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 La Corte
Suprema colombiana aprobó ayer la extradición a Estados Unidos de un capo del
narcotráfico, el venezolano José Flores Garmedia (capturado en Colombia), sólo un día
después de que otro tribunal colombiano decidiera extraditar al narco colombiano José
Jaime Lara Nausa. El fallo contra Lara fue considerado ayer un posible motivo del atentado
del martes en Bogotá con una bomba de alto poder. La posibilidad de que los carteles
estén organizando una ola de atentados para frenar las extradiciones llevó ayer al
ministro de Justicia colombiano, Rómulo González, a amenazar con “extraditarlos a
todos” si lo hacían. El proceso de paz del gobierno con la guerrilla registró un
avance luego de que el Alto Comisionado para la Paz, Víctor Ricardo, revelara que estaba
analizando cuánto territorio de un área desmilitarizada entregarle al Ejército de
Liberación Nacional (ELN, guevarista, la segunda guerrilla del país) para entablar
negociaciones. El anuncio de Ricardo reveló un cambio importante en la actitud de
Bogotá, que anteriormente se había negado terminantemente a ceder una “zona de
distensión” al ELN semejante a la que ya tienen, y del tamaño de Suiza, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas). La declaración confirmó al líder
del ELN, Pablo Beltrán, que el martes había proclamado que el gobierno ya aceptó
desmilitarizar un área en el norte del país. El ELN no baja las armas y ayer secuestró
a siete periodistas gráficos y televisivos en el Nevado de Santa Marta, al norte del
país. En contraste con este progreso, las negociaciones del gobierno con la guerrilla
marxista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parecen estar en peligro. El
servicio secreto colombiano informó ayer que las FARC preparaban una ofensiva contra
Bogotá. Y entregó a los medios una serie de órdenes supuestamente interceptadas a las
FARC para probarlo. Como si esto fuera poco, el Ejército colombiano anunció ayer haber
abatido a “un alto jefe de las FARC”. En Colombia, sin embargo, la atención no
se concentró ayer en estos desarrollos, sino que estuvo dominada por las especulaciones
sobre la autoría del atentado del martes en la capital. Según el comandante de la
policía de Bogotá, general Argemiro Serna, la bomba contenía al menos seis kilos de
indugel, un explosivo muchas veces más potente que la dinamita. Fue colocado junto a un
poste de luz en la esquina de un sector residencial de la capital colombiana, cerca de una
ruta frecuentemente transitada por altos jefes militares y policiales del gobierno. Tres
funcionarios fueron heridos por la explosión. Aunque se mencionó la posibilidad de que
los autores del atentado hayan sido grupos guerrilleros o paramilitares, la principal
sospecha recayó sobre los carteles del narcotráfico. El ataque despertó ecos de la ola
de atentados narcoterroristas de 1997, que buscó sin éxito impedir la ratificación de
la reforma constitucional que permitió la extradición de criminales colombianos.
Colombia tiene actualmente en sus manos a 44 narcos buscados por Estados Unidos, por lo
que los carteles podrían estar intentando intimidar al gobierno para evitar su
extradición. Este alto número de narcos en prisión dio fuerza ayer a la amenaza del
gobierno de “extraditarlos a todos” si se registraban más atentados. En lo que
se refiere a las extradiciones, el presidente colombiano Andrés Pastrana parece estar a
mitad de camino entre ceder al poder del narcotráfico colombiano y a las demandas de
Estados Unidos. El diario colombiano El Tiempo reveló ayer que el Departamento de Estado
norteamericano le comunicó hace cinco meses que, “si en marzo del 2000 quería la
certificación plena sobre la lucha antidrogas, debería extraditar a narcos colombianos
antes de que terminara el milenio”. Si un país no consigue esta
“certificación”, perdería la ayuda financiera de Estados Unidos, a cuyo
gobierno Pastrana ya le pidió 1500 millones de dólares.
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