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Gallo se opone a la renegociación de trenes urbanos

El futuro ministro de Infraestructura dice que el Gobierno ha definido un nuevo contrato. “Nos están poniendo dificultades”, se quejó.

Nicolás Gallo, hombre de confianza del presidente electo.
Está en desacuerdo con la renegociación de trenes urbanos.

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t.gif (862 bytes)  Nicolás Gallo, futuro ministro de Infraestructura de Fernando de la Rúa, embistió ayer contra las renegociaciones de trenes urbanos. “Acá se ha renegociado al punto de hacer un nuevo contrato. Ya no se trata de una readaptación sino de un contrato nuevo, con programas de inversión que gatillan aumentos tarifarios”, protestó el estrecho colaborador del presidente electo. Esta contundente crítica reaviva la crisis de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, donde la semana pasada un polémico dictamen avaló la revisión contractual que preparó el gobierno de Carlos Menem y Trenes Metropolitanos. A través de su ministro de Obras Públicas, José Antonio Romero, la provincia de Buenos Aires también se opone a esta renegociación.
La renegociación de las líneas Roca, Belgrano Sur y San Martín se sostiene en las mismas bases que inspiró a la de Trenes de Buenos Aires (Mitre y Sarmiento) y a la del resto de las líneas: un aumento tarifario cercano al ciento por ciento promedio a cambio de inversiones que no se previeron en los contratos originales y prórroga de las concesiones.
La de TBA tiene dictamen de la Comisión Bicameral y un decreto que aprueba el contrato de concesión firmado entre el secretario de Transporte, Armando Canosa, y la empresa que lideran los colectiveros de Trainmet, pero que la Justicia no permitió poner en ejecución hasta tanto esté garantizada la participación de las asociaciones de usuarios en la renegociación. El de Metropolitano también consiguió ese respaldo parlamentario, que las revisiones correspondientes a otras líneas podrían haber conseguido antes del cambio de gobierno.
“(La revisión) fue a requerimiento de las empresas, hay un cambio que se origina en un pedido del concesionario. Lo mismo pasó con Aguas (Argentinas)”, objetó Gallo, dando a entender su voluntad de rehacer los acuerdos que firmó el actual Gobierno con los adjudicatarios de los servicios públicos y que aún no estuvieran en firme.
“Nos están poniendo dificultades con algunas contrataciones de último momento”, señaló, agregando que “hubo nombramientos en Cancillería, Yacyretá o la incorporación a planta permanente del personal contratado”, se quejó Gallo.
Los ánimos también están caldeados en la Bicameral. La semana pasada, el justicialismo consiguió las siete firmas necesarias para obtener un dictamen en mayoría, avalando la renegociación de Metropolitanos. Para garantizarse la séptima, Alberto Pierri reemplazó a Dámaso Larraburu por Julio Salas. Pero a horas de haber rubricado el pronunciamiento a favor de la renegociación, el flamante miembro de la Bicameral se arrepintió e intentó retirar su voto.
Romero, el titular de Obras Públicas bonaerense, advirtió ayer que la provincia “apelará” todas las renegociaciones contractuales de trenes urbanos. “La de Trenes Metropolitanos dispone un aumento del 120 por ciento en las tarifas y posterga obras imprescindibles, como la electrificación del ramal Constitución-La Plata”, se quejó el funcionario duhaldista, quien ya había hecho pública la oposición de la provincia durante la audiencia pública organizada por Transporte meses atrás.

 

Plan de las constructoras

La Cámara Argentina de la Construcción presentará al presidente electo Fernando de la Rúa una propuesta para que el Estado destine 12 mil millones de pesos en obras públicas durante los próximos cuatro años. La iniciativa fue también elaborada por el Centro Argentino de Ingenieros, la Asociación Argentina de Carreteras y la Cámara Argentina de Constructores, que la tuvieron lista para la Convención Anual de la CAC, evento que tuvo lugar en setiembre. Según los empresarios, los recursos para ese megaplan, que incluiría desde caminos hasta mejoras en la infraestructura portuaria, serán aportados íntegramente por el Estado. La fuente sería el impuesto a los Combustibles, aunque sólo la recaudación “excedente” que se obtendrá en el futuro, sin necesidad de aumentarlo: según los empresarios, en los próximos años el impuesto a la Transferencia de los Combustibles aumentará a razón de un 2,5 por ciento anual. Esos recursos deberían nutrir un fondo fiduciario, cuya única y excluyente finalidad sería la de proveer recursos para garantizar obras públicas por alrededor de 3000 millones cada año.


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