Por Julio Nudler La discusión
presupuestaria entre la Alianza y el PJ siguió avanzando ayer dificultosamente en busca
de un número preciso: el de cuántos millones por mes les serán transferidos a las
provincias por el Tesoro Nacional a lo largo del 2000. La cifra, que si los
aliancistas se salieran con la suya podría quedar en unos 900 millones o algo más,
y que debería representar un leve aumento respecto de lo efectivamente recibido por el
interior en 1999, obraría como piso y techo. Así, todo lo que se recaude por impuestos
nacionales por encima de ese nivel, y que debería dar lugar en virtud del
porcentaje de coparticipación a remesas más abultadas, quedaría en cambio para la
Nación, al menos hasta cierto tope anual, para que ésta pueda afrontar el enorme agujero
de la seguridad social, abierto por la reforma previsional y la reducción de aportes
patronales, y la abultada factura por intereses de la deuda, que superaría en 900
millones de dólares a la de este año. La pretensión de José Luis Machinea y su equipo
negociador es llegar con las provincias a una cifra que incluya todo, desde los impuestos
coparticipados hasta los fondos de asignación específica (que podrían subsistir
momentáneamente, pero convirtiéndose en recursos de libre disponibilidad), pasando por
los ATN. A partir de esto, la Nación les fijaría un sueldo mensual,
corriendo el riesgo de que la recaudación no crezca como se espera, pero asegurándose la
apropiación de cualquier excedente. No obstante, hasta ahora los gobernadores del PJ no
aceptan que se tome a 1999 como referencia para establecer esa suma fija porque fue un
año muy malo. Su actitud negociadora es la del que no tiene apuro por firmar, y espera
que le mejoren la oferta.Dependiendo de la cifra que se acuerde con el interior, la
Alianza definirá otros replanteos fiscales. Si los números cierran, habría cierta quita
en los aportes patronales. La reducción del mínimo no imponible en Ganancias aún no
está definida, como tampoco el límite al que se llegará en la eliminación de
exenciones a ese impuesto. Pese a los problemas judiciales que podría generar, se
mantiene la intención de colocarles un techo de 2500 pesos mensuales a las jubilaciones,
mientras se diseña una estrategia legal capaz de conjurar los reclamos por los derechos
adquiridos lesionados.Por lo demás, los economistas de Machinea rechazan por inflada la
hipótesis de un crecimiento nominal de 5 por ciento en el PBI para el año próximo,
sobre la que Roque edificó el presupuesto. Al recalcular hacia abajo ese número, los
recursos previstos también bajan. Esto que ellos llaman una proyección realista
para un presupuesto cumplible es visto a su vez por los justicialistas como un
dibujo para retacearles fondos.En todo caso, la Alianza está resuelta a emitir una señal
muy fuerte de ajuste fiscal que dé credibilidad a su gestión y logre así bajar la tasa
de interés e inducir a los bancos a volver a dar crédito. Consideran que sin poner en
marcha este círculo virtuoso no habrá posibilidad de retomar el crecimiento. En este
sentido, piensan que en estos momentos una política fiscal expansiva abortaría la
reactivación, que en cambio sólo puede consolidarse con una política en apariencia
contractiva. Este enfoque los obliga a terminar con el enganche automático de las
provincias respecto de la recaudación, y a redefinir el reparto de recursos entre la
Nación y el interior, no en los términos históricos del régimen de coparticipación,
sino en un nuevo sistema que meta en una misma bolsa todos los ingresos. Como ejemplo, un
miembro del (virtual) futuro equipo económico indicó ayer a Página/12: No es
razonable que cuando se decide bajar aportes patronales, la Nación haga el ciento por
ciento de la pérdida, y cuando se sube un impuesto sólo reciba la mitad de la
ganancia. El propio Carlos Alvarez reiteró en la víspera la decisión de lograr
que el miércoles haya despacho de comisión en Diputados para el proyecto, yque el
presupuesto esté votado para el 10 de diciembre. Es que así como una empresa no puede ir
al banco a pedir crédito sin llevar el balance, sin presupuesto no habrá apoyo externo
para el primer plan de De la Rúa.
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