La decisión
de aprobar el Presupuesto de Gastos e Ingresos para el 2000 antes del cambio de gobierno
ya está tomada. Lo que falta resolver es cuál será el proyecto que se quiere aprobar.
El último viernes, el presidente electo, Fernando de la Rúa, recibió de manos de José
Luis Machinea dos propuestas alternativas. Una combina la aplicación de nuevos impuestos
con un recorte del gasto público, para llegar a un déficit de 4500 millones de pesos. La
otra descarta la reforma impositiva, pero propone una drástica poda de gastos para llegar
a la misma meta. Ricardo López Murphy presentó una tercera: aprobar el proyecto de
Presupuesto elevado por Roque Fernández al Congreso y dejar los cambios para más
adelante. La elección está en manos del futuro presidente. Ahora, la decisión es
política, comentó una fuente cercana al referente económico de la Alianza. El
menú de medidas imaginado por el equipo más cercano a Machinea incluye una reforma
tributaria cuyo resultado esperado es una suba de 3150 millones de pesos en los ingresos
fiscales. La misma se componía de:Una reducción a 1500 pesos del mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias para las personas físicas;Aumento de
impuestos internos a artículos suntuarios;Extensión del IVA a productos no
gravados.También se barajaron, con afirmaciones y desmentidas, un aumento en el impuesto
a los combustibles, la suba de la tasa del gravamen a los bienes personales y la
aplicación de un tributo especial a las ganancias extraordinarias de las privatizadas, al
estilo Tony Blair en Gran Bretaña. Adicionalmente, se imaginó la posibilidad de
postergar la rebaja de aportes patronales programada para fin de este año, que de
aplicarse le significaría al fisco resignar ingresos por 900 millones de pesos. Por otro
lado, el equipo de Machinea había imaginado la eliminación de gastos
improductivos por 1250 millones, que podría afectar a algunas partidas que
benefician directamente a las arcas provinciales. Pero la postergación de la rebaja de
aportes fue tomada como una afrenta por el sector empresario, la suba de impuestos al
consumo se presentó como un atentado público y la baja en el mínimo no imponible en
Ganancias empezó a ser vista como un golpe al bolsillo de la clase media. Ello llevó a
revisar la propuesta del impuestazo, a la luz de los riesgos políticos que
implicaría, y presentar una alternativa. López Murphy, en tanto, le sugirió a De la
Rúa la inconveniencia de plantear duras modificaciones que difícilmente puedan lograr
consenso en el Congreso, ya se trate de impuestos o de nuevos recortes de gastos. Lo
mejor, propuso, es tratar de que pase el proyecto presentado por Roque
Fernández y esperar a sentarse en el gobierno para analizar los cambios posibles a
futuro. El presidente designado escuchó con atención estos consejos, que por otra parte
son compartidos por uno de los hombres de mayor confianza de su entorno: Fernando de
Santibañes. Aunque todavía no se conozca cuál es la propuesta que impulsará la
fórmula presidencial en el Congreso, ya se escuchan voces que cuestionan las alternativas
en danza. El gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, calificó de pésimo el
Presupuesto para el año 2000 enviado por el Ministerio de Economía, y adelantó que sus
diputados no apoyarán la iniciativa en la Cámara baja. Entre otros recortes, el proyecto
oficial reduce a una cifra mínima el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano y
propone la eliminación del Fonavi, fondo destinado a planes de vivienda que
tradicionalmente se cede a las provincias. El diputado radical Horacio Pernasetti también
anticipó su rechazo a la supresión del Fondo. En tanto, desde el establishment se
alertó sobre la urgencia en resolver la cuestión, pero demandando que se acelere la
flexibilización laboral. El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)
advirtió que no hay tiempo que perder para aprobar el Presupuesto.A menos de
un mes de recibir la banda presidencial, De la Rúa medita cuál será el camino a seguir.
El más elaborado supone definir un paquete de leyes previo al Presupuesto, incluida una
reforma impositiva y probablemente una nueva estructura para la administración nacional,
que permitiría apurar la eliminación de varias secretarías, tal cual anticipó Carlos
Chacho Alvarez. El otro, el más sencillo, es avanzar con el proyecto de Roque
en la proa. Con un atractivo adicional: si el PJ no lo convalida, podrá cargarle a la
futura oposición la responsabilidad por demorar el ordenamiento de las cuentas para el
2000.
Presion de los empresarios de la alimentacion
Empezó la tarea de los lobbies
El
gobierno de la Alianza empieza a acumular críticas y todavía falta un mes para que asuma
el poder. Ante la posibilidad de que la administración de Fernando de la Rúa decida un
aumento de impuestos y postergar la rebaja de aportes patronales, los empresarios de la
alimentación dejaron en claro ayer su rechazo a que se siga castigando a la
producción. Observamos con alarma que la caída de la recaudación, que agrava el
déficit fiscal hasta límites peligrosos, motive propuestas basadas en el aumento de
impuestos o, lo que es peor, en la aplicación de nuevos gravámenes, enfatizó
Alberto Alvarez Gaiani, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios (Copal) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Con la presencia
de Carlos Menem y Roque Fernández, la Copal celebró ayer un nuevo aniversario de su
conformación. El ministro de Economía se dio el lujo de invitar al brindis que clausuró
el acto, distendido al haber dejado de ser el blanco de los cuestionamientos de los
empresarios. Esta vez, el destinatario de los mismos reproches que antes recibía Roque
fue el gobierno electo, aunque Alvarez Gaiani se cuidó de no mencionar expresamente a De
la Rúa ni a José Luis Machinea, próximo jefe del Palacio de Hacienda.Resulta
difícil admitir que en lugar de propiciar la baja de las tasas de interés se aplique un
impuesto sobre las mismas, o que en lugar de impulsar la baja del costo laboral, se
proponga una eventual suspensión en la rebaja de aportes patronales, que ya forma parte
de las previsiones empresarias, remarcó Alvarez Gaiani. Los industriales advierten
con preocupación que la política económica de la futura administración deje otra vez
de lado las demandas de los sectores productivos, y que incluso se los castigue con nuevos
impuestos ante la urgencia por resolver desajustes fiscales. En ese sentido, el titular de
Copal recordó que todas las propuestas preelectorales tuvieron importantes promesas
hacia las pymes. Esperamos que se cumplan cabalmente, exigió. Al
criticar un eventual incremento de la presión tributaria, sostuvo que los problemas
derivados del déficit fiscal deben solucionarse con una racionalización del gasto
público, y no recurriendo al facilismo de aumentar los impuestos, lo que es, cuanto
menos, un castigo indebido para quienes respetan las leyes vigentes.Además de haber
dejado sentada su posición contraria a algunas medidas que estaría analizando la
Alianza, Alvarez Gaiani enumeró los reclamos de los industriales. En especial, hizo
hincapié en los costos de los servicios públicos, en las inusitadamente
altas tasas de interés y en la actitud desleal de las grandes cadenas de
supermercados.Ha llegado el momento de renegociar las tarifas de servicios, que en
muchos casos superan largamente las vigentes en otros países, como en el caso de los
peajes, señaló el dirigente fabril. Machinea ha expresado en más de una
oportunidad que respetará los contratos con las concesionarias de servicios públicos,
aunque buscará presionar por una disminución de tarifas mediante la introducción de
mayor competencia. Finalmente, Alvarez Gaiani señaló que la conducta de la
mayoría de las grandes cadenas comercializadoras ha llegado a límites
intolerables.
OPINION
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