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Por Adrián H. Mouján  Los bloques
de diputados del PJ y de la Alianza buscarán en los próximos días los caminos legales
para impedir el acceso a la Cámara baja del represor Domingo Antonio Bussi. La figura de
"inhabilitación política" como consecuencia de los delitos de "haber
atentado contra el sistema democrático o haber ocupado cargos en gobierno de facto,
apropiación ilegal de menores y enriquecimiento ilícito" es el pilar de la
estrategia --fundada en el artículo 36 de la Constitución nacional-- para frenar la jura
del ex gobernador tucumano. El dilema que deberán resolver los legisladores es cómo no
aparecer deslegitimando un decisión de los 90 mil tucumanos que eligieron a Bussi como
diputado.Hoy, los bloques del justicialismo y de la Alianza analizarán la forma en que le impedirán a Bussi su acceso a la Cámara. Por el lado de los radicales, la iniciativa está en manos del diputado tucumano Alfredo Neme Sheij, quien reclama el repudio de la Cámara al ex represor. Por el lado del justicialismo, la iniciativa está reservada a la entrerriana Sara Amavet, autora de la ley de inhabilitación ética, con la que piensa caerle encima a Bussi. Además de su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a su posterior gestión como gobernador de Tucumán y la causa por apropiación de bebés en la que está procesado por el juez federal Adolfo Bagnasco se suma el proceso por enriquecimiento ilícito que tiene a su cargo el juez Ricardo Maturana. A estos delitos se agrega el nuevo pedido de captura internacional y extradición expedido por el magistrado español Baltasar Garzón. Neme Sheij consideró que "la Cámara debe resguardar su honorabilidad en virtud del delito de falsedad ideológica en que Bussi incurrió cuando le mintió a la Cámara de Diputados al no incluir en su declaración jurada las cuentas en Suiza, Holanda, Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo y sus innumerables pertenencias", mientras que Amavet considera suficiente la participación de Bussi en el golpe del '76. "El artículo 36 de la Constitución establece la inhabilitación perpetua para quienes hayan ocupado cargos en un gobierno de facto o hayan atentado contra la democracia. Este artículo es de conformidad con la ley de inhabilitación ética del '91, y ni la ley ni la Constitución exigen que se acrediten crímenes, sino que se haya atentado contra el sistema democrático", añadió la legisladora justicialista. Este argumento esgrimido por Amavet apunta a impedir que los bussistas monten una estrategia que le permita su acceso a la Cámara. Es que los representantes del titular de Fuerza Republicana señalan que, para que se le impida la jura, algunos de los jueces que tiene causas en las que el dictador tucumano está implicado tendrían que haber emitido un fallo. "Ese argumento no se sostienen porque Bussi fue parte de un golpe de Estado, hecho que lo inhabilita para ejercer cargos", fue la respuesta de Amavet. En caso de que la postura de los bussistas se impusiera, tanto en la Alianza y en el peronismo manejan la posibilidad de que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento suspenda la jura de Bussi hasta tanto algunos de los jueces dicten condena en alguna de las causas que oscurecen el futuro del represor. Aunque, por las dudas, en el bloque aliancista ya recibieron el fallo del Tribunal de Honor del Ejército, que castigó a Bussi por una "falta gravísima" por mentir. Además, otro gran problema para Bussi es que la Cámara de Diputados "es juez de los diplomas de sus miembros, por lo que la llegada del tucumano al Congreso "es muy dificultosa", tal como adelantaron en las bancadas peronistas y radicales. En ambos bloques calculan que la decisión estaría adoptada antes del 10 de diciembre, día de jura de los nuevos miembros. De esta forma, los diputados subsanarían "olvidos" cometidos en el pasado respecto de otros legisladores: el próximo ministro de Seguridad bonaerense, Aldo Rico; el senador salteño Roberto Ulloa, el ucedeísta Alvaro Alsogaray y el propio Domingo Cavallo.
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