Entre propios y ajenos, eran diez chicos.Si no reunían 50 pesos con las estampitas,los golpeaba. Los mayores tenían que robar. |
Los diez chicos tienen entre 2 y 19 años. Los dos mayores, de 14 y 19, eran obligados a robar por su padrastro, a punta de escopeta si era necesario. Los menores, cinco de los cuales son hijos biológicos del acusado, eran utilizados para pedir limosna en la calle, a cambio de una estampita. La tarea de los pequeños era reunir una suma diaria de 50 pesos. Si no lo lograban, el adulto explotador los castigaba. Omar Rubén Guerrero, 30 años, fue en principio detenido por una infracción menor: cobrar 50 centavos de peaje a los vecinos del barrio San José, en Florencio Varela, bajo amenaza de golpearlos si se negaban a pagar. Al ver que estaba preso, su concubina María Cristina Ortiz lo denunció por la violencia que ejercía sobre los diez chicos, todos hijos de la mujer, los cinco mayores de un matrimonio anterior. Los hechos configuran los delitos de instigación a cometer delito y reducción a servidumbre, que en conjunto pueden ser penados con una pena de cinco a 21 años de prisión. El titular de la comisaría segunda de Florencio Varela, Jorge Altamirano, comentó a Página/12 que un médico policial constató que los chicos tenían marcas en todo el cuerpo, producto de las palizas que recibían de parte de Guerrero, según el relato que hizo su concubina ante las autoridades policiales. Casi todos, incluida la mujer, tenían lesiones, traumatismos leves, hematomas y golpes, precisó. Cuando fue a la comisaría, la mujer llevó como prueba viviente a los diez chicos. Guerrero comenzó a perder en la madrugada de ayer, cuando la policía lo detuvo por denuncias de sus vecinos, quienes aseguraron que él y otra persona a la que se conoce con el apodo de Moneda, precisamente por la actividad ilegal que realizaba, cobraban peaje a los transeúntes que pasaban por la esquina de Cala y La Aguada, en el barrio San José. Si uno se negaba lo amenazaban de muerte o directamente le pegaban, coincidieron en denunciar tres mujeres que dialogaron ayer con los periodistas. Cuando Guerrero ya estaba preso por esa contravención sólo habría estado detenido entre 10 y 30 días, su concubina fue a la comisaría con los diez hijos. Hasta los chicos relataron el maltrato que recibían y cómo obligaba a robar a dos de ellos, los que tienen 14 y 19 años y que son hijastros del acusado, explicó Altamirano. Lo notable es que para que cometieran los asaltos los había provisto de un revólver de juguete, de plástico, de cebita, algo que parece ridículo, señaló el comisario Altamirano. El hombre los llevaba hasta la zona del robo en un automóvil Fiat 1500, de color amarillo, y se quedaba haciendo la guardia. El llevaba siempre una escopeta recortada con la que amenazaba a los chicos para que hicieran los que les exigía, informó el jefe de la comisaría segunda. A los más chicos, Guerrero los obligaba a pedir limosna, a cambio de estampitas, en los vagones del tren y del subterráneo. Entre todos los pibes, de entre 2 y 11 años, tenían que reunir todos los días por lo menos cincuenta pesos. En caso contrario les daba una paliza. El hombre se entregó sin oponer resistencia. La orden de detención fue requerida por la fiscal de turno María Cristina Pietrobon. La utilización de menores para cometer delitos autoriza a los jueces penales bonaerenses a rechazar el beneficio de la excarcelación. De todos modos, como se le imputa el delito de reducción a servidumbre que por sí solo contempla penas de tres a 15 años de prisión, es virtualmente imposible que Guerrero pueda salir en libertad mientras continúa el proceso en su contra. Además de la instigación a cometer delito que también se le imputa, el hombre sería responsable de algunos robos que son investigados. La madre y sus diez hijos viven en una casa precaria del barrio San José que consta de cuatro paredes y un techo de chapas.
EL FISCAL PIDIO HASTA QUINCE AÑOS Por C. R. En un alegato que pareció un mero trámite, como dando por entendido que el delito está totalmente probado, el fiscal Eduardo Marazzi pidió entre diez y quince años de prisión para los presos conocidos como Los 12 Apóstoles, por el intento de evasión de la cárcel de Caseros ocurrido el 25 de mayo de 1996. La parte acusadora tomó como agravante la total desaprensión evidenciada por los acusados, quienes pusieron en peligro su propia vida, la de los rehenes y las de terceras personas, aunque en esa ocasión sólo hirieron levemente a dos de los guardias. En el caso pesan, como antecedentes difíciles de cargar al hombro, las condenas previas de entre 17 años y cadena perpetua que tienen los acusados y el sangriento motín de Sierra Chica, de abril del mismo año, en el que murieron ocho internos en circunstancias tenebrosas. La peor parte le tocó a los detenidos Marcelo Brandán Juárez, Miguel Acevedo, Jaime Pérez Sosa y Jorge Pedraza, para quienes el fiscal solicitó la pena de 15 años, el máximo para los delitos de evasión en grado de tentativa, lesiones y privación ilegítima de la libertad agravada que se les imputa. Además, solicitó 14 z Galarza; 13 para Oscar Olivera; 12 para Marcelo Vilaseco y Víctor Esquivel; 11 para Héctor Cóccaro y Carlos Villalba, y diez para Marcelo González y Carlos Gorosito. El alegato de Marazzi duró una hora y en ningún momento deslizó críticas a la actuación que les cupo, en la represión final, a los hombres del Servicio Penitenciario Federal que recuperaron por la fuerza el control del penal. Los testigos Jorge Naveda y Juan Larracochea, dos ex miembros de las fuerzas de seguridad que estaban presos en el pabellón vecino al que ocupaban los apóstoles, aseguraron que fueron amenazados de muerte por los amotinados, pero admitieron que las heridas sufridas fueron producto de los golpes y los balazos disparados por los penitenciarios. Los cinco defensores oficiales, que habían pedido realizar sus alegatos el martes 16, finalmente lo harán el 23, porque el Tribunal Oral 11 tiene dificultades para sesionar en aquella fecha. Las defensas intentarán demostrar que los apóstoles nunca intentaron fugarse sino que se amotinaron para denunciar supuestas amenazas por parte de los ocupantes del pabellón vecino. Luego de escuchar al fiscal, los 12 presos pudieron tener una breve visita de contacto con sus familiares, en la sala, algo que tienen prohibido realizar en la cárcel de Melchor Romero donde se encuentran alojados.
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