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Por Mónica Gutiérrez Desde Córdoba ![]() Ahora está imputado de asociación ilícita y falsificación de documentos, a disposición del mismo juzgado que investigó las tareas ilegales de inteligencia. La fiscalía, en tanto, trabaja en la reconstrucción de la causa que la Cámara Federal tiró abajo con su resolución de nulidad.
Tras comprobar que numerosas empresas compraban estas facturas falsas para justificar ante la Afip gastos y compras inexistentes y así evadir impuestos y que la maniobra estaba montada desde una sociedad de hecho bajo el nombre Search, el juzgado imputó los delitos de falsificación de documento privado en casi 900 hechos y asociación ilícita. Ordenó entonces la detención de todos los "socios" de Search: Hugo Villada, Héctor Falfán, Sergio Caliciotti -aún prófugo-- y Membrives. Curiosamente, Search SH está inscripta en Córdoba como una empresa que presta servicios de seguridad privada, entre otros, y tiene domicilio en pleno centro de la ciudad. Pero Membrives tiene un pasado más negro que su relación con negocios ilícitos: perteneció en los años 70 a la banda de Aníbal Gordon, tuvo una activa participación en el campo de tortura La Perla, en Córdoba, y también en la Penitenciaría de barrio San Martín, cuando funcionó como centro clandestino. El ex suboficial habría ayudado inclusive a Gordon a huir de Córdoba a principios de los 80. Además, Membrives tiene iniciado un proceso en el juzgado federal Nº 5 de Capital Federal, a cargo de Norberto Oyarbide, acusado de "encubrimiento de la Triple A". La causa se abrió en 1983 y fue archivada sin resolución alguna. Este diario pudo conocer que, en su declaración indagatoria por la causa de la Afip, Membrives admitió su profesión militar y señaló como "antecedentes penales" haber estado procesado en aquella causa. Sin embargo, trascendió que el juzgado no estaría al tanto de la actividad ilegal de inteligencia que desarrollaría Membrives. Como militar retirado siguió fiel a su entorno de siempre, trabajando
al mando del "comodoro De la familia Guillamondegui, de reconocida huella en la Aeronáutica, el comodoro es hoy directivo de la Obra Social de la Fuerza Aérea (OSFA), delegación Córdoba. Y para Membrives es todavía su jefe. Si bien el juzgado que investigó el espionaje tiene prácticamente identificados a todos los agentes que trabajaban bajo códigos en las tareas de inteligencia, el nombre de Membrives no habría aparecido en esa lista todavía. Algunos espías no firmaban los partes y no todos remitían información escrita a la cúpula de inteligencia; por eso no será extraño que la estructura se amplíe si la investigación judicial continúa. En este grupo se hallaría Membrives, que no siguió puntualmente el tema judicial de derechos humanos, sino que se habría ocupado de seguir de cerca a otros estamentos de la sociedad cordobesa y que formaría parte de una célula de inteligencia que trabaja por encargo. Por su parte, y después de que la Cámara Federal cordobesa decretara la nulidad de los procesamientos a militares y civiles por violación a la Ley de Defensa Nacional, la fiscal López de Filoñuk pidió la semana pasada una serie de medidas que el juzgado ya cumplimentó, con el fin de reconstruir la acusación. Bajo un estricto hermetismo, se desconoce si las nuevas acciones procesales alcanzarán a la totalidad de los personajes, que encabezaba el mismísimo Jorge Miná, jefe de inteligencia del Ejército. Con casi todo en contra, la fiscalía se encuentra en la difícil situación de tener que trabajar sobre la ficción jurídica de que no sabe nada de toda esta historia. De ser de otra manera, los abogados podrían recurrir nuevamente su accionar, ya anulado anteriormente por la Cámara Federal. Los aviadores reconocieron haber espiado a un grupo de periodistas
Por Adriana Meyer El comodoro López es alto, delgado y canoso. El 28 de octubre cuando se presentó en los tribunales federales vestía zapatillas, saco y corbata. Ante el juez federal Gabriel Cavallo y el fiscal federal Miguel Angel Osorio --que dirige la investigación-- trató de justificar su iniciativa. "Apreciaba como muy distante la realidad de la actividad aérea en función de las publicaciones que se emitían y ésa fue la inquietud que tuve al manifestarme con el jefe II de Inteligencia", explicó. Una de las pruebas más importantes que hay en el expediente es una carpeta secuestrada durante el allanamiento al Edificio Cóndor que contiene planillas de registro de distintas Ordenes de Pedido de Información (OPI). Entre ellas se halla inscripta la 057/97 en la que se puede leer "antecedentes periodistas". El destino de esa OPI era la Regional de Inteligencia de Capital Federal, la fecha era el 9 de setiembre de 1997 y se había originado en el Departamento III de Inteligencia. Y es la misma que publicó este diario.
Esa OPI emitida por Inteligencia de la Fuerza Aérea ordenaba investigar los datos filiatorios y demás antecedentes de nueve periodistas de diarios nacionales, entre ellos Sergio Moreno y Carlos Rodríguez de Página/12. Todos habían escrito artículos referidos a la privatización de los aeropuertos y a la seguridad aeroportuaria. En su indagatoria, López intentó aclarar que los "antecedentes" siempre se habían limitado a recortes de artículos de "explotación" de prensa.
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