|
Ni siquiera la internación de Fernando de la Rúa quitó del centro de la escena el tema del Presupuesto. Una vez que pasó el nerviosismo inicial por el problema de salud del presidente electo, la obsesión de la Alianza por conseguir la aprobación de aquel proyecto antes del 10 de diciembre volvió a ocupar el primer puesto de la agenda política. Minutos antes de las 20, Carlos "Chacho" Alvarez abandonó la clínica donde se repone su compañero de fórmula y lo primero que dijo fue que "estuvimos trabajando con Fernando durante una hora en el Presupuesto". "Me pidió que me reúna ahora con José Luis Machinea y que sigamos las reuniones durante el fin de semana", añadió, mientras los cronistas le disparaban preguntas sobre el estado de salud de De la Rúa. Tanto apuro obedece a que la Alianza aspira a que el próximo miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados emita despacho y habilite la sanción del proyecto una semana más tarde. Tras el avance en las negociaciones con el justicialismo, durante el encuentro del jueves encabezado por Machinea y Carlos Corach, la Alianza no quiere que se dilate una definición. Alvarez reiteró, tras visitar al jefe de Gobierno porteño, que "el actual Gobierno nos deja un problema fiscal muy grave y lo que tiene que hacer es no interferir para que podamos solucionarlo". La principal discusión está planteada en la distribución de fondos entre la Nación y las provincias. El economista Guillermo Rozenwurcel, del núcleo del equipo de Machinea, se entrevistó ayer con el secretario de Programación Económica y Regional, Rogelio Frigerio. El funcionario es quien se ocupa en Economía de la relación entre el Gobierno central y las provincias, y maneja los datos sobre la situación fiscal y de endeudamiento de los distritos del interior. Rozenwurcel pidió información sobre los recursos que se giraron este año a las provincias. La propuesta de la Alianza es que en el Presupuesto se establezca un techo global de desembolsos de 920 millones de pesos por mes para todas las provincias. "Los gobernadores no lo van a aceptar", anticipó en diálogo con Página/12 la diputada mendocina Ana María Mosso (PJ). "La Alianza quiere sellar un nuevo Pacto Fiscal, pero el tema se tiene que resolver con la nueva ley de coparticipación", agregó. Esto fue lo que planteó ayer durante una reunión con los diputados aliancistas Darío Alessandro y Horacio Pernasetti, de la que también participó el justicialista Oscar Lamberto. Todos integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y negocian en el Congreso las características del próximo Presupuesto. Hasta ahora, los gobernadores consiguieron que se mantengan en el 2000 los fondos con asignación específica para las provincias, entre los que se destacan el Fonavi y el del Conurbano Bonaerense. A cambio, la Alianza logró un acuerdo con el justicialismo para que se apruebe una cláusula especial que permita a la Jefatura de Gabinete modificar la pauta de gastos. De ese modo, podrá hacer el ajuste más adelante. Esa es la base del convenio entre ambas fuerzas políticas para que la iniciativa se sancione antes del 10 de diciembre. Sin embargo, aún falta resolver la cuestión de la distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Un factor adicional que complica la negociación es que el FMI presiona a la Alianza para que el Ejecutivo controle el gasto público provincial. Así lo reconoció Rozenwurcel durante la entrevista con Frigerio. La herramienta que impulsa De la Rúa para cumplir con esta demanda es la creación de nuevos mecanismos de auditoría del gasto en las provincias. Pero los gobernadores también rechazan este proyecto, aduciendo que vulnera la autonomía de los gobiernos del interior. Estos son los temas que la Alianza quiere resolver antes del próximo miércoles, y en los que seguirá trabajando durante el fin de semana, como lo ordenó De la Rúa desde la clínica donde está internado.
|