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 En Colombia
ya nadie tiene dudas de que los narcos acechan detrás de las explosiones. Después de que
la Justicia decidiera la extradición de dos narcos a Estados Unidos, ayer siete personas
murieron y más de 40 quedaron heridas cuando una bomba de 80 kilos de dinamita explotó
en el barrio residencial de Santa Bárbara, en Bogotá. La segunda explosión en tres
días parece confirmar que una nueva y sangrienta ola narcoterrorista en contra de las
extradiciones –como la que lideró el máximo jefe narco Pablo Escobar Gaviria a
fines de los años ’80– ya está en marcha. La amenaza obligó al presidente
Andrés Pastrana a reunirse de urgencia con la cúpula militar. Horas más tarde, Pastrana
respondió desafiante a los ataques autorizando ambas extradiciones. Como si fuera poco,
el Ejército había advertido que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC, marxistas) preparan otra ofensiva contra Bogotá. Las FARC y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) protagonizaron ayer nuevos enfrentamientos armados con el
Ejército. Pero el foco de atención del gobierno colombiano estuvo en las extradiciones
de los barones de la droga y en la narcoamenaza espectacularmente renovada. Después del
atentado de ayer en Bogotá, Pastrana confirmó la decisión judicial de extraditar a
Estados Unidos al narco colombiano “Jimmy” Orlando Lara Nausa y al venezolano
José Flores Garmendia –detenido en Colombia en 1998–. El canciller venezolano,
José Vicente Rangel, dio el visto bueno al gobierno colombiano por la extradición de su
compatriota.Después de la decisión de Pastrana, la opción más temible y probable es
que siga en escena la segunda edición del grupo Los Extraditables, famosos por su lema
“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”. En 1991
–y después de cientos de muertos por la ofensiva del capo máximo del Cartel de
Medellín, Pablo Escobar–, una reforma constitucional prohibió las extradiciones de
colombianos a Estados Unidos. En diciembre de 1997 –y en medio de la feroz presión
de Washington al entonces presidente liberal Ernesto Samper, directamente involucrado en
un narcoescándalo–, el Congreso colombiano aprobó otra reforma que levantó esa
prohibición. El atenuante fue que sólo se aplicaría por delitos cometidos a partir de
1997, dejando a salvo a los grandes capos detenidos antes de esa fecha.El hecho de que los
fallos judiciales de esta semana sean los primeros desde 1997 parece suficiente para
explicar el temor a una nueva ola narcoterrorista. “El gordo” Garmendia sería
uno de los puntos clave para lograr la extradición de los capos del desaparecido Cartel
de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, detenidos en 1995. “Los
viejos nexos de Garmendia hacen pensar a las autoridades estadounidenses que a través de
él se podría demostrar que los Orejuela siguen delinquiendo desde la cárcel”,
reveló ayer el diario El Tiempo de Bogotá. Si se comprueba que los hermanos siguieron
traficando después de 1997, la irretroactividad postulada en la reforma constitucional no
podría impedir su extradición.Junto a los ministros de Defensa, Luis Fernando Ramírez,
y del Interior, Néstor Martínez, el presidente colombiano pidió a los jefes de la
Policía y del Ejército “establecer si los ataques obedecen a una campaña
terrorista lanzada por narcotraficantes que pueden ser extraditados”. El alcalde de
Bogotá, Enrique Peñalosa, reconoció que tiene la misma sospecha. “No sabemos si
tiene relación o no con la extradición. Lo cierto es que la sociedad colombiana no se va
a dejar intimidar”, aseguró después de “invitar a la ciudadanía a estar
alerta y comunicar a la policía cualquier dato para capturar a los responsables” a
cambio de una recompensa de 100 millones de pesos nacionales (51.000 dólares). La
advertencia del ministro de Justicia colombiano, Rómulo González, fue más precisa:
“El gobierno está averiguando cuál es el origen de la bomba y si comprueba que es
narcoterrorismo se cumplirá la palabra del señor presidente. Los extraditaremos a
todos”. El embajador norteamericano en Bogotá, Curtis Kamman, salió a condenar el
ataque y a respaldar al gobierno. Aunque no dejó de lado la exigencia de que Colombia
extradite a los otros 40 narcos reclamados por su país. El miércoles se conoció la
lista de países a los que el presidente Bill Clinton deberá certificar o no según su
grado de colaboración en la lucha antidrogas. Colombia, como es habitual, figura entre
ellos. La descertificación significa la suspensión inmediata de la asistencia financiera
de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, que en el caso de Colombia llegó a casi
300 millones en 1999 y que podría elevarse a más de 1000 millones si logra la
certificación y la aprobación del Congreso norteamericano. Pastrana dio ayer el primer
gran paso para que en marzo del 2000 Colombia figure entre los países certificados.
EL JEFE DEL EJERCITO CHILENO SALIO A
“DESMENTIRSE”
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