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Por Horacio Cecchi  El 31 de
agosto pasado, veinticinco días después de haber asumido su breve interinato, el
ministro de Justicia y Seguridad, Osvaldo Lorenzo, estampó su rúbrica en un convenio con
el Consejo Provincial del Menor. Argumentando "la necesidad de brindar a los menores
en conflicto con la ley penal un tratamiento adecuado" y reconociendo la saturación
del sistema de internados, el acuerdo habilitaba 104 vacantes en la U35 de Máxima
Seguridad de Magdalena, destinada a mayores. El martes pasado, Diego Rodrigo, senador
provincial de la Alianza, presentó ante la jueza de menores Irma Lima un recurso de
amparo y solicitó que fallara por la inconstitucionalidad del acuerdo y por ser contrario
al Convenio Internacional de los Derechos del Niño. Lima no demoró: el mismo día dio
despacho a una medida de no innovar, apelada ayer por el ministerio y por María Laura
Leguizamón, titular del Consejo. El argumento de Leguizamón es una ironía
anticipatoria: sostiene que la interrupción del convenio "perjudica a los chicos que
están en las comisarías", aunque los primeros 29 elegidos para el nuevo destino son
internos de un instituto.Leguizamón fue la gestora del acuerdo. Su piedra basal: la "saturación del sistema internativo" y "el alojamiento extendido de jóvenes en sedes policiales", según cita el convenio en sus considerandos. Entre sus objetivos el texto subraya la necesidad de "priorizar la atención, protección y promoción de los derechos e intereses de los niños y adolescentes", de acuerdo con la "Convención Internacional de los Derechos del Niño" y al "rango constitucional asumido". Y para cumplir con ellos, el ministro cedió al Consejo el uso de 104 plazas, en el Pabellón 3 de la Unidad 35 de Magdalena, destinada a mayores. El senador Diego Rodrigo se enteró de la firma del acuerdo por los diarios, el mismo día en que Lorenzo estampaba su firma junto con la de María Laura Leguizamón y en que el ministro de Gobierno, José María Díaz Bancalari, reconocía que "hoy por hoy no se estaría cumpliendo estrictamente con los convenios internacionales para el tratamiento de menores". "Hicimos muchos pedidos de informes, pero logramos muy poco", confesó Rodrigo a Página/12. "Hasta ahora, los jueces enviaban al Registro de Evaluación y Reubicación, en La Plata, donde el menor era enviado a un instituto de acuerdo a sus características y al delito cometido. Cuando el sistema empezó a desbordar, empezaron a desviarlos a clínicas privadas, a un costo de 1500 pesos mensuales por chico, y a comisarías." Según Rodrigo, "con todos los que no saben qué hacer los mandan a una clínica. De ahí no salen más, porque es un negocio que se estira. Se designó a la seccional 4ª de La Plata como comisaría del menor, pero quedó desbordada y ahora van a parar a cualquier comisaría con calabozo de la provincia. Pero este convenio ya me parece una aberración total". Los mismos objetivos de protección de los Derechos del Niño argumentados por el convenio Lorenzo-Leguizamón son los que sostiene el senador aliancista para presentarse ante la Justicia. "El convenio es inconstitucional. Además de ubicar a los menores en un establecimiento de máxima seguridad para mayores, hace la salvedad de que los menores podían quedar bajo el control del personal penitenciario, lo que contraría el artículo 75 de la Constitución y la Convención Internacional de los Derechos del Niño", entre otros. "Hoy en día, los motines con rehenes parecen estar de moda. ¿Quiénes creen que serán tomados como rehenes en caso de que ocurra en Magdalena?", preguntó Rodrigo. El martes pasado, el senador presentó un escrito solicitando un amparo de inconstitucionalidad contra el convenio. El mismo día, Irma Lima dispuso no innovar. La otra parte apeló. La secretaria de Seguridad, María del Carmen Falbo, lo hizo casi formalmente: su escrito no pasó de una página. Leguizamón profundizó más: entre sus fundamentos sostuvo el perjuicio que se provocaría a los menores que desbordan las comisarías. Extrañamente, los primeros 29 que Leguizamón había seleccionado para enviar a Magdalena eran internos de un instituto.
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