Los diez
chicos tienen entre 2 y 19 años. Los dos mayores, de 14 y 19, eran obligados a robar por
su padrastro, a punta de escopeta si era necesario. Los menores, cinco de los cuales son
hijos biológicos del acusado, eran utilizados para pedir limosna en la calle, a cambio de
una estampita. La tarea de los pequeños era reunir una suma diaria de 50 pesos. Si no lo
lograban, el adulto explotador los castigaba. Omar Rubén Guerrero, 30 años, fue en
principio detenido por una infracción menor: cobrar 50 centavos de peaje a
los vecinos del barrio San José, en Florencio Varela, bajo amenaza de golpearlos si se
negaban a pagar. Al ver que estaba preso, su concubina María Cristina Ortiz lo denunció
por la violencia que ejercía sobre los diez chicos, todos hijos de la mujer, los cinco
mayores de un matrimonio anterior. Los hechos configuran los delitos de instigación
a cometer delito y reducción a servidumbre, que en conjunto pueden ser
penados con una pena de cinco a 21 años de prisión. El titular de la comisaría segunda
de Florencio Varela, Jorge Altamirano, comentó a Página/12 que un médico policial
constató que los chicos tenían marcas en todo el cuerpo, producto de las palizas
que recibían de parte de Guerrero, según el relato que hizo su concubina ante las
autoridades policiales. Casi todos, incluida la mujer, tenían lesiones,
traumatismos leves, hematomas y golpes, precisó. Cuando fue a la comisaría, la
mujer llevó como prueba viviente a los diez chicos. Guerrero comenzó a perder en la
madrugada de ayer, cuando la policía lo detuvo por denuncias de sus vecinos, quienes
aseguraron que él y otra persona a la que se conoce con el apodo de Moneda,
precisamente por la actividad ilegal que realizaba, cobraban peaje a los
transeúntes que pasaban por la esquina de Cala y La Aguada, en el barrio San José.
Si uno se negaba lo amenazaban de muerte o directamente le pegaban,
coincidieron en denunciar tres mujeres que dialogaron ayer con los periodistas. Cuando
Guerrero ya estaba preso por esa contravención sólo habría estado detenido entre
10 y 30 días, su concubina fue a la comisaría con los diez hijos. Hasta los
chicos relataron el maltrato que recibían y cómo obligaba a robar a dos de ellos, los
que tienen 14 y 19 años y que son hijastros del acusado, explicó Altamirano. Lo
notable es que para que cometieran los asaltos los había provisto de un revólver
de juguete, de plástico, de cebita, algo que parece ridículo, señaló el
comisario Altamirano. El hombre los llevaba hasta la zona del robo en un automóvil Fiat
1500, de color amarillo, y se quedaba haciendo la guardia. El llevaba siempre una
escopeta recortada con la que amenazaba a los chicos para que hicieran los que les
exigía, informó el jefe de la comisaría segunda. A los más chicos, Guerrero los
obligaba a pedir limosna, a cambio de estampitas, en los vagones del tren y del
subterráneo. Entre todos los pibes, de entre 2 y 11 años, tenían que reunir todos los
días por lo menos cincuenta pesos. En caso contrario les daba una
paliza. El hombre se entregó sin oponer resistencia. La orden de detención fue
requerida por la fiscal de turno María Cristina Pietrobon. La utilización de menores
para cometer delitos autoriza a los jueces penales bonaerenses a rechazar el beneficio de
la excarcelación. De todos modos, como se le imputa el delito de reducción a
servidumbre que por sí solo contempla penas de tres a 15 años de
prisión, es virtualmente imposible que Guerrero pueda salir en libertad mientras
continúa el proceso en su contra. Además de la instigación a cometer delito
que también se le imputa, el hombre sería responsable de algunos robos que son
investigados. La madre y sus diez hijos viven en una casa precaria del barrio San José
que consta de cuatro paredes y un techo de chapas.
EL FISCAL PIDIO HASTA QUINCE AÑOS
Apóstoles con escasa fe
Por C. R.
En un
alegato que pareció un mero trámite, como dando por entendido que el delito está
totalmente probado, el fiscal Eduardo Marazzi pidió entre diez y quince años de prisión
para los presos conocidos como Los 12 Apóstoles, por el intento de evasión
de la cárcel de Caseros ocurrido el 25 de mayo de 1996. La parte acusadora tomó como
agravante la total desaprensión evidenciada por los acusados, quienes pusieron en
peligro su propia vida, la de los rehenes y las de terceras personas, aunque en esa
ocasión sólo hirieron levemente a dos de los guardias. En el caso pesan, como
antecedentes difíciles de cargar al hombro, las condenas previas de entre 17 años y
cadena perpetua que tienen los acusados y el sangriento motín de Sierra Chica, de abril
del mismo año, en el que murieron ocho internos en circunstancias tenebrosas. La peor
parte le tocó a los detenidos Marcelo Brandán Juárez, Miguel Acevedo, Jaime Pérez Sosa
y Jorge Pedraza, para quienes el fiscal solicitó la pena de 15 años, el máximo para los
delitos de evasión en grado de tentativa, lesiones y privación ilegítima de la
libertad agravada que se les imputa. Además, solicitó 14 z Galarza; 13 para Oscar
Olivera; 12 para Marcelo Vilaseco y Víctor Esquivel; 11 para Héctor Cóccaro y Carlos
Villalba, y diez para Marcelo González y Carlos Gorosito. El alegato de Marazzi duró una
hora y en ningún momento deslizó críticas a la actuación que les cupo, en la
represión final, a los hombres del Servicio Penitenciario Federal que recuperaron por la
fuerza el control del penal. Los testigos Jorge Naveda y Juan Larracochea, dos ex miembros
de las fuerzas de seguridad que estaban presos en el pabellón vecino al que ocupaban los
apóstoles, aseguraron que fueron amenazados de muerte por los amotinados,
pero admitieron que las heridas sufridas fueron producto de los golpes y los balazos
disparados por los penitenciarios. Los cinco defensores oficiales, que habían pedido
realizar sus alegatos el martes 16, finalmente lo harán el 23, porque el Tribunal Oral 11
tiene dificultades para sesionar en aquella fecha. Las defensas intentarán demostrar que
los apóstoles nunca intentaron fugarse sino que se amotinaron para denunciar
supuestas amenazas por parte de los ocupantes del pabellón vecino. Luego de escuchar al
fiscal, los 12 presos pudieron tener una breve visita de contacto con sus
familiares, en la sala, algo que tienen prohibido realizar en la cárcel de Melchor Romero
donde se encuentran alojados.
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