|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Adriana Meyer  El
funcionario de la frente ancha que quería ser presidente y terminó convirtiéndose en el
símbolo de la corrupción va camino a consolidarse como el emblema de la impunidad.
Carlos Grosso fue sobreseído por tercera vez en la causa sobre la privatización del
Velódromo y del Golf Club, la más importante que queda en pie en su contra. En su
resolución, el juez Eliseo Otero reconoció que hubo "irregularidades
administrativas y conveniencia estratégica, política y económica", pero entendió
que "no surge delito en la licitación" porque "no existió perjuicio para
el patrimonio público". El ex intendente la había adjudicado en forma directa a una
empresa sin antecedentes comerciales, cuyos directivos estaban vinculados con Alberto
Kohan y el propio presidente Carlos Menem. La causa se inicio en 1992 con una denuncia del entonces concejal frepasista Aníbal Ibarra. Luego se presentó como querellante el ex defensor del Pueblo, Antonio Cartañá, y en 1998 se sumó el procurador del Gobierno de la Ciudad, Ernesto Marcer. En julio de 1991, la concesión del Golf Club y el Velódromo fue adjudicada en forma directa a la empresa Asesores Empresarios S.A., presidida por Osvaldo Diéguez, vinculado con el secretario general de la Presidencia Alberto Kohan y financista de la campaña presidencial de Menem desde la Fepac. Entre sus socios en este emprendimiento estaba Héctor Antonio, hijo del empresario Jorge Antonio. En principio, Diéguez compró los pliegos a título personal, pero luego apareció en escena la empresa mencionada, que fue eximida de pagar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza durante los 20 años de la concesión, entre otras ventajas. El fiscal Pablo Lanusse no dudó en calificarla como "un sello de goma". Además de Grosso, están imputados Diéguez, los ex funcionarios municipales Jorge Salomone, Miguel Guerrero y Raúl Kalinsky, el ex concejal Jorge Castells y el ex procurador Carlos Galina. En agosto de 1998, Grosso aseguró en su indagatoria que desconocía la estrategia empresarial de Diéguez, así como las relaciones de éste con Kohan y que tampoco sabía de quién era hijo Héctor Antonio. "He sido absuelto en tantas causas que investigan hechos como éstos que no veo por qué sería distinto ahora", dijo confiado en el juzgado. En ese momento, Cartañá opinó que el juez "cajoneó durante cinco años el expediente". La sala VII de la Cámara del Crimen revocó dos veces los sobreseimientos de Grosso dictados por el juez de instrucción Eliseo Otero. En junio de 1998 ese tribunal resolvió que la causa no estaba prescripta porque "la actividad delictiva imputada podría hallarse incursa en el delito de asociación ilícita". Y encontró mérito para procesar a Grosso y a la "comisión 1628" que había estudiado y aprobado el pliego. Con esas indicaciones, el juez Otero podría haber encarcelado al ex intendente. El fiscal Lanusse lo acusó de dirigir una organización delictiva que se habría beneficiado con la entrega de la concesión del Golf y del Velódromo y reiteró el pedido de detención que había formulado en 1997. "No es una cuestión de dinero, sino de la forma espuria con que una licitación pública se adjudicó en forma directa a los personajes del Gobierno", enfatizó una fuente judicial ante Página/12. El sobreseimiento de Otero fue apelado por el fiscal Lanusse y por el procurador Marcer. Grosso tenía más de veinte causas penales abiertas, y sólo estaba procesado en cuatro de ellas. Pero el destino de los tres procesos pendientes depende de lo que ocurra a partir de ahora en esta causa. Sus abogados adujeron siempre que las imputaciones en su contra son cuestiones de derecho administrativo que no debieran investigarse en el fuero criminal. En su entorno aseguran que tiene problemas de salud, aunque otros aún sueñan con reciclarlo para el justicialismo porteño. Pero Grosso se mantiene en silencio y la suerte le sigue sonriendo en los tribunales.
|
