Reparten
panfletos invitando a la marcha del orgullo y pasan teléfonos para las que tengan
problemas con la policía. “¡Travesti!”, le grita a una que bordea el cordón
de Paraguay, Nadia Echazú, dirigente de Ottra. La rubia, que con tres amigas se alejaba
desconfiando de las sombras, vuelve sobre sus pasos. Saluda con un beso a cada uno y
después de cortesías cuenta que desde el comienzo de la aplicación del artículo 71 la
llevaron diez veces detenidas. “Pero más son las veces que te cobran –agrega su
amiga Noelia–. Le damos lo que podemos. A veces 20 pesos. Porque hay noches que
trabajamos y otras que no.” A media cuadra se alcanza a ver el destello de un móvil
policial y una grita: “¡La yuta!”. Se cruzan medias miradas y van hacia la otra
esquina pisando sólo con las plantas de los pies, corriendo con destreza sobre tacos de
20 centímetros. O sacándoselos cuando el policía se ha acercado tanto que, si no se
toma ventaja perdiendo la compostura del montaje, se pierde. En las calles de Flores, la
práctica es la misma. Pagar o correr. “Tenemos constancia de muchas mujeres que
tienen infinidad de actas por la actitud persecutoria de la policía, pero también hay
una gran cantidad con vía libre para trabajar porque ya se han vuelto a acostumbrar al
pago, que es de 15 pesos en adelante”, sostiene Elena Reynaga, la presidenta de la
Asociación de Meretrices Argentinas, Amar. La abogada de la Asociación que funciona en
la CTA, Diana Gondra, critica el mecanismo de obtención de pruebas de la policía.
“Se hace con el criterio del edicto de la ‘portación de cara’, por eso
casi nunca pueden llevar a las chicas a juicio.” El fiscal López habla de la
“inexistencia o mala calidad de las pruebas”, que tiene su correlato en las
estadísticas. De un total de 18.900 actas que han llegado a las fiscalías desde marzo
“en el 60 por ciento, el renglón donde se debe especificar la prueba está en
blanco. En un 30 por ciento es una foto. Y en un diez por ciento, una filmación. Es muy
poco el margen para llevar a juicio: de unas 1800, la mitad. Y del total, solamente 50 a
señores que demandan sexo”. Gondra agrega, sin conocer las cifras oficiales, que el
detalle de la aplicación está en una frase mágica, que se le dice al cliente como un
ábrete sésamo de billeteras: “Te va a llegar una citación a tu casa”. La
coima a los clientes “resulta más fácil por la peores razones -señala la ombudsman
Maffía–. El hombre paga porque le resulta vergonzante. Por otra parte es frecuente
que a la prostituta o travesti se les diga ‘a vos te dejamos trabajar, pero
callate’”. Las travestis usan sus mecanismos de resistencia: intentan
“avivar a los clientes” para que no se dejen coimear, o entreguen la menor
cantidad de dinero. “Si el cliente es vivo y el botón es un rata, entonces le da
cinco pesos y lo arreglan igual –dice Nadia Echazú–. Pero así sea cinco o
cien, el tema es que la policía como siempre está detrás de la coima, otra vez no hay
ni moral ni vocación de servicio.” Desde la fiscalía general no se ignora la
situación: “Tenemos registrada esa coima en el olfato. El cohecho es complicado,
porque el mismo travesti se niega a aportar pruebas. Por razones lógicas escuchamos esas
denuncias, pero no podemos actuar porque no lo dicen bajo juramento para poder seguir
trabajando. Obviamente los hombres tampoco hablan, entonces esa coima es
imperseguible”.