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 Un joven
deficiente mental, detenido desde hace 14 meses en la Cárcel de Encausados de Córdoba,
fue condenado a cinco años de prisión por “robo calificado” y el fallo
provocó una fuerte polémica porque un informe pericial previo daba a entender que el
acusado ni siquiera estaría en condiciones mentales y físicas de cometer el hecho que se
le imputa. La familia de Rubén Darío Colazo, de 21 años, rechazó la condena
argumentando que lo acusaron “de haber salido a robar en moto y con un arma”,
cuando el joven “no puede dominar bien sus manos”, afirmó su mamá, Petrona
González. La opinión coincide con una pericia de la Dirección Técnica Penitenciaria y
Criminológica, dependiente del Servicio Penitenciario, que precisó que Colazo debe ser
ayudado por otros internos para realizar “quehaceres elementales” y
“menesteres personales”. Frente a las críticas, el secretario de Derechos
Humanos, Guillermo Johnson, estimó que “seguramente se va a disponer el traslado a
un centro médico donde pueda mejorar su situación”, cuando los jueces difundan el
fundamento de la sentencia. Colazo fue detenido en setiembre del año pasado en el barrio
Yapeyú de la ciudad de Córdoba, donde vivía con su familia, luego que se produjera un
robo a mano arma. Según la versión familiar, él salió a la calle y quedó en medio del
tiroteo. “Como es muy miedoso, trató de correr al escuchar los tiros y los tres
policías que habían llegado lo detuvieron a él”, aseguró María Elena Colazo,
hermana del joven. A pesar de las deficiencias mentales, la Cámara Tercera del Crimen lo
condenó a cinco años, por decisión de la sala unipersonal a cargo de Santiago Idiarte.
Raúl Cabrera Paulí, defensor de oficio de Colazo, aclaró que durante el juicio
–presenciado por el acusado, aunque nadie pueda precisar si entendió cabalmente lo
ocurrido– se le practicaron tres pericias, dos psiquiátricas y una psicológica. Los
exámenes determinaron que sufre de oligofrenia, pero “de todos modos puede
comprender la criminalidad de sus actos”. Los peritos dijeron que es “un caso
académico de imputabilidad disminuida”, condición que no alcanza para declararlo
inimputable. El defensor consideró, igual que el Servicio Penitenciario, que la cárcel
“no es el lugar adecuado” para una persona con las características del joven
Colazo. El penalista cordobés Carlos Hairabedian, al ser consultado por la prensa,
sostuvo que en la actualidad “hay una evidente crisis de peritajes en la Justicia
argentina”. Estimó que “las pericias se realizan de manera absolutamente
superficial, constituyéndose en un acto de desprecio hacia la persona”. Opinó que
en el caso debería haber actuado un perito de parte “para ejercer un debido control,
pero si los familiares no tienen para el abogado, menos van a poder pagarle a un
perito”. Las pruebas con las que fue condenado Colazo también despiertan dudas. Por
ejemplo, nunca apareció el arma que supuestamente llevaba el día del robo. Ni Colazo ni
su familia tenían antecedentes delictivos y nunca encontraron en su poder ninguno de los
objetos robados. María del Carmen Sánchez, directora de la escuela nocturna para adultos
República del Paraguay, a la que Colazo concurrió fugazmente durante los años 1996 y
1997, presentó un informe donde también se pone en duda su capacidad para realizar el
robo que se le adjudica. “No podía correr cuando quería compartir juegos o
deportes”, dice el informe. Agrega que “le costaba bastante entender consignas y
no lograba asimilar las enseñanzas, lo que hizo que sólo aprendiera algunos grafismos,
sin conseguir la asociación con el nombre”. De todos modos, ni siquiera podía
retener las enseñanzas y “al día siguiente olvidaba todo”. La directora de la
escuela opinó que “su edad mental sería de alrededor de tres o cuatro años para el
aprendizaje”. También se recalca que tenía “buen carácter y carecía de
agresividad” porque “generalmente era sumiso y prefería jugar con alumnos de
menor edad”. Una investigación realizada por el diario La Voz del Interior, de
Córdoba, reveló que en la cárcel de Villa María hay dos internos, Ramón Rivero y
Jorge Carmona, que están presos pese a que fueron declarados inimputables por la
Justicia.
LE NEGARON EL ARRESTO DOMICILIARIO
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