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 Hace ocho
meses que vienen conversando, pero en la reunión que mantuvieron ayer dieron
“puntadas finales” para lo que llaman “esquema de transición”. El
subjefe de Gobierno porteño, Enrique Olivera y el jefe de la Policía Federal, Pablo
Baltazar García, avanzaron mirando más allá del 10 de diciembre, en un acuerdo para que
el ejecutivo de la ciudad maneje desde los primeros días del milenio la Superintendencia
de Seguridad Metropolitana, los cuerpos especiales de la policía –incluyendo la
Montada e Infantería– y la División de Investigaciones, además de designar a un
segundo de la fuerza para que maneje una “nueva y gran área”. Con un cercano
escenario donde habrá sintonía entre los gobiernos porteños y nacional no sería
necesario acelerar el traspaso definitivo de la fuerza. “Dentro de la Federal
existirían dos áreas, una de las cuales incluiría a las 52 comisarías porteñas y la
mayor parte de la estructura existente”, le dijo una alta fuente del Ejecutivo a
Página/12. El encuentro de ayer a la mañana entre García y Olivera dejó claro que no
habrá apuros en la puesta en marcha del esquema de transición que funcionará durante
por lo menos los primeros seis meses 2000. Considerada una reunión informal, sin agendas
de temas y sin toma de decisiones oficiales, la de ayer consistió en un intercambio de
informaciones sobre le funcionamiento de la Superintendencia de Seguridad y el guiño
confirmativo de la Federal a una transición consensuada. “El convenio trata de
mantener el espíritu de cuerpo de la fuerza”, explicó un asesor. En rigor, la
primera valla con que se ha cruzado el gobierno porteño para lograr un traslado de la
policía a su órbita es la ley Cafiero, que prohíbe que la ciudad de Buenos Aires tenga
su propia fuerza de seguridad. Zafar de esa traba en un corto plazo implicaría un
tratamiento acelerado en el Congreso de nuevas leyes, no sólo la ley Cafiero, sino
también la ley orgánica de la Policía Federal. Para implementar el esquema de
transición será suficiente con un decreto del Gobierno nacional que lo ordene. Sería
uno de los primeros que firmaría en su gestión el electo presidente y actual jefe de
Gobierno, Fernando de la Rúa. El gran cambio que significaría la transición para la
estructura actual de la Federal será una división en dos áreas. Por un lado
continuarían dependiendo sólo de la Jefatura y de Interior las delegaciones federales de
todo el país, la Policía Científica, la División de Asuntos Judiciales, la Policía
Internacional y la investigación de los delitos federales como contrabando, narcotráfico
y terrorismo. Del nuevo área y su jefe dependerá la mayor parte de la estructura en la
que están incluidas la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, de la que dependen
las Direcciones de Comisarías, de Operaciones y de Orden Urbano, bajo cuyas
jurisdicciones están las 52 comisarías porteñas, los comandos Radioeléctricos y de
Operaciones y los cuerpos especiales: Policía Montada, Infantería, Bomberos, Perros y
Tránsito. “Uno de los últimos acuerdos fue incluir también en ese área a la
Superintendencia de Investigaciones”, sostuvo una fuente del gobierno porteño.
Disponer del manejo de la investigación de los delitos era uno de los temas aún no
resueltos y que en la reunión de ayer quedaron claros para García. De esa manera la
policía que recorra las calles para prevenir el delito, cuando los detecte, luego
también podrá investigarlos. La presencia de federales en las calles fue una de las
preocupaciones que ayer dejó clara el vice jefe de Gobierno en la reunión. “Para
eso es muy importante una reforma administrativa, porque el cincuenta por ciento del
tiempo la policía en la ciudad está ocupada dentro de las oficinas”, dijo ayer
Olivera. Desde el inicio de las conversaciones con la Federal la presencia policial en la
vía pública ha sido una obsesión para Olivera, quien no ha descartado que un lote de
empleados municipales pase a trabajar en las comisarías haciendo trámites. Al Gobierno
también le preocupa lo que continúan mostrando las estadísticas: una
“tendencia” al aumento de la criminalidad y paralelamente de la sensación de
inseguridad. En ese sentido Olivera, queserá jefe de Gobierno a partir del 10 de
diciembre, se apresta no sólo a manejar la mayor parte de la policía, sino también a
coordinar políticas de seguridad con la provincia. “No podemos abstraernos a que el
limite con el Conurbano es complejo. Y si es necesario haremos de tripas corazón y nos
sentaremos a hablar con (Aldo) Rico.”
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