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 El martes,
el comandante en jefe del ejército chileno, el general Ricardo Izurieta, lanzó una
crítica en tono de advertencia contra el “desfile de militares ante los
tribunales”. Ayer, las repercusiones tuvieron tono de alarma. La bancada socialista
de la Cámara de Diputados pidió al ministro de Defensa chileno, Edmundo Pérez Yoma, que
cite a Izurieta “para hacerle ver que está entrometiéndose en las decisiones de un
poder del Estado y poniendo en riesgo su institucionalidad”. Los sectores
parlamentarios pinochetistas respaldaron al jefe del ejército, al asegurar que el
procesamiento de militares “crea un clima de inseguridad y tensión en las Fuerzas
Armadas”. Pero el gobierno salió a relativizar el grado de malestar castrense.
“Estos comentarios no son nuevos. Es sabido el sentir del ejército frente a esta
materia”, salió a calmar el ministro del Interior, Raúl Troncoso. El portavoz del
gobierno, Carlos Mladinic, coincidió en que la situación no es grave, aunque aclaró que
“toda decisión judicial debe ser aceptada y respetada”. Sin embargo, los
diputados del Partido Socialista -uno de los principales miembros en el gobierno de la
Concertación–, entre ellos Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende,
alertaron sobre el significado de las palabras de Izurieta. “Si el desfile judicial
de militares de menor rango molesta al jefe del ejército, el país se pregunta si eso va
a ser posible con el general Pinochet”, disparó el diputado Jaime Naranjo. La
posibilidad de enjuiciar a Pinochet fue una de las garantías que presentó el gobierno
chileno hace más de un mes para pedir a Londres la liberación del ex dictador por
razones humanitarias. El viernes, el ministro británico del Interior, Jack Straw,
adelantó que considerará esa solicitud después de someter a Pinochet a nuevos exámenes
médicos. El embajador chileno en Londres, Pablo Cabrera, confirmó ayer que el ex
dictador aceptó realizarse los estudios, que en principio están previstos para la semana
que viene. Si Pinochet es liberado, deberá enfrentar medio centenar de querellas que lo
espera en Santiago “con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro
chileno”, garantizó el canciller Juan Gabriel Valdés. Ayer, el juez que lleva
adelante 30 de esas querellas, Juan Guzmán Tapia, reveló que decidió postergar hasta
enero del 2000 el pedido de desafuero parlamentario del senador vitalicio para lograr su
extradición a Chile.
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