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Por Adriana Meyer  Víctor
Alderete comenzó ayer su recorrida por los Tribunales y no se privó de enviar un mensaje
político. Mientras hacía su descargo argumentó que los problemas económicos del PAMI
tienen su origen en una supuesta deuda de 440 millones que el Estado tendría con la obra
social de los jubilados, desde que el Ministerio de Economía decidió reducir los 200
millones mensuales que recibía. Durante su indagatoria admitió que contrató en forma
directa a una empresa de salud, aunque sostuvo que lo hizo para ahorrar costos. Alderete
podría ser procesado por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de
funcionario público.
Mientras el presidente Carlos Menem volvía a apoyarlo con declaraciones por radio (ver aparte), a las ocho de la mañana de Alderete ingresaba a los tribunales federales de Retiro para asistir a la primera declaración indagatoria de su gestión. Los fiscales Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita lo acusaron de violación de los deberes de funcionario público por la contratación directa de la empresa Medicystem como gerenciadora del área de fisioterapia y rehabilitación. A lo largo de las seis horas que estuvo frente al juez federal Claudio Bonadío --asistido por los abogados del estudio de León Arslanian--, el presidente del directorio del PAMI justificó la contratación de Medicystem porque costaba "un 30 por ciento menos" que lo ofrecido por la Cámara Argentina de Fisioterapia y Rehabilitación (CAMFRE), denunciante en la causa, tal como refirió a Página/12 un funcionario judicial. Quienes lo escucharon aseguran que "se nota que es abogado y que conoce el tema (fue presidente de una empresa de medicina prepaga), es muy vivo". En los pasillos del cuarto piso de Comodoro Py lo esperaban sus asesores, su jefe de prensa y su secretario privado, quienes lustraron las baldosas con sus nerviosas caminatas, fumaron y hablaron varias veces por teléfono celular. Y se cruzaron con el abogado Ricardo Monner Sans, quien ratificó su denuncia sobre malversación de fondos porque Alderete habría pagado los servicios del estudio de Arslanian con dinero del PAMI. El eje de su declaración se basó en una "defensa sistémica" de la metodología de gerenciadoras que él implementó, argumentando que con el sistema anterior había "sobreprestación", es decir que se facturaban más prestaciones de las necesarias. Las gerenciadoras tienen que subcontratar establecimientos que presten servicios ambulatorios y de internación a los afiliados de la obra social. Pero la denuncia puso el énfasis en otros aspectos. Medicsystem no estaba inscripta en la Superintendencia de Servicios de Salud, tal como establece la ley. Es decir que "era una empresa inexistente, un "sello de goma" que no tenía antecedentes de ningún tipo, tal como ya está probado en la causa", aclaró una fuente de la investigación. De hecho, el contrato con Medicystem duró menos de dos meses porque el propio Alderete tuvo que dar marcha atrás. Monner Sans presentó la denuncia y el rápido estallido del caso en los medios fue determinante de su corta existencia. La Justicia rechazó recientemente una acción de amparo de la empresa, que pretendió cobrar los 900 mil pesos mensuales acordados en el contrato. En su descargo, Alderete explicó que todo andaba bien en el PAMI mientras recibía 200 millones por mes, pero el descontrol habría comenzado en 1998 cuando el ministro Roque Fernández decidió recortar esa partida. "Economía le garantizó que recibiría esa cifra con los gastos descontados, pero Alderete insistió que necesitaba los 200 millones netos, por lo cual siempre se manifestó insatisfecho", explicó a este diario una alta fuente oficial. El funcionario que acumula cada vez más causas ya dejó entrever cómo explicará las cuentas del PAMI que la Alianza empezó a revisar. "Ahora resulta que la culpa la tiene Roque", comentaban ayer en Tribunales. Eran las tres de la tarde cuando Alderete salió del juzgado y se encaminó hacia los ascensores, mientras el notero de "CQC", Daniel Malnatti, lo perseguía al grito de "doctor, se olvida los cigarrillos, que en prisión no hay kiosco...". Frente a la puerta principal, integrantes de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados lo repudiaban al grito de "quiere terminar con el PAMI, nosotros lo llevaremos a la cárcel".
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