LA CANCILLERIA NECESITA 66 MILLONES DE PESOS HASTA FIN DE AÑO Yerba y galletas para las embajadas
Economía asegura
que ya giró los fondos necesarios para que los embajadores paguen sus cuentas. En
Cancillería dicen que no alcanzarán.
Fondos: En Cancillería dicen que desde 1994 a 1999
su presupuesto bajó 30%, mientras que el de la administración central en su conjunto
creció 38%.
Por Cledis Candelaresi
”Noche por
medio tendremos que manejarnos como el Ejército de los Andes: mientras haya yerba y
galleta, seguiremos adelante”, ironizó ayer en declaraciones radiales Fernando
Petrella, embajador argentino ante las Naciones Unidas. Con esta humorada, el funcionario
aludió a la crisis de recursos que enfrentan las sedes diplomáticas argentinas, y que el
miércoles provocó una protesta de muchos delegados del gobierno en el extranjero. Según
el secretario de Relaciones Institucionales de Guido Di Tella, Daniel Castruccio,
Economía ofreció atender el reclamo haciendo un giro de emergencia. Pero ese importe no
alcanzará para cubrir los 66 millones de gastos de Cancillería que se devengarán en el
último trimestre de este año, y para los cuales no hay presupuesto asignado.El bache
presupuestario de Cancillería –sobre el que Página/12 informó en exclusiva en su
edición del 22 de octubre pasado– se transformó en un caso testigo de los
padecimientos que los últimos ajustes impusieron a la administración central. Según el
subsecretario de Administración de Di Tella, Miguel Zorraquín, el Ministerio de
Relaciones Exteriores solicitó a Roque Fernández un presupuesto de 360 millones de pesos
para 1999, de los cuales sólo le fueron asignados 289. La situación empeoró cuando
–a raíz del último ajuste de 1000 millones de pesos–, Economía y Jefatura de
Gabinete limitaron los fondos a 264 millones, de los cuales sólo autorizaron a gastar 253
millones.Pero si bien estas restricciones fueron comunes a casi todas las áreas del
Estado, en Cancillería argumentan que desde 1994 a 1999 su presupuesto se encogió un 30
por ciento, mientras que el de la administración central en su conjunto creció un 38 por
ciento.El punto de partida de las restricciones presupuestarias de Cancillería fue la
disminución de la tasa estadística, impuesto cuya recaudación llegó a proveer el 60
por ciento de los recursos necesarios para costear sus gastos. La otra razón de la
debacle es que, desde entonces, el ministerio perdió su independencia administrativa, y
depende de la voluntad de Economía para girarle o no fondos.“Cuando los recursos se
administran exclusivamente con un criterio de caja y lo hace una persona que no conoce las
reales necesidades, es lógico que surjan problemas”, se quejó Zorraquín ante
Página/12. El colaborador (y amigo de Di Tella) intenta pintar con otros datos la
magnitud de las dificultades que le provoca el ajuste. “El 85 por ciento de los
gastos son fijos y, por lo tanto, con el recorte dispuesto a mitad de año nos quitaron la
poca flexibilidad presupuestaria que teníamos”, aseguró.Sin embargo, para el
funcionario de Di Tella, la brecha entre los recursos necesitados y los autorizados no
justifica el desborde de varios embajadores, quienes denunciaron haber sufrido la
interrupción de servicios esenciales, como gas y energía eléctrica, por no haber podido
afrontar el pago de las correspondientes facturas. “Están angustiados porque temen
no disponer en enero de los fondos que Cancillería siempre gira por trimestre,
anticipadamente”, conjeturó Zorraquín, relativizando la queja de los
diplomáticos.Rodolfo Terragno, uno de los hombres en quien Fernando de la Rúa confió la
transición en Cancillería, tomó nota de esos problemas que, de un modo u otro se
transferirán al presupuesto del 2000. El proyecto de Economía, por ejemplo, pautó 29
millones de pesos para cubrir las cuotas que la Argentina adeuda a organismos
internacionales como la Organización de Estados Americanos o las Naciones Unidas que, en
realidad, corresponden a este ejercicio. La Argentina debería cancelar de inmediato esa
obligación pendiente en caso de alguna asamblea internacional, ya que los países que
tienen sus contribuciones impagas pierden el derecho a voto.Ese cuello de botella podría
repetirse el año próximo, ya que el proyecto de ley no aumenta en nada los fondos para
Cancillería. Por ahora, la única decisión de los gobiernos entrante y saliente es
concursar los 422 puestos ocupados por contratados.
Desprocesan a Otrera y Rodríguez El PPP es una pinturita
Por Julio Nudler
En Foetra
están de festejo. La Sala I de la Cámara del Fuero Penal Federal acaba de revocar el
procesamiento del ultramenemista Rogelio Rodríguez y sus compañeros Diógenes Salazar y
Omar Pérez, que habían sido encausados por el juez Adolfo Bagnasco en relación con el
escandaloso manejo del Programa de Propiedad Participada telefónico, un paquete de
acciones de Telefónica y Telecom por un valor de 1500 millones de pesos. También zafa,
por ahora, Wylian Otrera, que como secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, dentro
del equipo Cavallo, protegió con su paraguas a los sindicalistas. De todas formas, la
Cámara no sobreseyó a los cuatro reos: sólo dictó la “falta de mérito”, lo
que implica que Bagnasco deberá seguir investigando. Aun así, el criterio adoptado por
los camaristas no permite abrigar expectativas, ya que ha consistido en aceptar
implícitamente la validez de los sucesivos decretos que fue dictando el Poder Ejecutivo
en relación con el PPP telefónico. En realidad, la historia de este Programa, iniciada
con la privatización de ENTel en 1990 y la celebración del Acuerdo General de
Transferencia (de las acciones clase C) en diciembre de 1992, acumuló una extensísima
serie de irregularidades, la primera y decisiva de las cuales fue la firma de aquel
Acuerdo por personas no habilitadas para hacerlo, dado que carecían de los
imprescindibles mandatos.Dos personajes –que Bagnasco no procesó– jugaron un
papel estratégico en este largometraje inconcluso, que debían plasmar el
“capitalismo social de mercado”. Una de ellas fue el ex ministro de Trabajo
Rodolfo “Chango” Díaz, que tras dejar el Gobierno fue designado director obrero
(por el Programa) en YPF. Otro es Elio Riccitelli, quien era empleado de la consultora de
Wenceslao Bunge (que adquirió celebridad como portavoz de Alfredo Yabrán), asesor del
PPP telefónico y además, como miembro del Departamento Jurídico de Economía, bendecía
con sus dictámenes todo lo actuado.
”Noche por
medio tendremos que manejarnos como el Ejército de los Andes: mientras haya yerba y
galleta, seguiremos adelante”, ironizó ayer en declaraciones radiales Fernando
Petrella, embajador argentino ante las Naciones Unidas. Con esta humorada, el funcionario
aludió a la crisis de recursos que enfrentan las sedes diplomáticas argentinas, y que el
miércoles provocó una protesta de muchos delegados del gobierno en el extranjero. Según
el secretario de Relaciones Institucionales de Guido Di Tella, Daniel Castruccio,
Economía ofreció atender el reclamo haciendo un giro de emergencia. Pero ese importe no
alcanzará para cubrir los 66 millones de gastos de Cancillería que se devengarán en el
último trimestre de este año, y para los cuales no hay presupuesto asignado.El bache
presupuestario de Cancillería –sobre el que Página/12 informó en exclusiva en su
edición del 22 de octubre pasado– se transformó en un caso testigo de los
padecimientos que los últimos ajustes impusieron a la administración central. Según el
subsecretario de Administración de Di Tella, Miguel Zorraquín, el Ministerio de
Relaciones Exteriores solicitó a Roque Fernández un presupuesto de 360 millones de pesos
para 1999, de los cuales sólo le fueron asignados 289. La situación empeoró cuando
–a raíz del último ajuste de 1000 millones de pesos–, Economía y Jefatura de
Gabinete limitaron los fondos a 264 millones, de los cuales sólo autorizaron a gastar 253
millones.Pero si bien estas restricciones fueron comunes a casi todas las áreas del
Estado, en Cancillería argumentan que desde 1994 a 1999 su presupuesto se encogió un 30
por ciento, mientras que el de la administración central en su conjunto creció un 38 por
ciento.El punto de partida de las restricciones presupuestarias de Cancillería fue la
disminución de la tasa estadística, impuesto cuya recaudación llegó a proveer el 60
por ciento de los recursos necesarios para costear sus gastos. La otra razón de la
debacle es que, desde entonces, el ministerio perdió su independencia administrativa, y
depende de la voluntad de Economía para girarle o no fondos.“Cuando los recursos se
administran exclusivamente con un criterio de caja y lo hace una persona que no conoce las
reales necesidades, es lógico que surjan problemas”, se quejó Zorraquín ante
Página/12. El colaborador (y amigo de Di Tella) intenta pintar con otros datos la
magnitud de las dificultades que le provoca el ajuste. “El 85 por ciento de los
gastos son fijos y, por lo tanto, con el recorte dispuesto a mitad de año nos quitaron la
poca flexibilidad presupuestaria que teníamos”, aseguró.Sin embargo, para el
funcionario de Di Tella, la brecha entre los recursos necesitados y los autorizados no
justifica el desborde de varios embajadores, quienes denunciaron haber sufrido la
interrupción de servicios esenciales, como gas y energía eléctrica, por no haber podido
afrontar el pago de las correspondientes facturas. “Están angustiados porque temen
no disponer en enero de los fondos que Cancillería siempre gira por trimestre,
anticipadamente”, conjeturó Zorraquín, relativizando la queja de los
diplomáticos.Rodolfo Terragno, uno de los hombres en quien Fernando de la Rúa confió la
transición en Cancillería, tomó nota de esos problemas que, de un modo u otro se
transferirán al presupuesto del 2000. El proyecto de Economía, por ejemplo, pautó 29
millones de pesos para cubrir las cuotas que la Argentina adeuda a organismos
internacionales como la Organización de Estados Americanos o las Naciones Unidas que, en
realidad, corresponden a este ejercicio. La Argentina debería cancelar de inmediato esa
obligación pendiente en caso de alguna asamblea internacional, ya que los países que
tienen sus contribuciones impagas pierden el derecho a voto.Ese cuello de botella podría
repetirse el año próximo, ya que el proyecto de ley no aumenta en nada los fondos para
Cancillería. Por ahora, la única decisión de los gobiernos entrante y saliente es
concursar los 422 puestos ocupados por contratados.