LA ALIANZA NO QUIERE A BARRA NI QUEDAR EN MINORIA Inaudito lío en la Auditoría
Ya se sabe: Barra
es malo, pero aún peorsi se alzara con todo el poder en la AGN.Está amenazado el pacto
de no agresión.
Rodolfo Barra, ilegítimamente designado
para suceder a Paixao.
Por Julio Nudler
La inválida
designación de Rodolfo Barra para presidir la Auditoría General de la Nación no es la
única cuestión conflictiva que se cierne sobre ese organismo dependiente del Parlamento.
No menos problemática que la elección del futuro conductor será el nombramiento de tres
nuevos auditores generales por parte de la Cámara de Diputados, cargos que quedaron
vacantes el 5 de setiembre al vencer sus mandatos. Además de discutirse quién presidirá
la AGN, incluso aceptando que deba ser un justicialista, habrá que lograr un acuerdo
sobre la composición política del directorio. Al respecto, es improbable que la Alianza
acepte que el PJ detente la presidencia y al mismo tiempo la mayoría en la cúpula,
integrada por siete auditores generales. Hasta el momento, el radical Enrique Paixao fue
un presidente en minoría, sentado al frente de un cuerpo formado por cuatro
justicialistas y dos correligionarios suyos. Todo el enredo surge de una confusión legal
que nadie se ocupó de resolver. La ley 24.156, que creó la Auditoría, estableció en
ocho años la duración de los mandatos, aunque en el caso de los tres auditores generales
que designa la Cámara de Diputados dispuso un primer turno de cuatro años, para que
después la cúpula (exceptuado el titular) se renovara por mitades. Esa ley fijó que los
auditores serán escogidos observando la composición de cada Cámara. Esto explica que,
por el Senado, haya dos auditores justicialistas y uno radical, y que prevaleciera la
misma relación en las sillas correspondientes a Diputados. Por eso, hasta la reciente
caducidad del primer turno de auditores designados por la Cámara baja, había cuatro
justicialistas y dos radicales. Como a partir del 10 de diciembre la Alianza será
mayoría en Diputados, esta Cámara designará dos aliancistas y un PJ. Con ello el match
quedará empatado 3 a 3. Pero si el presidente, séptimo miembro de la cima, fuese
justicialista, la oposición ostentaría tanto la presidencia como la mayoría.Esto
resulta así porque la Constitución de 1994 estableció que la Auditoría debe ser
presidida por un opositor. Sin embargo, este criterio entra en contradicción con la
duración legal de los mandatos, y hubiese exigido una modificación de la ley. Como ésta
sigue vigente, Paixao tiene mandato hasta el 2003, aunque su permanencia burlaría la
letra constitucional. Para acatarla, Chacho Alvarez y Rafael Pascual (o quien presida
Diputados) deberán designar a un justicialista como sucesor de Paixao. Es obvio que esa
tarea no les corresponde a Carlos Ruckauf y Alberto Pierri, que en todo caso hubieran
debido designar a un aliancista y no a Barra porque, hoy por hoy, el PJ es gobierno.En los
últimos años, la Auditoría fue manejada con la regla del consenso: los garbanzos se
contaban antes de tomar cada decisión, evitando votar. Unanimidad, en lugar de mayoría y
minoría, fue la norma, equivalente a un mínimo común denominador en la acción del
organismo. Esto se tradujo en la decepción que provocó entre quienes esperaban que fuese
un arma eficaz contra la masiva corrupción del gobierno menemista. Además del primer
filtro colocado en la AGN misma por el mecanismo del consenso, sus investigaciones son
giradas al Congreso, donde caen en un nuevo trapiche político.Desde este punto de vista,
una AGN presidida por Barra y con los auditores aliancistas en minoría podría amenazar
el pacto o duopolio radical-justicialista que encapsuló al organismo. Barra podría
utilizar su margen de maniobra (el margen del que no dispuso Paixao) para proteger la
pasada gestión menemista y hostigar al gobierno de la Alianza. Esta recién reaccionó el
jueves mediante una rueda de prensa que le apuntó los cañones a Barra. Revisando su
oscuro pasado y su múltiple participación en las privatizaciones, arguyeron que iba a
vivir excusándose por impedimentos e incompatibilidades, no pudiendo entonces desempatar
entre las previsibles preferencias de los tres auditores peronistas y los otros tantos de
la Alianza. La AGN quedaría entonces paralizada. Más allá del dudoso tino deeste
enfoque, el grupo aliancista que salió al cruce del ex ministro de Justicia habría
actuado con la explícita venia de De la Rúa y Alvarez.
La inválida
designación de Rodolfo Barra para presidir la Auditoría General de la Nación no es la
única cuestión conflictiva que se cierne sobre ese organismo dependiente del Parlamento.
No menos problemática que la elección del futuro conductor será el nombramiento de tres
nuevos auditores generales por parte de la Cámara de Diputados, cargos que quedaron
vacantes el 5 de setiembre al vencer sus mandatos. Además de discutirse quién presidirá
la AGN, incluso aceptando que deba ser un justicialista, habrá que lograr un acuerdo
sobre la composición política del directorio. Al respecto, es improbable que la Alianza
acepte que el PJ detente la presidencia y al mismo tiempo la mayoría en la cúpula,
integrada por siete auditores generales. Hasta el momento, el radical Enrique Paixao fue
un presidente en minoría, sentado al frente de un cuerpo formado por cuatro
justicialistas y dos correligionarios suyos. Todo el enredo surge de una confusión legal
que nadie se ocupó de resolver. La ley 24.156, que creó la Auditoría, estableció en
ocho años la duración de los mandatos, aunque en el caso de los tres auditores generales
que designa la Cámara de Diputados dispuso un primer turno de cuatro años, para que
después la cúpula (exceptuado el titular) se renovara por mitades. Esa ley fijó que los
auditores serán escogidos observando la composición de cada Cámara. Esto explica que,
por el Senado, haya dos auditores justicialistas y uno radical, y que prevaleciera la
misma relación en las sillas correspondientes a Diputados. Por eso, hasta la reciente
caducidad del primer turno de auditores designados por la Cámara baja, había cuatro
justicialistas y dos radicales. Como a partir del 10 de diciembre la Alianza será
mayoría en Diputados, esta Cámara designará dos aliancistas y un PJ. Con ello el match
quedará empatado 3 a 3. Pero si el presidente, séptimo miembro de la cima, fuese
justicialista, la oposición ostentaría tanto la presidencia como la mayoría.Esto
resulta así porque la Constitución de 1994 estableció que la Auditoría debe ser
presidida por un opositor. Sin embargo, este criterio entra en contradicción con la
duración legal de los mandatos, y hubiese exigido una modificación de la ley. Como ésta
sigue vigente, Paixao tiene mandato hasta el 2003, aunque su permanencia burlaría la
letra constitucional. Para acatarla, Chacho Alvarez y Rafael Pascual (o quien presida
Diputados) deberán designar a un justicialista como sucesor de Paixao. Es obvio que esa
tarea no les corresponde a Carlos Ruckauf y Alberto Pierri, que en todo caso hubieran
debido designar a un aliancista y no a Barra porque, hoy por hoy, el PJ es gobierno.En los
últimos años, la Auditoría fue manejada con la regla del consenso: los garbanzos se
contaban antes de tomar cada decisión, evitando votar. Unanimidad, en lugar de mayoría y
minoría, fue la norma, equivalente a un mínimo común denominador en la acción del
organismo. Esto se tradujo en la decepción que provocó entre quienes esperaban que fuese
un arma eficaz contra la masiva corrupción del gobierno menemista. Además del primer
filtro colocado en la AGN misma por el mecanismo del consenso, sus investigaciones son
giradas al Congreso, donde caen en un nuevo trapiche político.Desde este punto de vista,
una AGN presidida por Barra y con los auditores aliancistas en minoría podría amenazar
el pacto o duopolio radical-justicialista que encapsuló al organismo. Barra podría
utilizar su margen de maniobra (el margen del que no dispuso Paixao) para proteger la
pasada gestión menemista y hostigar al gobierno de la Alianza. Esta recién reaccionó el
jueves mediante una rueda de prensa que le apuntó los cañones a Barra. Revisando su
oscuro pasado y su múltiple participación en las privatizaciones, arguyeron que iba a
vivir excusándose por impedimentos e incompatibilidades, no pudiendo entonces desempatar
entre las previsibles preferencias de los tres auditores peronistas y los otros tantos de
la Alianza. La AGN quedaría entonces paralizada. Más allá del dudoso tino deeste
enfoque, el grupo aliancista que salió al cruce del ex ministro de Justicia habría
actuado con la explícita venia de De la Rúa y Alvarez.