Por Adriana Meyer Por primera vez, un grupo de
familiares de desaparecidos chilenos, paraguayos, uruguayos y argentinos iniciaron un
juicio por privación ilegal de la libertad como delito permanente contra los máximos
jefes militares que ejecutaron el denominado Plan Cóndor. Los acusados son Jorge Rafael
Videla, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner, entre otros. Los abogados de la querella
destacaron ante Página/12 que el escenario principal de los hechos fue Argentina porque
el Cóndor debía ser cumplido “primariamente” en el seno del aparato de poder
del autodenominado Proceso para la Reorganización Nacional y, por lo tanto, no cabe duda
de la jurisdicción argentina para juzgarlos.
La confirmación del accionar conjunto surge del cable del FBI (ver aparte) que fue
certificado por el Departamento de Estado norteamericano. En la Argentina se encontraba la
mayor parte de los refugiados políticos de las dictaduras militares limítrofes. Esto
significa que los militares extranjeros están acusados de delitos cometidos en territorio
argentino como partícipes necesarios.
La denuncia –que recayó en el juzgado de Adolfo Bagnasco– plantea que la
extraterritorialidad no podrá ser cuestionada porque fue pactada por los estados que
suscribieron la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, que
establece que rige en primer término la jurisdicción del lugar de comisión de los
hechos, luego la de los jueces de la nacionalidad de la víctima y, por último, la de los
jueces de la nacionalidad del autor.
Los querellantes definieron a la Operación Cóndor como “una asociación ilícita
entre los imputados de rango político o militar superior, para cometer los delitos de
secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición forzada de
personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del
aparato del Estado”. Y sostuvieron que ese plan represivo constituyó una
“acción criminal contra la soberanía” de cada uno de los países que lo
integraban porque “suprimió el derecho de asilo mediante acciones militares
clandestinas”.
En el dictamen que elaborará el fiscal Miguel Angel Osorio seguramente tendrá en cuenta
la reciente resolución de la Cámara Federal porteña, en la causa sobre sustracción de
menores, porque la sala I de ese tribunal rechazó la prescripción y la cosa juzgada de
los delitos por los que Bagnasco procesó a siete jefes militares. Los camaristas Luisa
Riva Aramayo y Horacio Vigliani entendieron que puede aplicarse la Convención Americana
sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada en 1994, a hechos que comenzaron a
cometerse en 1976. Ese fallo sostiene que no hay cosa juzgada respecto del tramo de
conducta del imputado posterior a la sentencia absolutoria o a la amnistía o indulto,
cuando el delito se sigue cometiendo.
Los denunciantes advirtieron sobre la posible conexidad con la causa que instruye el juez
Gustavo Literas, delegada en el fiscal Osorio, en la que se imputa el delito de privación
ilegal de la libertad a militares uruguayos que fueron indultados por el presidente Carlos
Menem, y que operaron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Pero
esta nueva presentación no se limita a los hechos ocurridos en jurisdicción del Primer
Cuerpo de Ejército (Orletti).
Los abogados Alberto Pedroncini, David Baigún, Albor Ungaro y Carlos Zamorano representan
a cinco familiares:
 Dora Carreño
Araya es chilena y reclama por su hermana, Cristina, de la misma nacionalidad,
desaparecida en Argentina el 26 de julio de 1978.
Idalina Tatter,
paraguaya, es esposa del ciudadano de esa nacionalidad Federico Tatter, desaparecido en
Argentina el 15 de octubre de 1976.
Sara Méndez,
uruguaya, es la madre de Simón Riquelo, argentino, secuestrado el 13 de julio de 1976 en
Buenos Aires y trasladado clandestinamente a territorio uruguayo. * Elsa Pavón de
Grinspon, argentina, es la madre de Mónica Grinspon de Logares, que fue secuestrada en
Montevideo el 18 de mayo de 1978 junto con su esposo, Claudio Logares y su hija Paula,
desaparecida en Argentina.
Claudia y Ana
María Careaga, argentinas, hijas de María Esther Ballestrino de Careaga, paraguaya,
secuestrada en la porteña Iglesia de la Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977, actualmente
desaparecida.
Pedroncini aseguró a Página/12 que “esta nueva acción se suma a la de los procesos
del exterior y formará con ellos un todo solidario y complementario, como expresión de
una conciencia internacional común”. En este sentido, no incluyeron el delito de
homicidio para no superponerse a la causa que se inició en Roma y a la que investiga el
asesinato del general Carlos Prats. Y tampoco abarcaron los delitos de genocidio,
terrorismo y tortura para que esta nueva causa no colisione con la que lleva adelante el
juez Baltasar Garzón. El magistrado español instruyó en un apartado los casos
relacionados con el Plan Cóndor y a partir de esas pruebas pidió la detención del
dictador chileno Augusto Pinochet.
También fueron acusados los generales retirados Carlos Suárez Mason, Albano Harguindeguy
–quienes están en libertad–, los chilenos Manuel Contreras y Pedro Espinoza,
los paraguayos Francisco Brites, Benito Guanes y Pastor Milcíades Coronel, y los
uruguayos Guillermo Ramírez, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Enrique Martínez, Jorge
Silveira y Hugo Campos Hermida.
LA REPRESION POLITICA EN EL CONO SUR
Asesinos por naturaleza
La
Operación Cóndor, el plan de represión política conjunta organizado por las dictaduras
de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay e Uruguay, vuelve a estar en la mira de la
Justicia. A partir de 1974, por iniciativa de Augusto Pinochet en Chile, las dictaduras
del Cono Sur empezaron a coordinar operaciones represivas y a intercambiar información de
“izquierdistas” y de organizaciones consideradas “subversivas”. En la
Argentina desaparecieron 170 dirigentes y militantes chilenos, paraguayos, uruguayos y
brasileños. El asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats, de Orlando
Letelier en Washington, y de otros políticos y dirigentes, también fue obra del plan
Cóndor. En los países limítrofes secuestraron a argentinos que fueron entregados a los
militares locales y que permanecen desaparecidos.
El plan Cóndor surgió en 1974, cuando Pinochet visitó a Stroessner en Asunción. En
forma progresiva –a medida que se producían los golpes de Estado en la región–
se fueron sumando los demás países del Cono Sur. En 1975 el Operativo se oficializó en
Chile a través de un documento fundacional, que fue descubierto por el abogado paraguayo
Martín Almada. En el documento, del 29 de octubre de 1975, se justifica la creación del
plan por la necesidad de contar “con una coordinación eficaz que permita un
intercambio oportuno de informaciones y experiencias”, para lo cual se propone la
organización de un “archivo centralizado de antecedentes de personas, organizaciones
y otras actividades conectadas a la subversión”. La Dirección de la Inteligencia
Nacional de Chile (DINA) –servicio de inteligencia del país trasandino– se
ofrecía como “sede del sistema”. El acuerdo compromete a Pinochet, Videla,
Stroessner, Figueiredo y Alvarez, presidentes de facto en aquella época.
En 1978 Videla viajó a Chile para coordinar la contribución del país al plan Cóndor.
Pero ya dos años antes, en 1976, se habían descubierto pruebas de la participación
argentina. Robert Scherrer, un agente estadounidense del FBI afincado en Buenos Aires,
envió a Washington el 28 de setiembre un cable sobre la Operación Cóndor. “Chile
es el centro de la operación y sus miembros incluyen a la Argentina, Bolivia, Paraguay y
Uruguay”, advertía en su informe. Por otro lado, en 1977, el coronel Paul Coughlin,
de la embajada de Estados Unidos, avisaba al Pentágono que en Argentina se estaban
formando “grupos especiales” para emprender “misiones que incluyen
asesinatos” y que el objetivo final era “eliminar las actividades terroristas
marxistas en los países miembros”.
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