|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Horacio Verbitsky
Un Camel 3 El Banco Central califica a las entidades financieras y a los créditos de sus clientes según una norma internacional. El denominado Comité Camel pondera Capital, Activos, Management, Ingresos (Earnings, en inglés) y Liquidez, de donde surge la zoológica sigla. La calificación 3 que el analista de riesgo había atribuido al emprendimiento del hermano de Pou se traduce al idioma de los argentinos en la lacónica expresión “Con problemas”. Según otra escala de calificación, Estancias Unidas del Ibicuy había merecido el rating F.E.V.E. 40, una alegoría médica cuya traducción literal es: “Seguir. No incrementar riesgo”. La opinión del analista que fundamentó la calificación 3 sostuvo que “el flujo de fondos demuestra problemas para atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros. Sólo cubriría los intereses con una reducción de disponibilidades y no con generación operativa genuina”. Dada la sostenida baja en el precio de los novillos “la deuda por capital podría saldarse únicamente con la reducción de activos”. También detectó “escasa capacidadde ganancias. El sistema de información no es del todo adecuado. Debería haber presentado los estados contables cerrados en diciembre de 1998. Los últimos aportados (diciembre de 1997) no cuentan con la legalización del CPCE (el colegio público de ciencias económicas). El sector de actividad económica presenta una tendencia futura incierta, afectada por inundaciones y por la caída de precios que pone en perspectiva una disminución de ingresos y beneficios que a juzgar por la información más reciente obrante en el legajo ya estaría afectando a la sociedad”.Al referirse al estado de situación patrimonial, el informe sostiene que el endeudamiento financiero representa 445 días de ventas. “Por otra parte se demuestra escasa capacidad para generar resultados significativos, la rentabilidad sobre ventas es del 3 por ciento y el retorno sobre el pasivo neto del 1,76 por ciento. La generación operativa de fondos es de 48.000 dólares, cuando los intereses anuales por el préstamo con el Banco Río rondan los 200.000”. No era mejor el flujo de fondos previsto. Para el primer trimestre de este año preveía ventas que resultaron 140 por ciento superiores “a las reales informadas. Este dato da una idea de la magnitud del deterioro que sufren las ventas de la sociedad”. El flujo presenta déficit de caja en casi todos los meses y una disminución de la disponibilidad total de 126.000 dólares, casi el doble de la disponibilidad registrada en el balance de 1997 “y que representa más de la mitad de los intereses de la financiación del Banco Río”. Las ventas del último semestre considerado por el Banco Central, a marzo de este año, “reflejan una estrepitosa caída de la facturación de la sociedad. En el periodo totaliza ventas por 267.000 dólares, y en los mismos meses del año anterior había registrado 1.855.000, lo que significa una reducción de un 86 por ciento”. A pesar de esta crítica situación, el Banco Central aprobó la operación, con unas pocas líneas manuscritas que se agregaron al informe del analista de riesgo. Sus argumentos: “la empresa ha demostrado buen cumplimiento de sus obligaciones y llegado el plazo de vencimiento del capital sus bienes de cambio, que en definitiva son un comoditie (sic) cubrirían la totalidad de su pasivo”. Un commodity es un bien útil que puede venderse. La firma del autor de ese dictat no está aclarada. Cuando se otorga un crédito se supone que será pagado con el producto de la actividad, no liquidando los activos.El análisis de riesgo realizado por el Banco Río no era tampoco alentador. “Las cifras de la compañía no ameritan el monto en que se encuentra atendida y no cuenta con otros activos para ofrecer en garantía. Somos el único banco que le presta apoyo”, decía. Tanto los ingresos como las utilidades fueron considerados “pobres respecto a ventas y patrimonio”. La compañía “no genera los fondos suficientes para considerar el repago de su deuda financiera”. Las conclusiones, firmadas por el oficial de crédito Santiago Nemiña y el supervisor de riesgos Roberto De Maio decían que de acuerdo a las cifras analizadas el repago no podría provenir de la generación de fondos del negocio, por lo que recomendaba no incrementar el riesgo y mantener a la empresa bajo vigilancia. Pero también la documentación del Banco Río exhibe una tachadura manuscrita, que deja en pie el análisis pero anula sus conclusiones. La única explicación debe buscarse en la primera fortaleza del cliente, consignada en el análisis del Banco Río: “Su principal accionista es el señor Juan Pou, de reconocida trayectoria y conocimiento en el mercado”. Nationality? Who cares? En 1996 Pou designó como subgerente general del Banco Central al economista inglés Andrew Powell, quien desde entonces es el hombre fuerte de la institución. Para ello fue necesario modificar el estatuto para el personal del banco, que era de aplicación también para los contratados como Powell y exigía que fueran argentinos por nacimiento o por opción. Laresolución que lo dispuso sostiene que “el fenómeno de la globalización económica, el surgimiento de bloques económicos regionales y la inmediatez y rapidez de las comunicaciones han coadyuvado a que el concepto de los límites de un país mutase en sus conceptos y alcances, relativizándose así la magnitud cualitativa del elemento ciudadanía”. En su lugar “las calificaciones técnicas de las personas han pasado a primer plano como elemento valorativo a ser considerado dentro del proceso de búsqueda y selección”. En consecuencia deben considerarse “fundamentalmente los aspectos inherentes a la idoneidad y la calificación de las personas, dejando de lado aquellos que no afectan sustancialmente la relación de empleo”, concluye el dictamen firmado por los directores Marcos Saúl y Rafael Iniesta. Powell adquirió muy pronto las mañas locales: él fue el funcionario del Banco Central que colaboró con el Banco Mundial en la elaboración de una propuesta para crear un fondo con recursos públicos para querellar a los medios y periodistas que se atrevieran a cuestionar la actuación de los funcionarios del Banco Central. Según los documentos oficiales el fondo serviría para “defender a los funcionarios contra las publicaciones de la prensa escrita que no cuenten con la debida documentación”(sic). El proyecto también prohibía “iniciar denuncias criminales contra los funcionarios” a quienes no fueran funcionarios judiciales. Cuando este diario reveló la existencia de ese propósito, la fuerte reacción pública impidió que se convirtiera en un proyecto de ley como pretendía Pou. El directorio del Banco Central resolvió entonces llegar al mismo resultado por un camino más corto, discreto y fácil. El 17 de diciembre de 1998, un mes después de la publicación de Página/12, el directorio del Banco Central resolvió extender a sus miembros un beneficio que el Estatuto sólo concedía al personal: en caso de “procesos o actuaciones penales que derivaren del ejercicio de sus funciones” tanto los directivos en ejercicio como los retirados recibirán asistencia del Banco Central “para solventar su patrocinio jurídico”. Dicha asistencia, dice la resolución 681/98 “comprenderá los honorarios por patrocinio jurídico o defensa y las demás costas que el solicitante debiere afrontar”. Aunque la resolución indica que se trata de una extensión al directorio del artículo 13 del Estatuto, la reglamentación va más allá que el documento original. En efecto, el artículo 13 hacía referencia al “pago de gastos y honorarios” pero no decía nada tan amplio como “las demás costas que el solicitante debiere afrontar”. El Estatuto limitaba esta protección a los empleados presentes, la reglamentación la extiende a los directivos pasados, lo cual es una forma de cubrir las espaldas de Pou & Cía. Grand Cayman Pou y los demás miembros del directorio del Banco Central están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por el juez federal Gabriel Cavallo, en la causa iniciada por los cierres de los bancos Patricio y Mayo. El juez sostuvo que tenían elementos suficientes para impedir el derrumbe y que no actuaron para defender el interés del público. En su defensa Pou sostuvo que las conductas que le reprochaba el juez no eran objeto de revisión judicial y por eso se negó a ser indagado, pero la sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani confirmaron la decisión del juez. Ellos mismos deberán considerar ahora la apelación de Pou al procesamiento dispuesto por Cavallo. Si la confirman, Pou debería dejar su cargo, pese a la declaración del presidente electo Fernando De la Rúa de que respetará su mandato.Uno de los aspectos clave del procesamiento al directorio fue el no haber detectado la banca offshore Mayflower, propiedad de los mismos accionistas que el Banco Mayo, que operaba en las islas Cayman pero que noestaba consolidada en el balance del banco. Pero este diario ha sabido ahora que en 1993 el Banco Central autorizó al Banco Mayo Cooperativo Limitado a “instalar una filial operativa en la ciudad de Georgetown, Grand Cayman, Islas Caimán”. El fundamento para ello fue similar al que respaldó la reforma del Estatuto de modo de legalizar la contratación de un subgerente general inglés: “Compatibilizar los objetivos de crecimiento de la entidad con los de la economía nacional, orientada a una profunda inserción en el mercado internacional, dentro de un contexto mundial caracterizado por la creciente apertura e integración de los diferentes procesos económicos. Así, pues, las profundas modificaciones estructurales llevadas a cabo por las autoridades gubernamentlaes, mediante una política de grandes privatizaciones, aunado al proceso de desregulación de los mercados y el encauzamiento final de las relaciones financieras internacionales, configuran un significativo desafío al cambio por parte de todos los sectores de la producción, al que no deben mantenerse ajenos los bancos del país”. Luego de esta oda a la globalización y el menemismo, el banco de Rubén Beraja concluía, y Pou lo aprobaba, que “la apertura de una filial operativa en una plaza offshore como es la de Gran Cayman posibilitará intensificar la captación de capitales del exterior para su ulterior vuelco productivo en el país”.La cruel verdad desmintió estas palabras. Lejos de captar capitales y facilitar “la realización de transacciones a través de nuevos y sofisticados instrumentos financieros internacionales”, como dice la resolución del Banco Central autorizando la instalación de la filial en Grand Cayman, las offshore del Banco Mayo, Mayflowers y Trust Investment fueron usadas exactamente para el movimiento contrario: bombear fuera del país fondos que se sustrajeron de la actividad productiva. Este documento podrá interesar al juez Cavallo, porque demuestra que el Banco Central estaba al tanto de esas operaciones frente a las cuales Pou no puede arguir sorpresa ni desconocimiento.
|
El Banco Central
aprobó la refinanciación de un préstamo con garantía hipotecaria por 2 millones de
dólares otorgado a una empresa del hermano de su procesado presidente, Pedro Pou, por el
Banco Río. Para ello debió modificar la calificación de riesgo crediticio de la
Superintendencia de Entidades Financieras, que había desaconsejado la operación con
Estancias Unidas del Ibicuy dado el riesgo que surge de su incapacidad para generar
ingresos genuinos con los que pagar sus compromisos. La calificación de riesgo crediticio
3, otorgada por los técnicos del Banco Central, fue tachada a mano y en su lugar se
escribió un número 1, que corresponde a los créditos en situación normal. Tampoco el
Banco Río se inclinaba por otorgar lo pedido, pero las conclusiones de sus analistas
fueron tachadas en el informe. La principal fortaleza que el Río asignó al solicitante
fue que “su principal accionista es el señor Juan Pou, de reconocida trayectoria y
conocimiento en el mercado”. Y sobre todo en la mesa de su hermano, el presidente del
Central.La explotación ganadera, dedicada al engorde de hacienda, tiene 10.000
hectáreas, próximas a Gualeguay y es propiedad de una empresa constituida en el Uruguay
bajo la denominación Punta Lucía S.A., cuyo presidente es el hermano de Pou. La
estancia, conocida en la zona como La Calera, está sobre el río Gualeguay y es de
difícil acceso. Una parte puede recorrerse en camioneta con tracción en las cuatro
ruedas y otras a caballo y en lancha. La mejora principal que le introdujo Pou fue la
construcción de terraplenes de seis metros y medio de altura a lo largo de unos veinte
kilómetros, pero estas defensas cedieron con la crecida del año pasado. La casa
principal, de 400 m2 es nueva. Según los tasadores del Banco Río el valor de toda la
propiedad es de 4 millones de dólares, a razón de 400 por hectárea. Las actividades de
la empresa se iniciaron en mayo de 1991, tres meses después de la designación de Pou
como vicepresidente del Banco Central. La zona de Gualeguay, a unos 250 kilómetros de la
capital de Entre Ríos, es una de las preferidas por los nuevos ricos del menemismo, que
han adquirido allí grandes extensiones. El más notorio es el secretario de Inteligencia
de la presidencia, Hugo Anzorreguy, cuya prominencia estuvo a punto de transferirse a la
toponimia urbana. En 1995, el Consejo Deliberante de Gualeguay rehusó imponer el nombre
“Dr. Hugo Anzorreguy” a la calle Corrientes. También adquirieron miles de
hectáreas en la región el ministro de Economía Roque Fernández, el amigo presidencial
Alfredo Yabrán, el hombre de confianza de Eduardo Duhalde, Hugo Toledo, y el propio Pou.