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 Pese a lo
que muchos piensan, Fernando de la Rúa no está en una posición de debilidad frente a un
mapa político de la Argentina gobernado por una abrumadora mayoría de justicialistas. No
hay mejor instrumento de negociación para el presidente en ese intrincado tablero
político que la desesperación de los gobernadores para hacerse de fondos frescos para
pagar los sueldos públicos y refinanciar abultadas deudas. Este instrumento se ha
potenciado en los últimos dos años, como consecuencia de la recesión y la crisis
financiera internacional. Desde esta posición de fuerza es que De la Rúa se anima, con
el aval del Fondo Monetario, a barajar sobre la mesa, por primera vez en un país federal,
el proyecto de que un organismo de carácter federal audite la cuentas provinciales (ver
aparte).En los últimos años, no hay gobernador, por más importante que sea, que no haya
desfilado por los despachos de Economía para pedir que le destraben fondos indispensables
para la provincia o para solicitar que los funcionarios de Roque Fernández los ayuden a
conseguir mejores tasas en los préstamos que negocian con los bancos.El déficit fiscal
de las provincias viene creciendo desde 1997, cuando gracias a la reactivación postequila
alcanzó un piso histórico. Los 500 millones de rojo de ese año se convirtieron en 1870
millones el año pasado y este año el agujero fiscal superará los 2900 millones de
pesos, unos mil millones más de la meta indicativa que el FMI había dejado por escrito
en el acuerdo firmado con el gobierno nacional. No sólo las elecciones tuvieron que ver
con el desborde sino también el derrumbe de la recaudación a causa de la
recesión.¿Cómo se financia el bache? Con créditos aportados fundamentalmente por
bancos privados. El problema es que la bola del endeudamiento provincial, a tasas siempre
superiores a las que paga la Nación, ya llegó a un límite insoportable para muchas de
esas administraciones. La deuda del conjunto de las provincias llega actualmente a los
18.280 millones de pesos, desagregados de la siguiente manera: 5800 millones son créditos
con bancos; 4200 millones, títulos provinciales; 3200 millones con organismos
internacionales (Banco Mundial, BID); 2800 millones es “deuda flotante” (no
documentada), y el resto son diversos instrumentos financieros emitidos por las
provincias. Para los bancos prestar a los gobernadores es un negocio redondo. La razón es
simple: cuanto más problemas fiscales afronta la provincia, más jugosa es la tasa a
cobrar porque, supuestamente, ésta refleja el riesgo de insolvencia de la administración
en cuestión. Sin embargo, para el banco no hay riesgo alguno, porque los préstamos se
otorgan contra garantía de la coparticipación federal de impuestos. La coparticipación
no es otra cosa que los ingresos tributarios que colecta la Nación a cuenta de la
provincias. Por lo tanto, los recursos para pagar capital e intereses de los créditos se
deducen automáticamente de esta cuenta de las provincias en el Banco Nación, sin que el
gobernador en cuestión pueda hacer otra cosa que resignarse a contar los fondos que le
quedaron, después de la deducción. En muchos casos, la tajada que se apropian los
acreedores de la coparticipación es tal que la provincia sólo se financia con los
impuestos o tasas locales y con nuevos préstamos. En el 2000, el conjunto de las
provincias deberá financiar, además de sus déficit operativos, la bola de nieve de la
deuda: 1891 millones en concepto de capital y 1283 millones en intereses. Esta carga será
tan difícil de afrontar que en el equipo aliancista, conducido por José Luis Machinea,
se llegó a pensar en la posibilidad de un “plan Brady” provincial. Esa idea no
prosperó por dos motivos. Por un lado, los organismos internacionales de crédito no
están dispuestos a financiar un programa de esas características. Por el otro, la
situación fiscal y de endeudamiento es muy diferente según la provincia. Por eso,
justamente, la estrategia de Machinea en el futuro será, como le sugirieron
porexperiencia propia desde el equipo de Roque, negociar provincia por provincia.Así,
para cada gobernador, Machinea deberá encontrarle a De la Rúa un palo y una zanahoria
con la que negociar. Así, los gobernadores “opositores” de Jujuy, Formosa,
Corrientes, Tucumán, Tierra del Fuego y Neuquén, y los “oficialistas” de
Chaco, Catamarca, Río Negro y Chubut, afrontan situaciones con denominadores comunes:
entre el 80 y 100 por ciento de la coparticipación está “embargada” por los
bancos y tienen dificultades para pagar los sueldos estatales. Las “grandes”,
como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, si bien tienen elevadas necesidades de
financiamiento, hasta hoy no han encontrado mayores problemas para conseguir los fondos en
el mercado. Pero todavía soportan un déficit crónico en sus cajas previsionales y
necesitan salir bien paradas de la negociación del futuro proyecto de coparticipación.
Sea como fuere, Machinea desempolvó ayer un proyecto que el equipo de Fernández ya
había considerado. Consiste en crear una instancia a nivel nacional para monitorear el
gasto provincial. Los gobernadores se plantaron y dijeron que no. Pero, De la Rúa sabe
que, tarde o temprano, así como él negociará con el FMI, los gobernadores también
deberán ceder.
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