POR PRIMERA VEZ, UN TRIBUNAL DE ETICA JUZGO LA ACTUACION DE
POLICIAS Al banquillo por no dominar la tropa
Integrado por un
abogado y dos miembros retirados de la fuerza, ayer funcionó por primera vez el Tribunal
de Etica de la Bonaerense, que juzga faltas graves del personal. Esta vez fueron dos
comisarios que no impidieron que policías abuchearan a un funcionario.
El
comisario Miguel Angel Márquez, enfrentado al Tribunal de Etica que lo juzga.“El
sentimiento del personal no se puede contener”, dijo al explicar los abucheos
policiales.
Por Cristian Alarcón
A menos de un mes
del aterrizaje de Aldo Rico en el Ministerio de Seguridad bonaerense, la reforma iniciada
por León Arslanian intenta continuar como si el horizonte se mostrase diáfano. Sobre
modernas butacas funcionó ayer por primera vez un Tribunal de Etica de la policía
bonaerense, integrado por un abogado y dos miembros retirados de la fuerza hace más de
una década, cuya función es juzgar en procesos orales y públicos las faltas
administrativas graves del personal. El Tribunal depende de la aún flamante Oficina de
Control de Corrupción y Abuso Funcional, creada por la ley que reestructuró la
bonaerense. Los jueces pueden castigar con la exoneración o cesantía a los policías que
hayan cometido irregularidades desde marzo de este año y entre los casos que llegarían
al nuevo estrado provincial figura también la masacre de Ramallo. Los policías
–como los dos comisarios que estrenaron ayer la sala de audiencias– son acusados
por un auditor de Asuntos Internos que cumple la función de fiscal y defendidos por un
compañero de armas o por un abogado. Ayer, por si acaso, los debutantes no se anduvieron
con chicas: eligieron como centauro a Federico Pinto Kramer, el abogado del militar
golpista paraguayo Lino Oviedo. A fines de marzo, en menos de un día y medio, tres
policías morían en enfrentamientos con ladrones, entre ellos el cabo Salomón Stambulli,
baleado en la nuca por dos menores dentro de un patrullero en San Fernando. Fue en su
funeral que la resistencia interna a la gestión de la reforma se hizo sentir. Cuando
enterraban su féretro y se leyó la resolución de su ascenso post mortem firmada por
Arslanian, los policías que había entre los deudos no se privaron los
“insultos”: gritaron “zurdo” y “montonero”. Después el
secretario de Seguridad, Alberto Beraldi, quiso entregar los atributos policiales –la
gorra y la bandera– a los familiares de Stambulli y la tropa estalló en silbidos y
abucheos. Beraldi terminó ese día yéndose por un costado del cementerio y cuatro meses
más tarde se iría de forma parecida de su cargo junto a Arslanian. Recién comenzaba a
funcionar la Oficina de Control, de la que dependen el Tribunal y las Auditorías de
Asuntos Internos. Son los auditores los que instruyen las causas administrativas y si
logran elementos suficientes para acusaciones graves las elevan a juicio oral. Entre marzo
y noviembre han acumulado alrededor de 520 expedientes. La mayoría de ellos por presuntos
excesos en tiroteos con ladrones. En el caso de los abucheos a Beraldi, el auditor Fabián
González consideró grave que los jefes de la Departamental Conurbano Norte
–superiores inmediatos de los desacatados-, el comisario mayor Antonio Rodríguez y
su segundo, el comisario inspector Miguel Angel Márquez, no hayan “evitado o
sancionado la insubordinación”. Apenas sucedidos los silbidos, fueron pasados a
disponibilidad preventiva. Y antes de que Beraldi dejase el ministerio volvieron a cumplir
funciones. Rodríguez es auxiliar de coordinación de operativos de Jefaturas
Departamentales. Márquez es subjefe de la Departamental San Nicolás. El fiscal pidió
entre 10 y 15 días de arresto. La sentencia será el lunes.Retacón, bronceado, de traje
azul y camisa a lunares, el comisario Rodríguez contó ayer que él escuchó cuando al
ser mencionado Arslanian alguien preguntó “¿dónde está? ¡No ves que nosotros
somos números para éstos!”. Pero aseguró que no pudo identificar quién. “Mi
baja estatura no me permitió ver más allá de la gente”, dijo, con una excusa
similar a la que después usó Márquez. Rodríguez contó que el personal de su
departamental se había mostrado “inquieto” desde el día anterior a la
ceremonia “porque atribuían la muerte de su compañero a un exceso de trabajo, ya
que cumplían turnos de 16 horas”. –¿Le pareció un acto de indisciplina que
abuchearan y silbaran al secretario? –lo interrogó el auditor.–Fue un acto
bochornoso –contestó el comisario.–¿Usted silbó? –apretó el auditor.
–Ni silbé, ni grité, ni insulté. –¿Y no había forma de evitarlo? Rodríguez
y Márquez consideraron que no. Pero el alegato final de la fiscalía se basó en que
ambos reconocieron en sus declaraciones que habían hablado con policías molestos por la
muerte de Stambulli. “Tenían la responsabilidad de disponer para el funeral un
procedimiento preventivo acorde con la situación”, dijo el auditor. En su
declaración Márquez criticó la auditoría y dijo que al haber pasado a disponibilidad
preventiva los “destruyeron moralmente”. Dijo que tuvo que esconderse “como
un refugiado” de sus vecinos que lo creían un delincuente al no verlo con uniforme,
y que se sintió “como un leproso” porque no quería mostrarse con sus
compañeros para no mancharlos. Como una diatriba en su defensa, apuntó: “Primero:
que las leyes no están acordes al nivel de violencia que hay. Segundo: que el sentimiento
del personal no se puede contener. Tercero: que el reclamo del personal es justo”.
Argumentos de la defensa
“Primero quiero aclararles que acá se juzga a dos oficiales de calidad
superlativa que no pertenecieron a lo que se llamó la maldita policía”. Federico
Pinto Kramer, el abogado defensor de los dos comisarios juzgados ayer por el Tribunal de
Etica de la bonaerense en su alegato hizo hincapié en el contexto. “Esto –los
abucheos al ex secretario de Seguridad Alberto Beraldi– fue en medio de la rabia y la
bronca contenida, cuando una jueza largaba a los secuestradores y asaltaban bancos a cada
rato”, dijo, sacando a relucir el descontento en la tropa que produjo la decisión de
la jueza de menores María Cristina Piva de Argüelles. El criterio de Pinto Kramer es que
aun para los superiores de los policías que gritaron en contra del funcionario, los
comisarios acusados, era imposible frenar la protesta. “Este es un juicio de reproche
por conductas éticas que no dejan de juzgar conductas humanas. A nadie se le puede pedir
que sea un héroe”. El abogado pidió al Tribunal que tengan en cuenta qué juzgan en
“éste momento en el cual vemos desangrarse a la policía”.
LICITARAN LA CONSTRUCCION DE UNA
CARCEL-FABRICA Presos, pero además obreros
Se trata
de una cárcel donde los internos sean, además, operarios. O de una fábrica donde los
obreros, de alguna manera, paguen su deuda con la Justicia. La primera cárcel-fábrica
del país, que comenzará a funcionar en dos años en la provincia de Buenos Aires, será
también la primera en tener una gestión mixta entre el Estado y una empresa privada. El
gobierno bonaerense trabaja en elaboración de los pliegos para licitar la obra, tras
aprobar la propuesta formulada por un grupo de municipios del sudoeste de la provincia. La
cárcel-factoría estará ubicada en esa zona, en la localidad de Saavedra, y alojará a
unos 500 internos de baja peligrosidad, que percibirán un salario mensual por sus
manufacturas. El ministro de Obras y Servicios Públicos bonaerense, José Antonio Romero,
confirmó que está en elaboración el pliego de bases y condiciones para concursar la
obra. La propuesta se inspira en el modelo de gestión aplicado en España, Francia y
Suecia, donde el Estado concesiona los servicios de alimentación, vestimenta y salud de
los internos a una empresa privada, a cambio del pago de un canon, pero se reserva el
manejo de las medidas de seguridad y el “tratamiento” del detenido. La propuesta
fue elaborada por el denominado “Corredor productivo sudoeste”, un consorcio de
municipios de esa zona de la provincia, entre los que se encuentran Tornquist, Pigüé,
Carmen de Patagones, Villarino, General Lamadrid y Laprida, entre otros. La ciudad de
Saavedra, lugar elegido para concretar el proyecto, es un pueblo donde funcionaban
talleres ferroviarios que quedaron desactivados con el cierre de la red provincial, lo que
originó uno de los mayores índices de desocupación de la provincia.Los autores de la
iniciativa creen que la cárcel –paradójicamente-creará fuentes de trabajo en la
zona: convocará al personal necesario para la construcción y, luego, los agentes del
Servicio Penitenciario –unos 300–, que serán reclutados en el área. “Esta
experiencia, en la que los internos se dignificarán a través del trabajo, permutando
castigo por producción, coadyuvará a modificar el sistema carcelario vigente”,
afirmó el ministro Romero.La subsecretaria de Justicia, María del Carmen Falbo, precisó
a Página/12 que el futuro penal estará destinado a presos con condena, de baja
peligrosidad y con buena conducta. Serán derivados allí por orden del juez. “La
posibilidad de trabajar y recibir una remuneración apunta a que el detenido pueda ayudar
a su familia y contar con un ahorro para cuando salga de la cárcel, hasta su
reinserción”, explicó Falbo. Aún no está definido qué se fabricará en la futura
cárcel. Para el director de Arquitectura de la provincia, Horacio Pérez, “eso
depende de la propuesta que hagan los oferentes. Hasta ahora hay un solo interesado: una
empresa constructora que propone elaborar bloques de hormigón para pavimentos y paneles
premoldeados para construir viviendas”.
A menos de un mes
del aterrizaje de Aldo Rico en el Ministerio de Seguridad bonaerense, la reforma iniciada
por León Arslanian intenta continuar como si el horizonte se mostrase diáfano. Sobre
modernas butacas funcionó ayer por primera vez un Tribunal de Etica de la policía
bonaerense, integrado por un abogado y dos miembros retirados de la fuerza hace más de
una década, cuya función es juzgar en procesos orales y públicos las faltas
administrativas graves del personal. El Tribunal depende de la aún flamante Oficina de
Control de Corrupción y Abuso Funcional, creada por la ley que reestructuró la
bonaerense. Los jueces pueden castigar con la exoneración o cesantía a los policías que
hayan cometido irregularidades desde marzo de este año y entre los casos que llegarían
al nuevo estrado provincial figura también la masacre de Ramallo. Los policías
–como los dos comisarios que estrenaron ayer la sala de audiencias– son acusados
por un auditor de Asuntos Internos que cumple la función de fiscal y defendidos por un
compañero de armas o por un abogado. Ayer, por si acaso, los debutantes no se anduvieron
con chicas: eligieron como centauro a Federico Pinto Kramer, el abogado del militar
golpista paraguayo Lino Oviedo. A fines de marzo, en menos de un día y medio, tres
policías morían en enfrentamientos con ladrones, entre ellos el cabo Salomón Stambulli,
baleado en la nuca por dos menores dentro de un patrullero en San Fernando. Fue en su
funeral que la resistencia interna a la gestión de la reforma se hizo sentir. Cuando
enterraban su féretro y se leyó la resolución de su ascenso post mortem firmada por
Arslanian, los policías que había entre los deudos no se privaron los
“insultos”: gritaron “zurdo” y “montonero”. Después el
secretario de Seguridad, Alberto Beraldi, quiso entregar los atributos policiales –la
gorra y la bandera– a los familiares de Stambulli y la tropa estalló en silbidos y
abucheos. Beraldi terminó ese día yéndose por un costado del cementerio y cuatro meses
más tarde se iría de forma parecida de su cargo junto a Arslanian. Recién comenzaba a
funcionar la Oficina de Control, de la que dependen el Tribunal y las Auditorías de
Asuntos Internos. Son los auditores los que instruyen las causas administrativas y si
logran elementos suficientes para acusaciones graves las elevan a juicio oral. Entre marzo
y noviembre han acumulado alrededor de 520 expedientes. La mayoría de ellos por presuntos
excesos en tiroteos con ladrones. En el caso de los abucheos a Beraldi, el auditor Fabián
González consideró grave que los jefes de la Departamental Conurbano Norte
–superiores inmediatos de los desacatados-, el comisario mayor Antonio Rodríguez y
su segundo, el comisario inspector Miguel Angel Márquez, no hayan “evitado o
sancionado la insubordinación”. Apenas sucedidos los silbidos, fueron pasados a
disponibilidad preventiva. Y antes de que Beraldi dejase el ministerio volvieron a cumplir
funciones. Rodríguez es auxiliar de coordinación de operativos de Jefaturas
Departamentales. Márquez es subjefe de la Departamental San Nicolás. El fiscal pidió
entre 10 y 15 días de arresto. La sentencia será el lunes.Retacón, bronceado, de traje
azul y camisa a lunares, el comisario Rodríguez contó ayer que él escuchó cuando al
ser mencionado Arslanian alguien preguntó “¿dónde está? ¡No ves que nosotros
somos números para éstos!”. Pero aseguró que no pudo identificar quién. “Mi
baja estatura no me permitió ver más allá de la gente”, dijo, con una excusa
similar a la que después usó Márquez. Rodríguez contó que el personal de su
departamental se había mostrado “inquieto” desde el día anterior a la
ceremonia “porque atribuían la muerte de su compañero a un exceso de trabajo, ya
que cumplían turnos de 16 horas”. –¿Le pareció un acto de indisciplina que
abuchearan y silbaran al secretario? –lo interrogó el auditor.–Fue un acto
bochornoso –contestó el comisario.–¿Usted silbó? –apretó el auditor.
–Ni silbé, ni grité, ni insulté. –¿Y no había forma de evitarlo? Rodríguez
y Márquez consideraron que no. Pero el alegato final de la fiscalía se basó en que
ambos reconocieron en sus declaraciones que habían hablado con policías molestos por la
muerte de Stambulli. “Tenían la responsabilidad de disponer para el funeral un
procedimiento preventivo acorde con la situación”, dijo el auditor. En su
declaración Márquez criticó la auditoría y dijo que al haber pasado a disponibilidad
preventiva los “destruyeron moralmente”. Dijo que tuvo que esconderse “como
un refugiado” de sus vecinos que lo creían un delincuente al no verlo con uniforme,
y que se sintió “como un leproso” porque no quería mostrarse con sus
compañeros para no mancharlos. Como una diatriba en su defensa, apuntó: “Primero:
que las leyes no están acordes al nivel de violencia que hay. Segundo: que el sentimiento
del personal no se puede contener. Tercero: que el reclamo del personal es justo”.