Página/12 desde Francia
Por Martín Granovsky Desde París “Hay que respetar la
independencia de la Justicia, pero la política exterior no puede ponerse de rodillas ante
la Justicia”, dijo a Página/12 el candidato socialista español Joaquín Almunia
cuando este diario lo consultó sobre su opinión frente al auto de prisión pedido por el
juez Baltasar Garzón para 98 represores, se encuentren donde se encuentren. O sea, y como
diría un español: “De extradición, tío, nada”.
Almunia hizo esas declaraciones después de vivir una peripecia que los políticos
argentinos conocen bien. Mientras caminaba por un pasillo del centro de convenciones que
alberga el Congreso de la Internacional Socialista, lo paró un cronista de “Caiga
Quien Caiga” versión española. Tenía dos retratos enmarcados. Uno mostraba a un
señor semicalvo y semicanoso, más bien fortachón.
–Díganos quién cree usted que es el próximo presidente del gobierno español.
¿Este? –preguntó el cronista mostrando el primer retrato.
–Por supuesto –dijo Almunia señalándose a sí mismo.
–¿O es éste? –siguió el cronista con el segundo cuadrito.
Almunia sonrió, pero no demasiado, molesto por la comparación permanente con el tipo
carismático del retrato. La foto mostraba a un relajado Felipe González, que ya fue
presidente del gobierno y no quiso ser candidato otra vez, según los maliciosos, porque
cree que el Partido Socialista Obrero Español perderá en marzo frente al Partido Popular
de José María Aznar. Almunia, en realidad, es candidato porque quien ganó la interna
del PSOE, José Borrell, renunció al enterarse de que la prensa conocía el pasado
irregular de dos estrechos colaboradores suyos.
Traje gris, camisa a rayas con botones, este ex ministro de Felipe accedió a explicar su
posición ante las extradiciones pedidas por Garzón si llega a reemplazar al PP en el
gobierno.
–No sólo le voy a contestar como posible presidente del gobierno. En nombre del
Partido Socialista quiero dejar en claro que además de respetar la independencia del
Poder Judicial, la impulso.
–¿Qué significa eso en concreto?
–Que el PSOE nunca criticará a un juez o a un integrante del ministerio fiscal por
tratar de que la ley se cumpla. Sólo los criticará cuando un juez o un fiscal incumplan
las leyes.
–Suponga que usted es elegido para presidir el gobierno español. La Justicia ya
libró los autos de captura y a usted puede tocarle tramitar el pedido de extradición de
un represor argentino capturado en cualquier país, incluso en la Argentina. ¿Qué
haría?
–Le agrego que un presidente del gobierno no sólo tiene que respetar a la Justicia
sino gobernar, y que dentro de esa tarea figura la política exterior. La política
exterior no puede ponerse de rodillas ante la Justicia. La diplomacia no se puede dejar en
manos de los jueces...
–¿Como en el caso de Pinochet?
–Le completo: el gobierno actual no está haciendo política exterior. Está de
rodillas.
–¿Por qué?
–La política exterior consiste, por un lado, en explicar al mundo por qué España
respeta la independencia del Poder Judicial. Pero, por otro, entender cuándo hay riesgos
para las relaciones entre España y América latina.
–Insisto: ¿qué haría ante un pedido judicial de extradición?
–Le contesto poniendo el ejemplo del caso Pinochet. Cuando hay un tema jurídicamente
tan complejo, el gobierno puede consultar al Consejo deEstado, un órgano consultivo
pensado justo para hacer una evaluación meticulosa. Si el gobierno tiene alguna duda
sobre el margen de maniobra de que dispone, puede recurrir al consejo.
La conversión del político socialista en diplomático no alcanzó a ocultar el
pensamiento de Almunia y el PSOE sobre las extradiciones. De sus respuestas se desprende
que, como mínimo, buscaría dilatarlas lo más posible, si es que, respetando la ley, no
hay un resquicio para no tramitarlas en el exterior.
En cambio Almunia no dudó sobre la extraterritorialidad contemplada por la ley española,
invocada la semana pasada en el auto internacional de Garzón como una base jurídica de
su decisión.
–Es un principio que respetamos –respondió–. Más aún porque fuimos
nosotros, durante el gobierno socialista, los que impulsamos la modernización de las
leyes. Al mismo tiempo, ahora esperamos que sigan las ratificaciones al Tribunal Penal
Internacional para que pueda entrar en vigor, aunque sea de aquí en adelante.
El domingo, durante una entrevista con Fernando de la Rúa, que Almunia recordó delante
de Página/12 sin revelar sus términos, el jefe socialista fue menos crítico con la
actitud de Garzón ante Pinochet que con la medida del juez para juzgar en España a los
represores argentinos.
–Son casos distintos –dijo–. Por lo menos ustedes juzgaron a las juntas y
ahora tienen militares procesados por el robo de niños.
Y ayer, Almunia volvió a nombrar a De la Rúa como un ejemplo del mayor peso de la
Internacional Socialista en América latina.
–Me hubiera gustado hablar aquí con otros líderes, que no han venido por sus
elecciones. Por ejemplo, con quien espero que sea el próximo presidente de Chile, Ricardo
Lagos, y con quien espero que gobierne Uruguay, Tabaré Vázquez.
Lagos es el candidato de la Concertación Democrática para las elecciones del 12 de
diciembre que pueden abrir el camino al próximo turno, tras los mandatos de los
democristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Vázquez debe ganar también la segunda
vuelta, este mes, después de su triunfo en la primera vuelta de las presidenciales.
Pero la obsesión mayor de Almunia estos días es perfilarse como candidato fuerte contra
Aznar, a quien acusa de tener un gobierno de “trileros y piratas”. Pirata es lo
mismo en español que en argentino. Trilero podría traducirse como “fullero”.
–Es que el tema de las acciones de Telefónica puede convertirse en el mayor
escándalo de esta época –acusó el jefe del PSOE.
El problema actual se originó en febrero de 1997, cuando la empresa ofreció 300 mil
acciones a cien miembros de la dirección de Telefónica, que en ese momento completaba su
privatización. El periodismo acaba de revelar que los directivos se repartirán unos 188
millones de dólares por ese sistema, llamado de “stock options”. Desde el
primer día de enero del 2000, para retirar acciones habrá que pedir permiso a la junta
general de accionistas. También regirá una imposición fiscal más dura que la actual,
que deja fuera de la órbita de la DGI española un 30 por ciento del volumen de las
acciones. La crítica del PSOE es que, mientras, se beneficia Juan de Villalonga,
presidente de Telefónica y uno de los empresarios de mayor confianza de Aznar.
–¿Usted está en contra de las “stock options”, Almunia?
–No. Me parece bien que los trabajadores puedan recibir acciones de las empresas
donde se desempeñan. Pero se requiere transparencia y una regulación acerca de cuándo,
cómo y en qué marco toma las decisiones. Si no, cada uno hará lo que quiera. Además,
reclamo una fiscalidad acorde con las ganancias, que como usted sabe son muy importantes.
Si las accionescotizan en Bolsa, sus beneficios deben imputarse a todos los trabajadores
de la empresa, y uno a un grupo de cien directivos. De otro modo volveríamos al tiempo en
que unos pocos creaban todo el valor y sólo recibían un sueldo.
–¿El PSOE extenderá su crítica a Telefónica de Argentina?
–Sólo aconsejaría a mis amigos argentinos que no imiten un modelo poco
transparente. También les recomiendo que sigan con mucha atención el tema en España.
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