UN AGENTE QUE HIZO INTELIGENCIA EN CORDOBA ESTA PRESO
Joyita del requetecontraespionaje

Se llama Carlos Antonio Membrives. Es un militar retirado que fue procesado por encubrimiento de la Triple A y que desde hace dos meses pasa sus días en la cárcel de encausados de la ciudad mediterránea junto a varios socios con los que realizaba supuestos negocios de estafa a la Afip.

Ahora está imputado de asociación ilícita y falsificación de documentos, a disposición del mismo juzgado que investigó las tareas ilegales de inteligencia. La fiscalía, en tanto, trabaja en la reconstrucción de la causa que la Cámara Federal tiró abajo con su resolución de nulidad.

Membrives tiene 53 años y era suboficial de Aeronáutica hasta que se retiró, en diciembre del año pasado. Hace menos de dos meses el juzgado federal Nº 3 ordenó su detención, junto a la de varios socios con los que realizaba supuestos negocios de estafa a la Afip (ex DGI), y desde entonces está alojado en la cárcel de encausados de la ciudad de Córdoba. La Justicia investigaba a una organización que falsificaba documentación de empresas inexistentes y las vendía a comerciantes y empresarios que a su vez las utilizaban para evadir el pago de impuestos.

Tras comprobar que numerosas empresas compraban estas facturas falsas para justificar ante la Afip gastos y compras inexistentes y así evadir impuestos y que la maniobra estaba montada desde una sociedad de hecho bajo el nombre Search, el juzgado imputó los delitos de falsificación de documento privado en casi 900 hechos y asociación ilícita. Ordenó entonces la detención de todos los "socios" de Search: Hugo Villada, Héctor Falfán, Sergio Caliciotti -–aún prófugo-- y Membrives.

Curiosamente, Search SH está inscripta en Córdoba como una empresa que presta servicios de seguridad privada, entre otros, y tiene domicilio en pleno centro de la ciudad.

Pero Membrives tiene un pasado más negro que su relación con negocios ilícitos: perteneció en los años 70 a la banda de Aníbal Gordon, tuvo una activa participación en el campo de tortura La Perla, en Córdoba, y también en la Penitenciaría de barrio San Martín, cuando funcionó como centro clandestino. El ex suboficial habría ayudado inclusive a Gordon a huir de Córdoba a principios de los 80.

Además, Membrives tiene iniciado un proceso en el juzgado federal Nº 5 de Capital Federal, a cargo de Norberto Oyarbide, acusado de "encubrimiento de la Triple A". La causa se abrió en 1983 y fue archivada sin resolución alguna. Este diario pudo conocer que, en su declaración indagatoria por la causa de la Afip, Membrives admitió su profesión militar y señaló como "antecedentes penales" haber estado procesado en aquella causa. Sin embargo, trascendió que el juzgado no estaría al tanto de la actividad ilegal de inteligencia que desarrollaría Membrives.

Como militar retirado siguió fiel a su entorno de siempre, trabajando al mando del "comodoro Guillamondegui". Que es ni más ni menos que familiar directo de Abel José Guillamondegui, titular de la Central de Reunión de Información del Tercer Cuerpo de Ejército (CRI), quien fuera separado de ese cargo después de descubrirse que dirigía un grupo de inteligencia para espiar a las funcionarias judiciales en su trabajo de investigación en las causas de violación a los derechos humanos durante la dictadura militar, la jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk.

De la familia Guillamondegui, de reconocida huella en la Aeronáutica, el comodoro es hoy directivo de la Obra Social de la Fuerza Aérea (OSFA), delegación Córdoba. Y para Membrives es todavía su jefe.

Si bien el juzgado que investigó el espionaje tiene prácticamente identificados a todos los agentes que trabajaban bajo códigos en las tareas de inteligencia, el nombre de Membrives no habría aparecido en esa lista todavía.

Algunos espías no firmaban los partes y no todos remitían información escrita a la cúpula de inteligencia; por eso no será extraño que la estructura se amplíe si la investigación judicial continúa. En este grupo se hallaría Membrives, que no siguió puntualmente el tema judicial de derechos humanos, sino que se habría ocupado de seguir de cerca a otros estamentos de la sociedad cordobesa y que formaría parte de una célula de inteligencia que trabaja por encargo.

Por su parte, y después de que la Cámara Federal cordobesa decretara la nulidad de los procesamientos a militares y civiles por violación a la Ley de Defensa Nacional, la fiscal López de Filoñuk pidió la semana pasada una serie de medidas que el juzgado ya cumplimentó, con el fin de reconstruir la acusación. Bajo un estricto hermetismo, se desconoce si las nuevas acciones procesales alcanzarán a la totalidad de los personajes, que encabezaba el mismísimo Jorge Miná, jefe de inteligencia del Ejército. Con casi todo en contra, la fiscalía se encuentra en la difícil situación de tener que trabajar sobre la ficción jurídica de que no sabe nada de toda esta historia. De ser de otra manera, los abogados podrían recurrir nuevamente su accionar, ya anulado anteriormente por la Cámara Federal.

Los aviadores reconocieron haber espiado a un grupo de periodistas

Por Adriana Meyer
Los aviadores espías reconocieron que realizaron tareas de seguimiento de periodistas durante sus declaraciones indagatorias ante la Justicia. El ex jefe del Departamento III de Inteligencia de la Fuerza Aérea, comodoro Jorge Alberto López, admitió que quería conocer la idoneidad de quienes escribían sobre temas aeronáuticos porque estaba preocupado por una supuesta campaña mediática de "acción directa para desprestigiar" a la fuerza. Y argumentó que eso "generaba incertidumbre en los operadores de tierra, las tripulaciones en vuelo y en los mismos pasajeros que volaban asustados". Esta causa comenzó tras la revelación de los detalles del caso que hizo Página/12 el año pasado.

El comodoro López es alto, delgado y canoso. El 28 de octubre cuando se presentó en los tribunales federales vestía zapatillas, saco y corbata. Ante el juez federal Gabriel Cavallo y el fiscal federal Miguel Angel Osorio --que dirige la investigación-- trató de justificar su iniciativa. "Apreciaba como muy distante la realidad de la actividad aérea en función de las publicaciones que se emitían y ésa fue la inquietud que tuve al manifestarme con el jefe II de Inteligencia", explicó.

Una de las pruebas más importantes que hay en el expediente es una carpeta secuestrada durante el allanamiento al Edificio Cóndor que contiene planillas de registro de distintas Ordenes de Pedido de Información (OPI). Entre ellas se halla inscripta la 057/97 en la que se puede leer "antecedentes periodistas". El destino de esa OPI era la Regional de Inteligencia de Capital Federal, la fecha era el 9 de setiembre de 1997 y se había originado en el Departamento III de Inteligencia. Y es la misma que publicó este diario.

Cuando los funcionarios judiciales le mostraron a López una fotocopia de la OPI en cuestión, el comodoro dijo que no podía precisar si era la misma que había ordenado confeccionar. "Pero sí dispuse que el agente Cid me pasara en limpio una nómina de columnistas y periodistas de determinados medios", explicó. Luego relató que fue a ver al jefe II de Inteligencia, brigadier Agustín Vanden Pahuysen que también está imputado, pero no tuvo suerte porque su superior no aprobó la iniciativa. Y más adelante admitió que el contenido del facsímil publicado por Página/12 en noviembre del año pasado "sería similar" a lo que él había pergeñado, aunque no lo puede asegurar. El comodoro insistió en que el documento "nunca existió".

Esa OPI emitida por Inteligencia de la Fuerza Aérea ordenaba investigar los datos filiatorios y demás antecedentes de nueve periodistas de diarios nacionales, entre ellos Sergio Moreno y Carlos Rodríguez de Página/12. Todos habían escrito artículos referidos a la privatización de los aeropuertos y a la seguridad aeroportuaria. En su indagatoria, López intentó aclarar que los "antecedentes" siempre se habían limitado a recortes de artículos de "explotación" de prensa.

También declararon el capitán Jesús Guasti y el agente civil Gustavo Cid, quienes trataron de despegarse del caso. Guasti manifestó ser el jefe de la división "contraespionaje y contrasabotaje" y se quejó del sumario interno que realizó la Fuerza Aérea, por lo cual el fiscal podría solicitar un careo con el brigadier Francisco Serrat que se encargó de esa investigación administrativa. Por su parte, Cid declaró que su participación en los hechos se limitó a pasar en limpio el borrador que le había entregado López. Los otros imputados, Panhuysen y el vicecomodoro Salvador Ozán, jefe de la Regional Inteligencia de Capital, serán indagados en los próximos días.

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