BUSSI PAGABA SUELDOS A MAESTROS QUE HABIAN MUERTO Para el terrenito en el cielo
El nuevo ministro
de Educación de Tucumán denunció las maniobras por las cuales se pagaban sueldos a
docentes fallecidos, dinero que sobrepasa el millón de pesos y que aún no se sabe
adónde fue.
Black hole: “La plata entraba a un verdadero
agujero negro y terminaba en el bolsillo de un funcionario”, confió a este diario un
operador de Miranda.
Bussi, benefactor de los docentes
fallecidos, deberá enfrentar quizás una nueva causa judicial.
Por Felipe Yapur
Antonio Bussi es
conocido por haber sido el hombre que condujo la represión en Tucumán entre 1975 y 1977.
Muchos son los muertos y desaparecidos que quedaron tras su incursión genocida por esa
provincia. Luego retornó de la mano de la democracia y fue gobernador. Cuando su mandato
culminó el 29 de octubre pasado, otros tantos muertos quedaron tras su gestión. Esta vez
no se trata de hechos represivos, pero sí tienen que ver con la muerte. Según una
auditoría encargada por el gobierno justicialista, durante la gestión del ex dictador
Antonio Bussi la provincia gastó más de un millón de pesos por mes en salarios a
docentes que ya habían muerto. Pero esto no termina aquí, el informe que tiene el nuevo
ministro de Educación, Héctor Carrizo, arrojó resultados sorprendentes y que incluye el
pago de horas cátedras al menos a uno de los ministros de esa cartera mientras ejercía
esa función. Todo esto podría terminar en nuevas causas penales que tendrían como
protagonistas al propio militar y a sus colaboradores más directos.Carrizo, quien supo
ocupar el mismo cargo entre 1973 y 1976 con el entonces gobierno justicialista de Amado
Juri y que fuera derrocado por el propio Bussi, ordenó poco después de asumir una
auditoría. Con ella el funcionario esperaba conocer a ciencia cierta cuál era el estado
del ministerio que recibía. Sabía que el resultado podía contener algunas sorpresas,
pero nunca como las que le informaron los técnicos de la Secretaría de Educación. A los
pagos de haberes a docentes fallecidos se sumó el desvío de material educativo enviado
por la Nación y que terminó en manos de establecimientos escolares privados. La
mecánica que utilizaban los bussistas en el ministerio era, a simple vista, sencilla.
Cada escuela recibía las planillas salariales. Las directoras debían revisarlas para
evitar errores. El caso es que siempre encontraban el nombre de un docente que no
reportaba en el establecimiento. Esa información era devuelta al ministerio y su sueldo,
también. Según el informe que tiene en sus manos el ministro Carrizo, ese salario
devuelto y, para sorpresas de los investigadores, correspondía a un docente fallecido.
“La plata entraba a un verdadero agujero negro y terminaba en el bolsillo de un
funcionario”, confió a este diario un operador del gobierno justicialista.Un asesor
de Miranda aseguró que “la maniobra no podía ser ignorada por el ministro y,
teniendo en cuenta la forma de conducir que tenía Bussi, el entonces gobernador tampoco
puede decir que no estaba al tanto”. Los cálculos realizados por los técnicos del
ministerio son sorprendente: la planilla salarial docente en Tucumán es de 13,5 millones
de pesos, y la administración pública le perdía el rastro a un millón de pesos por
mes. Este mismo asesor anunció la posibilidad de presentar toda esta investigación ante
la Justicia local.La investigación que llevó a cabo el gobierno de Julio Miranda fue
informada por el mismo Carrizo, quien precisó que la administración bussista
“habría pagado haberes a docentes muertos en el orden de un millón de pesos por
mes”, pero se negó a precisar por cuánto tiempo podría haberse producido esta
irregularidad. Esta pérdida de un millón por mes es, al menos, aberrante. Sobre todo
porque durante este último año, los docentes tucumanos llevaron adelante una protesta
gremial contra Bussi que incluyó más de sesenta días de paro por el atraso salarial
que, en algunos casos, alcanzó los tres meses.El detalle más interesante, según fuentes
del propio Miranda, es el pago de horas cátedras a al menos uno de los ministros que tuvo
el ex dictador.Fueron tres los hombres de Bussi que ocuparon ese cargo. El primero de
ellos fue Olegario von Büren. Este ingeniero civil supo ocupar la misma cartera en 1976
cuando Bussi era el dictador de Tucumán. Fue también legislador provincial y se destacó
por utilizar las largas y agobiantes horas de sesión para resolver problemas de física o
para preparar las clases para sus alumnos. Ahora pasa sus días como vocal del ente
provincial regulador de energía eléctrica, un cargo que obtuvo gracias al voto de la
Legislatura que dirigía Raúl Topa.Luego llegó el tiempo de Héctor Partridge, por
entonces rector de la Universidad Católica de esa provincia, la misma que en los años de
Bussi dictador fue dirigida fray Aníbal Fosbery, un hombre que supo cosechar amistades,
entre otros, con el libio Muhamar Khadaffi. El último en ocupar ese cargo fue Jorge
Malmierca, un integrante del riñón bussista quien también sirvió al general ocupando
el cargo de ministro de Gobierno. Según un operador de Miranda, uno de estos tres hombres
“cobró un plus por horas cátedras al mismo tiempo que cumplía con la función de
ministro. Todavía no se pudo determinar cuál es el monto de ese plus”.Pero según
el ministro de Educación justicialista allí no terminó la aventura educativa de Bussi.
El funcionario dijo que “se está investigando el destino de 140 laboratorios de
ciencias enviados por la Nación en el marco del Plan Social Educativo” y destinado a
escuelas públicas de la provincia. El gobierno del PJ sospecha que el bussismo habría
otorgado esos elementos, valuados en dos millones de pesos, a colegios privados.Además,
el nuevo gobierno intentará detectar cuál fue el destino de las computadoras que figuran
en los registros del patrimonio del Estado provincial y que no fueron encontradas por los
nuevos funcionarios del gobierno justicialista, cuando asumieron el poder el pasado 29 de
octubre.Por otra parte, fuentes del mirandismo aseguraron que, en los últimos días de su
mandato, mientras ningún empleado público recibió aún su salario de octubre, Bussi
utilizó 615.000 pesos en abonar sueldos, gastos reservados y reconocimientos a unos 200
funcionarios políticos.Con esta nueva denuncia, Bussi sumará una nueva causa entre las
tantas que cuentas pendientes con la sociedad. Sobre el ex dictador y ex gobernador pesan
denuncias por secuestro de menores durante la dictadura y un juicio por enriquecimiento
ilícito. Bussi ahora pretende escapar a todas estas ocupando una banca en el Congreso
nacional que le otorgue el paraguas protector de los fueros parlamentarios.
“Recontra réquete fundido”
Todos en Tucumán se quejan de la administración bussista. El
vicegobernador, Sisto Terán, no está exento de ello. Buscando una frase para graficar el
estado en que el PJ encontró la provincia, dijo que Bussi la dejó “recontra
réquete y remil fundida”. Pero aclaró que esta situación no significará
desconocer la elevada deuda de Tucumán sino que “tenemos que acomodarnos para
afrontarla”. Terán calificó de “actitudes mañosas, perversas e
irresponsables” las adoptadas por el ex dictador en el último mes de mandato, cuando
decretó el blanqueo de los adicionales que cobran la policía y los empleados judiciales
y viales. “Vamos a tener que afrontar los mamarrachos de este señor (por Bussi),
porque el Estado es una continuidad jurídica”, destacó.
Antonio Bussi es
conocido por haber sido el hombre que condujo la represión en Tucumán entre 1975 y 1977.
Muchos son los muertos y desaparecidos que quedaron tras su incursión genocida por esa
provincia. Luego retornó de la mano de la democracia y fue gobernador. Cuando su mandato
culminó el 29 de octubre pasado, otros tantos muertos quedaron tras su gestión. Esta vez
no se trata de hechos represivos, pero sí tienen que ver con la muerte. Según una
auditoría encargada por el gobierno justicialista, durante la gestión del ex dictador
Antonio Bussi la provincia gastó más de un millón de pesos por mes en salarios a
docentes que ya habían muerto. Pero esto no termina aquí, el informe que tiene el nuevo
ministro de Educación, Héctor Carrizo, arrojó resultados sorprendentes y que incluye el
pago de horas cátedras al menos a uno de los ministros de esa cartera mientras ejercía
esa función. Todo esto podría terminar en nuevas causas penales que tendrían como
protagonistas al propio militar y a sus colaboradores más directos.Carrizo, quien supo
ocupar el mismo cargo entre 1973 y 1976 con el entonces gobierno justicialista de Amado
Juri y que fuera derrocado por el propio Bussi, ordenó poco después de asumir una
auditoría. Con ella el funcionario esperaba conocer a ciencia cierta cuál era el estado
del ministerio que recibía. Sabía que el resultado podía contener algunas sorpresas,
pero nunca como las que le informaron los técnicos de la Secretaría de Educación. A los
pagos de haberes a docentes fallecidos se sumó el desvío de material educativo enviado
por la Nación y que terminó en manos de establecimientos escolares privados. La
mecánica que utilizaban los bussistas en el ministerio era, a simple vista, sencilla.
Cada escuela recibía las planillas salariales. Las directoras debían revisarlas para
evitar errores. El caso es que siempre encontraban el nombre de un docente que no
reportaba en el establecimiento. Esa información era devuelta al ministerio y su sueldo,
también. Según el informe que tiene en sus manos el ministro Carrizo, ese salario
devuelto y, para sorpresas de los investigadores, correspondía a un docente fallecido.
“La plata entraba a un verdadero agujero negro y terminaba en el bolsillo de un
funcionario”, confió a este diario un operador del gobierno justicialista.Un asesor
de Miranda aseguró que “la maniobra no podía ser ignorada por el ministro y,
teniendo en cuenta la forma de conducir que tenía Bussi, el entonces gobernador tampoco
puede decir que no estaba al tanto”. Los cálculos realizados por los técnicos del
ministerio son sorprendente: la planilla salarial docente en Tucumán es de 13,5 millones
de pesos, y la administración pública le perdía el rastro a un millón de pesos por
mes. Este mismo asesor anunció la posibilidad de presentar toda esta investigación ante
la Justicia local.La investigación que llevó a cabo el gobierno de Julio Miranda fue
informada por el mismo Carrizo, quien precisó que la administración bussista
“habría pagado haberes a docentes muertos en el orden de un millón de pesos por
mes”, pero se negó a precisar por cuánto tiempo podría haberse producido esta
irregularidad. Esta pérdida de un millón por mes es, al menos, aberrante. Sobre todo
porque durante este último año, los docentes tucumanos llevaron adelante una protesta
gremial contra Bussi que incluyó más de sesenta días de paro por el atraso salarial
que, en algunos casos, alcanzó los tres meses.El detalle más interesante, según fuentes
del propio Miranda, es el pago de horas cátedras a al menos uno de los ministros que tuvo
el ex dictador.Fueron tres los hombres de Bussi que ocuparon ese cargo. El primero de
ellos fue Olegario von Büren. Este ingeniero civil supo ocupar la misma cartera en 1976
cuando Bussi era el dictador de Tucumán. Fue también legislador provincial y se destacó
por utilizar las largas y agobiantes horas de sesión para resolver problemas de física o
para preparar las clases para sus alumnos. Ahora pasa sus días como vocal del ente
provincial regulador de energía eléctrica, un cargo que obtuvo gracias al voto de la
Legislatura que dirigía Raúl Topa.Luego llegó el tiempo de Héctor Partridge, por
entonces rector de la Universidad Católica de esa provincia, la misma que en los años de
Bussi dictador fue dirigida fray Aníbal Fosbery, un hombre que supo cosechar amistades,
entre otros, con el libio Muhamar Khadaffi. El último en ocupar ese cargo fue Jorge
Malmierca, un integrante del riñón bussista quien también sirvió al general ocupando
el cargo de ministro de Gobierno. Según un operador de Miranda, uno de estos tres hombres
“cobró un plus por horas cátedras al mismo tiempo que cumplía con la función de
ministro. Todavía no se pudo determinar cuál es el monto de ese plus”.Pero según
el ministro de Educación justicialista allí no terminó la aventura educativa de Bussi.
El funcionario dijo que “se está investigando el destino de 140 laboratorios de
ciencias enviados por la Nación en el marco del Plan Social Educativo” y destinado a
escuelas públicas de la provincia. El gobierno del PJ sospecha que el bussismo habría
otorgado esos elementos, valuados en dos millones de pesos, a colegios privados.Además,
el nuevo gobierno intentará detectar cuál fue el destino de las computadoras que figuran
en los registros del patrimonio del Estado provincial y que no fueron encontradas por los
nuevos funcionarios del gobierno justicialista, cuando asumieron el poder el pasado 29 de
octubre.Por otra parte, fuentes del mirandismo aseguraron que, en los últimos días de su
mandato, mientras ningún empleado público recibió aún su salario de octubre, Bussi
utilizó 615.000 pesos en abonar sueldos, gastos reservados y reconocimientos a unos 200
funcionarios políticos.Con esta nueva denuncia, Bussi sumará una nueva causa entre las
tantas que cuentas pendientes con la sociedad. Sobre el ex dictador y ex gobernador pesan
denuncias por secuestro de menores durante la dictadura y un juicio por enriquecimiento
ilícito. Bussi ahora pretende escapar a todas estas ocupando una banca en el Congreso
nacional que le otorgue el paraguas protector de los fueros parlamentarios.