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En La Rioja, Menem lo hizo: jubilados jóvenes y ricos

El presupuesto nacional prevé 39 millonesde pesos para pagar jubilaciones. LaAlianza quiere frenar el despilfarro.

El gobernador de La Rioja, Angel Mazza, quiere que De la Rúa comprenda el privilegio de ser riojano.

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t.gif (862 bytes)  Si nada logra alterar los planes de Carlos Menem y del gobernador de su provincia natal, Angel Mazza, el presupuesto nacional para el año 2000 incluirá la friolera de unos 39 millones de pesos destinados a La Rioja para el pago de jubilaciones especiales y de privilegio. “Hay que frenar esto”, planteó ayer el diputado aliancista Darío Alessandro, y dijo que el gobierno entrante tiene la posibilidad de anular la disposición por ley o por decreto. Alessandro señaló, además, que para algunos empleados públicos riojanos el único requisito para acceder a una jubilación del 72 por ciento móvil es contar con entre 15 y 20 años de servicio. De esta manera, estarían en condiciones de jubilarse entre los 35 y los 40 años. Precavido, el gobernador riojano le hizo saber el miércoles pasado al presidente electo, Fernando de la Rúa, en una reunión en la que también participó Eduardo Menem, que es su mayor deseo mantener el sistema jubilatorio actual. Pero el futuro mandatario no parece estar dispuesto a hacer concesiones en este terreno. En cambio, está evaluando la posibilidad de derogar por decreto, después de asumir el 10 de diciembre, el convenio firmado este año por el cual el Estado nacional se comprometió a incorporar un aporte no reintegrable a favor de La Rioja en los proyectos de presupuesto nacional sucesivos para pagar los regímenes de privilegio que la provincia no puede soportar con sus propias finanzas. Este convenio que transfirió el sistema de previsión social riojano al Estado nacional se firmó el 6 de julio de este año en un encuentro a puertas cerradas en el que participaron, además de Mazza, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez; el ministro del Interior, Carlos Corach; el ministro de Economía, Roque Fernández, y el de Trabajo, José Uriburu. El 19 del mismo mes en el Boletín Oficial apareció un decreto firmado por Menem que ratificaba el convenio. Según el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, firmado en agosto de 1993, los costos derivados de cualquier modificación que alguna provincia efectuara en su régimen de jubilaciones deberían quedar a su cargo. Lo mismo ratificaron convenios posteriores. Sin embargo, los regímenes de jubilaciones especiales para la Universidad de La Rioja, la empresa de obras sanitarias de la provincia y la empresa de energía local (que fueron posteriores) pasaron por decreto a la órbita del presupuesto nacional. Las leyes jubilatorias correspondientes a esos organismos riojanos posibilitan que, por ejemplo, “con el solo requisito de tener entre 15 y 20 años de servicio, sin límite de edad, se puede acceder a una jubilación por el 72 por ciento móvil, y con más de 20 años por el 82 por ciento móvil”, señaló ayer Alessandro, que integra la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. En realidad, el proyecto de presupuesto especifica que 1912 millones de pesos están destinados a jubilaciones pero, según señaló Alessandro, no figura individualizado el monto a favor de La Rioja del que debería hacerse cargo el Estado. No obstante, de acuerdo con los cálculos del legislador, la cifra estaría rondando los 39 millones de pesos. “Frenar esto no es simplemente sacar del Presupuesto los 39 millones”, advirtió Alessandro. “Estamos hablando de un presupuesto y de un déficit muy importante para el año que viene –dijo–. Se está pensando generar nuevos impuestos y tenemos que revisar si todos los gastos de este presupuesto están justificados”.

 


 

DENUNCIA CONTRA ALDERETE Y UN DIRECTOR DEL PAMI
Un psicópata de rápida recuperación

Por Romina Calderaro

t.gif (862 bytes) “Alteración psicopática de base que se convirtió en una verdadera psicosis. Ilusiones de tipo persecutorio y alucinaciones intrapsíquicas de características persecutorias.” Ese era el diagnóstico médico que en 1985 le permitió a Elpidio González cobrar una pensión de 4800 pesos mensuales por invalidez. Dueño de una admirable capacidad de recuperación, González se incorporó en 1997 al directorio del PAMI, donde cobra siete mil pesos mensuales. Pero olvidó un detalle: dar de baja la pensión. La ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, radicó ayer una denuncia contra González y el titular del PAMI, Víctor Alderete, por defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos, falsificación de certificados médicos y encubrimiento. También solicitó la intervención judicial del PAMI por la falta de prestaciones.Oliveira presentó la denuncia en el juzgado de Gustavo Literas y comentó que será ampliada a todos los médicos y funcionarios que actuaron en el expediente. “Si González tiene serios problemas psiquiátricos y es beneficiario de una jubilación por invalidez que aún hoy continúa vigente, no puede integrar el directorio del PAMI”, dijo.La historia empezó en 1985, cuando González, acusado de homicidio en Corrientes, fue declarado inimputable con un diagnóstico de psicosis delirante. “Ahí fue cuando aprovechó para quedar libre en esa causa y pedir una pensión por invalidez”, afirmó Oliveira, quien opinó además que el diagnóstico psiquiátrico de entonces “fue falso”. Aunque en las conclusiones de una auditoría posterior dispuesta por la ANSeS se estableció que “las pruebas médicas tenidas en cuenta en el examen que dio lugar al beneficio han sido insuficientes”, González sigue recibiendo la plata de la pensión por invalidez.Oliveira pidió también a la Justicia Civil y Comercial la intervención del PAMI para garantizar la entrega de medicamentos y otras prestaciones médicas a los beneficiarios de la obra social. También denunció que pese a que existe una medida cautelar que obliga al PAMI a cumplir con sus compromisos, “la demandada no ha procedido a la prestación adecuada de los medicamentos, incurriendo en un abandono de esta prestación, así como también a una cesación de casi todos sus servicios hacia el afiliado”. Según detalló Oliveira, no se están entregando, por ejemplo, “medicamentos para HIV y medicinas en general por falta de pago a las farmacias; servicios de diálisis y de anestesia”.El defensor del Pueblo de la Nación, Juan Carlos Cantero, promovió por su parte una acción de amparo para que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp) brinde la prestación del servicio farmacéutico a sus afiliados en todo el país.

 

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