COMISARIOS QUE PAGAN POR VACANTES EN LOS PENALES Un mercado negro de presos
Ante la
superpoblación carcelaria, hay comisarios bonaerenses que pagan, con dinero recaudado
ilegalmente, entre 500 y 2000 pesos por cada lugar que obtienen en los penales para
sacarse de encima detenidos difíciles.
Por R. K.
La fuga de presos de la comisaría de
Temperley –que dejó a un hombre muerto y a otro gravemente herido– es un
subproducto del siniestro mercado negro del preso que existe en la Provincia de Buenos
Aires. Lo que sucede es difícil de creer: los comisarios no quieren tener detenidos
conflictivos en sus dependencias, pero como no hay lugar en las cárceles, pagan entre 500
y 2000 pesos por vacantes en los penales. Ese dinero sale de la recaudación ilegal y una
parte se la queda el jefe de cada Unidad Regional de la Bonaerense, que es quien gestiona
y realiza el traslado a la cárcel, y hombres del Servicio Penitenciario, que son los que
consiguen la vacante en la cárcel. Al mismo tiempo, los detenidos en las comisarías
también son parte de otro negocio, porque se hace desaparecer el dinero que el Estado
destina a la comida de los presos. En los tribunales de San Martín existe una megacausa
en la que están imputados 39 comisarios de la Bonaerense, justamente porque se quedaron
con la plata de los alimentos. Uno de esos comisarios declaró ante la Justicia que el
dinero se lo apropiaba directamente la jefatura de La Plata. Un comisario retirado, un
oficial en actividad y un especialista en seguridad le confirmaron a este diario que la
práctica de vender los cupos en las cárceles se convirtió en habitual desde hace varios
años. Es más, como un gesto de buena voluntad hacia el ex ministro de Justicia, Osvaldo
Lorenzo, hombres del Servicio Penitenciario le ofrecieron cuando asumió –en plena
euforia de los hombres ligados a la Maldita Policía– 800 cupos en distintos penales
para descomprimir la conflictiva situación en las seccionales. El jefe de cada comisaría
no se quiere sacar de encima a cualquier preso sino únicamente a los llamados patovicas o
cuchillos largos, los delincuentes de máxima peligrosidad, habituados a vivir en la
cárcel y conflictivos al extremo. Por ejemplo, le tiran agua caliente a los custodios, se
pelean con los otros detenidos, gritan todo el día y toda la noche, amenazan a los
policías, tienen problemas con las drogas o son portadores de VIH.La situación con los
patovicas –los que tienen “chapa” de matones– se torna insoportable,
especialmente los fines de semana, cuando no hay personal suficiente para custodiarlos.
Esto es lo que explica la feroz fuga de Temperley, ocurrida el domingo a la noche. Sucede
que los suboficiales que revistan en las comisarías no están preparados para custodiar
presos peligrosos y ni siquiera tienen elementos para hacerlo. Por ejemplo, no hay un
detector de metales para ver si dentro de un pan o una tarta que traen los familiares se
está colando un cuchillo o una droga euforizante. También carecen de entrenamiento para
manejar una situación conflictiva, al punto que en el caso de Temperley dos efectivos
entraron al lugar donde estaban los presos, algo fuertemente contraindicado. –El
comisario necesita sacarse de encima al preso pesado, por eso paga – uenta el oficial
en actividad. –¿De dónde sale el dinero?–Son gastos de la comisaría, 1000 o
2000 pesos que provienen de la recaudación por los arreglos con distinto tipo de delitos
o contravenciones. –¿Cómo se consigue el cupo en la cárcel?–La gestión la
hace el jefe regional. Ahí se queda un porcentaje del dinero. La mayor parte va para los
hombres del Servicio Penitenciario. Se imagina que esto lleva a que en el penal metan al
preso como sea, aunque no haya lugar.Paralelamente, los comisarios no tienen mayores
problemas en dejar en las seccionales a los detenidos más tranquilos. En buena parte de
las comisarías hay negocios: un encuentro con la esposa tiene un precio, entrar una
botella de alcohol, otro, y por supuesto hay tarifa para la droga, las pastillas y casi
cualquier otra cosa.En los tribunales de San Martín sigue abierta una causa que involucra
a todos los jefes de comisaría de la zona. Por primera vez, se allanó la Unidad Regional
y se secuestraron talonarios de facturas falsas y sellos truchos. Esos elementos se
utilizaban para falsificar compras de comida, es decir simular que se adquirían alimentos
que se le daban a los presos de las comisarías. Los negocios en los que supuestamente se
hacían las compras eran, por supuesto, inexistentes. La práctica, extendida a toda la
Provincia de Buenos Aires, sumaba alrededor de dos millones de pesos, que se quedaban en
los bolsillos de los jefes. Uno de los comisarios que declaró en la causa sostuvo que el
dinero de la comida para los detenidos en comisarías nunca llegó a sus manos: una parte
se la quedaba el jefe regional y la otra directamente se la apropiaban en la jefatura de
La Plata. La causa todavía sigue abierta, aunque han hecho todas las chicanas del mundo
para conseguir su nulidad. Héctor Lufrano, el secretario de Seguridad del ex ministro
Lorenzo, fue el abogado en ese expediente del comisario José Campos, uno de los
principales imputados. Sólo los negocios que rodean a los presos que están en las
comisarías y la increíble superpoblación existente en las cárceles, puede explicar que
cuatro hombres de gran peligrosidad hayan escapado de la seccional Temperley de la
Bonaerense. La historia de los rehenes y la muerte del contador vino después.
LA SUPERPOBLACION DE CARCELES Y COMISARIAS “Un pesado los da vuelta y medio”
Por Mariana Carbajal
Las
comisarías bonaerenses son un cóctel explosivo. Como las cárceles provinciales tienen
una superpoblación en torno del 20 por ciento, las seccionales se han convertido en una
virtual extensión del Servicio Penitenciario. Actualmente alojan a 3380 reclusos, y entre
ellos hay presos “pesados”. “Las comisarías no cuentan con infraestructura
ni personal adecuado para garantizar máxima seguridad y es fácil que se armen motines.
La función del policía no es custodiar detenidos. Un tipo pesado a un cabo lo da vuelta
y media. Hoy a las seccionales las toman a las cachetadas”, describió la caótica
situación un fiscal del conurbano. El cuadro quedó al desnudo una semana atrás, con la
fuga de cuatro reclusos de una comisaría de Temperley. La revuelta en la seccional 8ª
estuvo encabezada por Pablo Daniel González Porta, de 29 años, considerado por la
policía como un “pesado peligrosísimo”. “Es que no hay lugar donde meter
más presos”, afirmó un fiscal de Lomas de Zamora. Aunque se construyeron 11
cárceles nuevas durante la gestión de Duhalde, el Servicio Penitenciario Provincial
sigue saturado. “Tenemos una superpoblación de entre 15 y 18 por ciento”,
informó a Página/12 el jefe del organismo, Esteban Mazante. El número de reclusos
asciende a 13.700. La cifra revela un crecimiento de la población carcelaria de más del
50 por ciento en apenas cinco años: en 1994 los presos no superaban los 9000. “En
ese momento, la superpoblación era del 45 al 50 por ciento”, diferenció Mazante.
Hoy el hacinamiento se concentra en dos penales: el de Olmos, que con 2800 internos, tiene
una sobrepoblación de 600 presos; y el de Mercedes, que tiene una capacidad de 700 y
alberga casi a un millar, según precisó Mazante. Ambos alojan a procesados. “Según
el nuevo sistema procesal, no debe haber detenidos en comisarías”, señaló la
secretaria de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo. La realidad es otra.
“Como no hay cupo en el Servicio Penitenciario, hay presos que, incluso, cumplen sus
condenas en las comisarías”, observó un fiscal de San Martín. En las celdas de las
seccionales se mezclan acusados de homicidio con simples rateros. Las garantías de
detención no se respetan. El traslado a una unidad carcelaria debe ordenarlo el juez de
Garantías. “Pero los traslados a veces demoran cuatro meses o más”, agregó un
fiscal de San Isidro. Desde el punto de vista edilicio, las seccionales no están
preparadas para convertirse en penales. “En general, las comisarías suelen ser
casascompradas y no edificios especialmente construidos con ese fin. Muchas veces, los
calabozos limitan con el exterior y sus paredes son fáciles de vulnerar con un boquete.
Además, los policías no están preparados –y tampoco es su función– para
custodiar detenidos”, indicó otro fiscal del conurbano. Uno de los mayores problemas
ocurre cuando comienza un juicio oral contra delincuentes “pesados”. Para esa
altura, es habitual que estén detenidos en algún penal de máxima seguridad. Pero, como
la mayoría de las departamentales del conurbano no cuentan con alcaidías, los acusados
también terminan alojados durante el juicio en seccionales, con el riesgo que ello
implica. “Acostumbrados a pelearse con otros presos y con los guardias del Servicio
Penitenciario, cuando llegan a una comisaría al cabo de la custodia le dan vuelta y
media”, graficó un fiscal de Lomas de Zamora.
La fuga de presos de la comisaría de
Temperley –que dejó a un hombre muerto y a otro gravemente herido– es un
subproducto del siniestro mercado negro del preso que existe en la Provincia de Buenos
Aires. Lo que sucede es difícil de creer: los comisarios no quieren tener detenidos
conflictivos en sus dependencias, pero como no hay lugar en las cárceles, pagan entre 500
y 2000 pesos por vacantes en los penales. Ese dinero sale de la recaudación ilegal y una
parte se la queda el jefe de cada Unidad Regional de la Bonaerense, que es quien gestiona
y realiza el traslado a la cárcel, y hombres del Servicio Penitenciario, que son los que
consiguen la vacante en la cárcel. Al mismo tiempo, los detenidos en las comisarías
también son parte de otro negocio, porque se hace desaparecer el dinero que el Estado
destina a la comida de los presos. En los tribunales de San Martín existe una megacausa
en la que están imputados 39 comisarios de la Bonaerense, justamente porque se quedaron
con la plata de los alimentos. Uno de esos comisarios declaró ante la Justicia que el
dinero se lo apropiaba directamente la jefatura de La Plata. Un comisario retirado, un
oficial en actividad y un especialista en seguridad le confirmaron a este diario que la
práctica de vender los cupos en las cárceles se convirtió en habitual desde hace varios
años. Es más, como un gesto de buena voluntad hacia el ex ministro de Justicia, Osvaldo
Lorenzo, hombres del Servicio Penitenciario le ofrecieron cuando asumió –en plena
euforia de los hombres ligados a la Maldita Policía– 800 cupos en distintos penales
para descomprimir la conflictiva situación en las seccionales. El jefe de cada comisaría
no se quiere sacar de encima a cualquier preso sino únicamente a los llamados patovicas o
cuchillos largos, los delincuentes de máxima peligrosidad, habituados a vivir en la
cárcel y conflictivos al extremo. Por ejemplo, le tiran agua caliente a los custodios, se
pelean con los otros detenidos, gritan todo el día y toda la noche, amenazan a los
policías, tienen problemas con las drogas o son portadores de VIH.La situación con los
patovicas –los que tienen “chapa” de matones– se torna insoportable,
especialmente los fines de semana, cuando no hay personal suficiente para custodiarlos.
Esto es lo que explica la feroz fuga de Temperley, ocurrida el domingo a la noche. Sucede
que los suboficiales que revistan en las comisarías no están preparados para custodiar
presos peligrosos y ni siquiera tienen elementos para hacerlo. Por ejemplo, no hay un
detector de metales para ver si dentro de un pan o una tarta que traen los familiares se
está colando un cuchillo o una droga euforizante. También carecen de entrenamiento para
manejar una situación conflictiva, al punto que en el caso de Temperley dos efectivos
entraron al lugar donde estaban los presos, algo fuertemente contraindicado. –El
comisario necesita sacarse de encima al preso pesado, por eso paga – uenta el oficial
en actividad. –¿De dónde sale el dinero?–Son gastos de la comisaría, 1000 o
2000 pesos que provienen de la recaudación por los arreglos con distinto tipo de delitos
o contravenciones. –¿Cómo se consigue el cupo en la cárcel?–La gestión la
hace el jefe regional. Ahí se queda un porcentaje del dinero. La mayor parte va para los
hombres del Servicio Penitenciario. Se imagina que esto lleva a que en el penal metan al
preso como sea, aunque no haya lugar.Paralelamente, los comisarios no tienen mayores
problemas en dejar en las seccionales a los detenidos más tranquilos. En buena parte de
las comisarías hay negocios: un encuentro con la esposa tiene un precio, entrar una
botella de alcohol, otro, y por supuesto hay tarifa para la droga, las pastillas y casi
cualquier otra cosa.En los tribunales de San Martín sigue abierta una causa que involucra
a todos los jefes de comisaría de la zona. Por primera vez, se allanó la Unidad Regional
y se secuestraron talonarios de facturas falsas y sellos truchos. Esos elementos se
utilizaban para falsificar compras de comida, es decir simular que se adquirían alimentos
que se le daban a los presos de las comisarías. Los negocios en los que supuestamente se
hacían las compras eran, por supuesto, inexistentes. La práctica, extendida a toda la
Provincia de Buenos Aires, sumaba alrededor de dos millones de pesos, que se quedaban en
los bolsillos de los jefes. Uno de los comisarios que declaró en la causa sostuvo que el
dinero de la comida para los detenidos en comisarías nunca llegó a sus manos: una parte
se la quedaba el jefe regional y la otra directamente se la apropiaban en la jefatura de
La Plata. La causa todavía sigue abierta, aunque han hecho todas las chicanas del mundo
para conseguir su nulidad. Héctor Lufrano, el secretario de Seguridad del ex ministro
Lorenzo, fue el abogado en ese expediente del comisario José Campos, uno de los
principales imputados. Sólo los negocios que rodean a los presos que están en las
comisarías y la increíble superpoblación existente en las cárceles, puede explicar que
cuatro hombres de gran peligrosidad hayan escapado de la seccional Temperley de la
Bonaerense. La historia de los rehenes y la muerte del contador vino después.