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Alertado por la crítica situación del sistema
jubilatorio, el equipo de Machinea tiene un plan: forzar una baja de las comisiones y
permitir a los afiliados retornar al régimen estatal. Las administradoras presionan. |
Por David Cufré  La Alianza
prepara una nueva reforma para el sistema jubilatorio, ante el alarmante cuadro de
situación que queda planteado al término del gobierno menemista. El 52 por ciento de los
afiliados a las AFJP y el 48 por ciento de los inscriptos en el régimen de reparto evaden
actualmente sus aportes. Y se calcula que, en el término de diez años, el 35 por ciento
de las personas en edad de jubilarse no podrá hacerlo, frente al 7 por ciento actual. Los
técnicos de la coalición que estudian las medidas para elevar a Fernando de la Rúa
advierten que si se deja crecer la bola de nieve, en poco tiempo la Argentina afrontará
un problema social gravísimo. La idea más fuerte que se debate en la Alianza es permitir
a los clientes de las AFJP optar nuevamente por el sistema estatal, posibilidad que hoy
tienen vedada por ley. Un proyecto de ley en esa dirección, que diputados de la
coalición presentaron el año pasado, generó la reprobación de las compañías, que
verían afectado el corazón de su negocio millonario.La reforma previsional que discute el próximo gobierno se sostiene en cuatro ejes: * Incentivar la competencia entre las AFJP y entre éstas con el sistema de reparto, para lograr una baja de las comisiones. * Emitir un título público (Bocon 3) para documentar la deuda con 90 mil jubilados que ganaron juicios al Estado. * Eliminar el tope de 4800 pesos para la aplicación de los descuentos previsionales. * Crear una estructura dentro de la Secretaría de Seguridad Social para fiscalizar el pago de los aportes jubilatorios, tarea de la que hoy se encarga la DGI y en la que ha fracasado rotundamente. Los accionistas mayoritarios de las AFJP son bancos de primera línea, compañías de seguros, inversores extranjeros y grupos económicos locales. Ese cóctel da lugar a un poder de lobby formidable. Al conocer que el próximo gobierno estudia mecanismos para afianzar el sistema previsional mixto, esa maquinaria comenzó a movilizarse. Hubo llamados a los técnicos de la Alianza que elaboran las medidas para anticipar su rechazo a la chance de que se abran las puertas del corral y se permita a sus afiliados retornar al régimen de reparto. Desde la embajada española también se interesaron en el tema, en virtud de que los dos bancos más poderosos de esa nacionalidad, los fusionados Santander-Central Hispano y Bilbao Vizcaya-Argentinaria, tienen fuertes participaciones accionarias en las AFJP Orígenes, Consolidar y Siembra. De acuerdo con la estimación del diputado radical Eduardo Santín, presidente de la Comisión de la Tercera Edad, el resultado de la apertura sería la desafiliación de un millón de personas a las AFJP en el término de un año, sobre un padrón total de 7,4 millones --de los cuales sólo 3,8 millones efectúan regularmente sus aportes--. La medida busca forzar a las empresas a reducir las comisiones, y aumentar la recaudación para el régimen estatal. El equipo de economistas de la Alianza que conduce José Luis Machinea debate intensamente sobre esta iniciativa. La considera conveniente desde el punto de vista técnico, pero conoce la resistencia que genera entre las empresas. El poder de las AFJP radica, entre otras causas, en que financia al Estado con la compra de títulos públicos, algo que también hacen los bancos accionistas de esas compañías. Una opción intermedia al libre traspaso es habilitar esa posibilidad por una única vez. Aun así, Machinea sabe que una medida semejante implicaría apostar fuerte, dado que afecta intereses muy poderosos. La decisión final la tomará Fernando De la Rúa. En la línea de incentivar la competencia para propiciar un descenso de comisiones, se analiza otra medida. Consiste en distribuir a los "indecisos" entre las AFJP que cobran las comisiones más bajas del sistema. Se denomina indecisos a aquellos trabajadores --ya sean empleados en relación de dependencia o autónomos-- que al iniciar su actividad laboral no hacen la opción --en un plazo de 30 días-- por el régimen de reparto. Cada tres meses, la Superintendencia de AFJP distribuye al azar y equitativamente entre todas las compañías a ese grupo de aportantes. En el promedio del sistema privado, el 50 por ciento de sus afiliados llega por esa vía. La propuesta de la Alianza es asignar a esas personas a la compañía que aplica la menor comisión, tomando en cuenta el ingreso mensual del trabajador. La tercera medida se vincula con la situación fiscal. El Estado perdió 90 mil juicios con jubilados que reclamaron por la mala liquidación de sus haberes. En el proyecto de Presupuesto para el 2000 que el actual Gobierno remitió al Congreso se incluyen partidas para saldar la deuda con 20 mil de esos jubilados. Por una decisión arbitraria, que se relaciona con la carencia de fondos públicos para cubrir el total de la deuda, el resto de las personas debe esperar. En cambio, la propuesta de la Alianza es emitir una nueva serie de bonos previsionales (Bocon 3) para documentar la deuda con esos 90 mil jubilados. Aunque los títulos serían a 10 años, y eso demoraría varios años hasta que los jubilados se hagan con el total del dinero que la Justicia les reconoció, el beneficio pasa por la inmediata reactualización de sus haberes. De ese modo, el próximo gobierno logrará un ahorro efectivo en el 2000 de 226,5 millones de pesos. Por otra parte, la Alianza se propone crear un cuerpo especializado de inspectores previsionales, que trabajarían bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad Social. En la actualidad, la tarea de fiscalizar los aportes jubilatorios corresponde a la DGI. Sin embargo, la evasión trepó nada menos que al 50 por ciento y en la coalición sostienen que el organismo que conduce Carlos Silvani se desentiende de esta área. A través del nuevo cuerpo de inspectores, la Alianza aspira a reducir en un 20 por ciento la evasión durante el primer año de mandato. Finalmente, se estudia eliminar el tope de 4800 pesos para la aplicación de los descuentos previsionales. Esta medida también roza intereses del sector económico más poderoso. Por ejemplo, si una persona obtiene ingresos mensuales por 10 mil pesos, sólo soporta el descuento por un máximo de 4800 pesos. La propuesta es eliminar ese máximo, para que la retención sea sobre el total de los ingresos. Al igual que en el resto de las medidas, la palabra final la tendrá De la Rúa.
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