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Pese al debate por el Presupuesto, Gostanian,Alderete y otros funcionarios dan generososaumentos y nombran empleados por decenas.
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Por Laura Vales
Por Susana Viau y Eduardo Tagliaferro
El último bondi A 28 días de que el calendario haga escuchar la pitada final y se produzca el repliegue menemista del gobierno, muchos apuran la concreción de negocios. Vaya a saber si esa misma urgencia guió a la gente de Silver Line que en setiembre se sentó ante el esribano Ives Carlos Doynel Raggio para constituir la sociedad anónima que aspiraba quedarse con Chevallier que, aunque quebrada, se mantenía en actividad. Chevallier, se asegura entre los transportistas, tiene una facturación anual de 70 millones y sólo su marca había sido tasada en 20 millones de pesos cinco años atrás. El juez de la quiebra, Juan Gutiérrez Cabello, la sacó a subasta y la preadjudicó a Silver Line que ofertó por ella 13 millones de pesos. El magistrado, que negó la solicitud de prórroga de otros dos grupos interesados, se dirigió a Armando Canosa, secretario de Transporte, para que éste dijera si existía algún obstáculo para concretar el traspaso de la firma. El encargado de responder fue el subsecretario Gustavo Albino Alvarez, quien se limitó a remitirle una sintética y descomprometida nota recordando algunos aspectos de la normativa vigente.No señaló la secretaría y el juez Cabello tampoco reparó en que el decreto reglamentario 808/95 dispone que el concesionario de servicios de transportes debe ser un permisionario ligado a la actividad y, precisamente, Silver Line no puede exhibir al respecto ningún antecedente. A menos que la Unión Transitoria de Empresas que Silver Line propone para actuar como su operador, Itatí UTE, sea la misma que con sede en las ciudades de Corrientes y Posadas se considera propiedad de la familia Romero Feris. Más aún, es vox populi entre los autotransportistas que, en la actualidad, cualquier inversión es riesgosa. Tras la desregulación, el 30 por ciento de las firmas de larga distancia entró en convocatoria y dos de las mayores, Antón y Liniers, quebraron. Si el panorama es difícil para los empresarios locales, se considera que un extranjero novato en el negocio sería incapaz de sobrevivir. Confiada en sus posibilidades, Silver Line apretó el acelerador y suscribió un precontrato con la brasilera Ciferal, fabricante de carrocerías, para que se le provean 90 unidades anuales por un monto total de 70 millones a ejecutar durante los cinco años de vigencia del convenio. Audacia que contrasta con el dato de que Silver Line aún no ha completado el capital social fijado en un millón de pesos y hasta el momento sólointegró 250 mil. Empresarios vinculados con Chevallier dan una explicación para entender el apuro de Silver Line, “la recaudación de la temporada estival, sostienen, ronda los 40 millones de pesos. De cumplirse la estadística, la inversión inicial estaría recuperada de inmediato y con creces. Una versión circula con insistencia en esos mismos medios: sostiene que Alberto Kohan es quien habría reunido al flamante grupo inversor con el secretario de Transporte, Armando Canosa, y éste los habría presentado posteriormente al juez que tiene a su cargo la quiebra. La hora, referí Según el expediente 1670527, Silver Line tiene dos accionistas, ambos de nacionalidad
chilena: Juan Rodrigo Tagle Manríquez y Juan Enrique René Krauss Valle. Krauss Valle,
pudo saber este diario, es hijo del ex ministro del Interior de Patricio Aylwin y ex jefe
de la democracia cristiana chilena, Enrique Krauss. Los Krauss han asumido desde hace
pocos meses la representación (en Santiago) de Masa, una carrocera mexicana. Pero
informantes chilenos aseguran que ni Tagle ni Krauss tienen tradición en materia de
autotransporte de pasajeros. El directorio de Silver, en cambio, es de neto cuño
argentino: Juan Diego Acosta Cambas, el contador José Alberto Amor, ex socio de la
transportista General Urquiza, y Juan Ignacio Tauber. Los síndicos también son de
fabricación nacional: la abogada Liliana Cobas, su marido, Daniel Hansch, y la contadora
Susana Esther Venditto. Ellos sí tienen su historia.Liliana Cobas es sobrina de Juan
Carlos Cobas, bautizado por el presidente Carlos Menem como “Lindor” durante los
viajes del menemóvil. Lindor Cobas era un ex socio de la General Urquiza y ex chofer de
la Chevallier, igual que Horacio Patiño, otro amigo de Alberto Kohan, frustrado
concesionario del Club de Golf y ex funcionario de Turismo durante la gestión del preso
Fassi Lavalle. Fue precisamente el menemóvil, provisto por los dueños de la General
Urquiza, el que posibilitó la entrada de Lindor al círculo de Alberto Kohan. Luego,
Kohan lo acercaría a la Fepac para llevarlo más tarde con él a la función pública.
Cuando Kohan fue designado ministro de Acción Social, nombró a Lindor presidente del IOS
(Instituto de Obras Sociales). Al pasar Kohan a un moderado destierro, Lindor se eclipsó
junto con él; volvió, de la mano del geólogo, a la Secretaría General de la
Presidencia donde integra el gabinete de asesores y tiene el privilegio de un despacho en
el segundo piso de la Casa Rosada. Su función cerca de Menem fue siempre coordinar los
viajes presidenciales al exterior, adelantándose y transportando los fondos extra que se
necesitaban para reforzar el ajetreo social y político a que el presidente suele
someterse. Cumplió esa misión en ocasión del primer tour presidencial a Estados Unidos
y también en la gira a Kuala Lumpur, concluida con su asistencia al malhadado partido
inaugural del Mundial 90 entre Argentina y Camerún. Inesperadamente, hace un mes, Cobas
fue nombrado director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT),
organismo creado para monitorear y supervisar, entre otras cosas, a empresas como
Chevallier. Uno de los grandes amigos y hombre de consulta de Lindor Cobas es el contador
y director de Silver Line, José Amor. La síndico Susana Esther Venditto es un capítulo
aparte. Como contadora pública (profesión que comparte con el represor de la ESMA, Jorge
Radice, también amigo de Alberto Kohan) rubricó los balances de Misa Chico, tarea que
cumplió con premura luego de que se descubriera que la firma del contador Jorge Barakat
había sido falsificada. Misa Chico era la sociedad creada por el ex almirante Massera
para apropiarse de los bienes de Victorio Cerutti, Horacio Palma y Conrado Gómez,
secuestrados por los GT de la ESMA y desaparecidos. A Massera (o lo que es igual, a su
hermano y sus hijos) habían ido a parar los terrenos de Chacras de Coria propiedad de
Cerutti y Palma, así como los caballos de carrera del abogado Gómez. Venditto fue
síndico y accionista del Banco de Ultramar que, como su nombre canta, tenía inocultables
lazos con el ex jefe naval. La contadoraVenditto certificó, asimismo, los aportes
societarios a ECER, firma que manejaba el piso de la calle Cerrito donde nació el
engendro masserista conocido como Partido para la Democracia Social y el departamento de
la calle Darregueyra donde se alojó alguna vez Licio Gelli y que sirvió de escenario a
los encuentros amatorios de Massera con Martha Rodríguez McCormack, pareja del
secuestrado y asesinado Fernando Branca. Como se ve, Venditto ha sido una pieza nada
desdeñable en el engranaje montado por Massera. Y a Alberto Kohan se le adjudica más de
un punto de contacto con el universo del ex triunviro. Un pasado excesivamente pesado para
una sociedad debutante como Silver Line. El 10 de diciembre será una fecha traumática
para muchos de los actores de esta historia. Está demasiado próximo. Todos corren contra
el reloj. Por un lado, los acreedores de Chevallier y las firmas marginadas de la
licitación quienes esperan ver desbaratados los planes de la supuesta empresa chilena.
Por otro, los hombres de Silver Line que siguen pretendiendo que el negocio quede firme.
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Armando Gostanian
reparte generosos aumentos de sueldo entre sus colaboradores más cercanos. Víctor
Alderete les consiguió trabajo en el PAMI a variados aspirantes a funcionarios que nunca
antes habían pisado la obra social. Bernabé Arnaudo, el ex gobernador de La Rioja, no se
privó de lo suyo. En los últimos días de gestión del gobierno saliente hay un afanoso
ir y venir de carpetas, expedientes y borradores de decretos. Un clima, bien podría
decirse, de urgencia y prodigalidad a la vez. Y como podrá sospecharse, la diligente
actividad que gana a las segundas y terceras líneas de dirección del aparato del Estado
no se limita al área de influencia de los amigos más cercanos del presidente Menem. En
ministerios, secretarías y entes descentralizados, desde poco antes de las elecciones, se
activaron definiciones de concursos que hasta hace poco parecían ganados por el letargo.
Al mismo tiempo florecieron los reconocimientos profesionales. Los nombramientos y
ascensos en el escalafón abarcan áreas tan diversas como el Instituto Nacional de
Acción Cooperativa, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
la Casa de Moneda, la ANSeS y el Ministerio de Salud. En el caso Armando Gostanian
–el íntimo del Presidente que comanda la Casa de Moneda– el camino elegido,
según los datos revelados por la Asociación de Trabajadores del Estado, fueron los
ascensos de categoría. En el listado denunciado, donde abundan los apellidos armenios,
figuran “la jefas de diseño Romina Bogossian y Claudia Sarkissian; la de
contrataciones Apkarian y el gerente del mismo sector Baliosiaan, y el jefe de almacenes
Feredjian”, enumeró el titular de ATE Capital Pablo Micheli. También dos de los
custodios de Gostanian, y su sobrino Oscar. Tales promociones implicarían mejoras
salariales que son estimadas en ATE entre los 700 y 900 pesos y que debieron contar, amén
de las buenas gestiones del titular de la Casa de Moneda, con un guiño desde Economía.
Víctor Alderete no se quedó atrás. Veinte días antes de las elecciones nacionales el
PAMI pasó a planta permanente a todo su personal contratado a través de la resolución
68, que se presentó como parte del encomiable compromiso de “cumplir con lo que
estipulan las leyes”. Puesto en números concretos, el traspaso significa que 1300
personas que tenían convenios temporarios engrosarán el plantel ya existente de 9500
empleados que ya tenía la obra social de los jubilados. Además del impacto que generó
la magnitud de la medida, la resolución del PAMI contiene otras sorpresas. Es que en las
planillas del nuevo personal con estabilidad garantizada hay un poco de todo:
treintañeros con números de legajo que implicarían una antigüedad de 28 años de
servicio, un detalle que avala las sospechas de que se desempolvaron viejos expedientes
fuera de circulación para camuflar como contratados a gente que nunca había estado en el
Instituto y, como comprobó la diputada de la Alianza Cristina Guevara, sueldos de hasta
ocho mil dólares mensuales. “Lo que más nos preocupa es que en la gran bolsa se
metió de contrabando a buena parte de los funcionarios con cargos políticos, los
asesores y secretarios de Alderete”, se quejó la diputada. Carlos Oviedo,
representante de la CTA en el PAMI, trazó la siguiente pintura: “Al margen de los
que nunca pasaron por el PAMI, la mayoría de los contratados lleva escaso tiempo trabajo
en la obra social; si se chequean los listados se ve que apenas 15 de cada cien
efectivizados son personal con antigüedad. En esa tarea, Oviedo también se topó con
casos de personas que curiosamente tenían aportes anteriores que indicaban que habían
estado empleados en la Cámara de Diputados o en otros sindicatos. Cuando elaboró su
propuesta de presupuesto para el año entrante, el ministro de Economía, Roque
Fernández, fijó fuertes reducciones en los fondos para pagar al personal de organismos
como el SENASA. Sin embargo, allí se designó a 40 directores con sueldos que están por
encima de los cuatro mil pesos. Otro tanto,según fuentes gremiales, hizo el ex gobernador
de La Rioja Bernabé Arnaudo a través de una veintena de concursos en el Instituto de
Acción Cooperativa, una repartición que ha sido generosa en la contratación de vecinos
de la provincia natal del presidente Menem (ver aparte). Los concursos son para puestos
ejecutivos que confieren cinco años de estabilidad en el cargo y, por supuesto, pueden
ser revisados, una medida que tanto Fernando de la Rúa como los equipos a cargo de la
transición aseguran que tomarán luego del 10 de diciembre. Y hay plazos legales para
hacerlo, ya que, después de transcurridos seis meses, se generan derechos adquiridos.De
todos modos, nadie parece perder el sueño por tales advertencias. Uno de los decretos que
esperan la firma de Carlos Menem sintetiza, tal vez mejor que nada, el espíritu de los
tiempos que corren. El borrador refleja la reorganización planeada para el Registro
Nacional de las Personas, de cara al nuevo sistema para tramitar documentos de identidad y
pasaportes. El texto crea 400 nuevos cargos y multiplica a 35 el número de gerencias,
subgerencias y jefaturas. Pero lo verdaderamente llamativo es que, después de destacar
“la urgencia” del tema, establece a modo de excepción que no será necesario
concurso alguno para cubrir los cargos de semejante estructura. Como se ve, los mecanismos
son diversos. Lo cierto es de que la promocionada “segunda reforma del Estado”
con la que hace sólo tres años se anunció aparatosamente la reducción de secretarías
y subsecretarías nada parece haber quedado en pie. Y los aportes de Alderete y Gostanian,
dos de los más aguerridos soldados de Menem, parecen ser apenas el lado más visible de
la carrera contra reloj para asegurar el futuro de un insospechado número de
funcionarios.