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Por Susana Viau  La fiscal de
la causa que involucra, en Mendoza, al banquero Juan Pedro Raúl Moneta
comprobó la existencia de una maniobra destinada a desacreditar a Luis Leiva, el juez
federal que instruye la investigación del saneamiento, privatización y posterior caída
de los bancos de Mendoza y Previsión Social. La operación, según se corroboró a partir
de escuchas telefónicas, había sido encargada por el concuñado de Moneta, el escribano
Silvestre Peña y Lillo, quien planificó una variada gama de "camas" a tender
al juez con el fin de involucrarlo con fotos comprometedoras, gastos excesivos, consumo de
estupefacientes e, incluso, "plantear el atentar contra la vida del magistrado".
La fiscal María Alejandra Obregón sostuvo en su escrito que "no obstante lo inmoral
y reprochable de las conductas descriptas", las mismas fueron abortadas en su etapa
preparatoria y por lo tanto no constituyen delito. Pese a ello, la fiscal ordenó poner en
antecedentes de los gravísimos hechos a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura,
a la Cámara Federal de Mendoza y a los Colegios de Abogados y de Escribanos. El juez
Leiva había sido objeto en reiteradas oportunidades de pinchaduras en las líneas
teléfonicas correspondientes a su despacho de Tribunales. De acuerdo con el relato de la fiscal, el 13 de setiembre el comisario Ricardo Couto informó que un individuo llamado Esteban Horacio Sánchez Lucero se presentó para denunciar que había sido contactado para participar de una maniobra tendiente a desacreditar al juez Leiva. El contacto había sido realizado por Eufrasio Mendoza Gazari, quien le ofreció la suma de 6 mil pesos por el trabajo. El repertorio sobre el que pivotearon los requerimientos de los contratantes era amplio y la solicitud procedía de un hombre importante en la provincia y en el entorno del banquero: su concuñado, el escribano Silvestre Peña y Lillo, casado con una Arroyo Benegas, hermana de la mujer de Raúl Moneta. Durante una reunión celebrada a principios de este mes, el 2 de noviembre, en un bar del centro de Mendoza, Sánchez aceptó la propuesta y convino volver a encontrarse casi una semana después, el sábado 6, para hacer entrega de la documentación que pudiera haber conseguido.
Sánchez Lucero, en cambio, formuló una denuncia ante la División Análisis de la Dirección de Investigaciones de la policía provincial. La pesquisa de los sucesos relatados por Sánchez Lucero recayó en Alfredo Manuel Rodríguez, quien en su calidad de juez federal subrogante. giró las actuaciones a la fiscal María Alejandra Obregón. La Fiscal pidió y logró de Rodríguez la intervención de los teléfonos de los presuntos implicados en la operación de acoso y derribo de Leiva. De esas pinchaduras surge, sostiene Obregón, "que el escribano Peña y Lillo comanda a un grupo de personas que, por diversos y mezquinos intereses, concurren a pergeñar maniobras tendientes a desacreditar al juez Leiva. Incluso llegando a plantear el atentar contra la vida del Magistrado". La funcionaria del Ministerio Público estableció que formaron parte de la confabulación, además de Peña y Lillo, un individuo llamado Oscar Alberto Scaccia, quien tenía una enemistad particular con Leiva y el ex fiscal federal Carlos "el negro" Fuego, co defensor de uno de los imputados en la causa del Banco Mendoza. "No cabe duda --sintetiza la fiscal-- de que los hechos que aparecen en estas actuaciones no son más que la concreción de reiteradas y aisladas denuncias, pedidos de juicio político (...)" realizados con el objetivo de "atacar al Juzgado Federal 1 y a su titular, como un modo de enturbiar su actuación en las investigaciones referidas al Banco Mendoza". No obstante, Obregón concluye que "pese a lo inmoral y reprochable de las conductas descriptas", no puede sostener que configuren un ilícito penal dado que lo denunciado y puesto en descubierto son meros actos preparatorios. En ese mismo sentido se pronuncia el juez subrogante Manuel Rodríguez.
Scaccia, por su parte, es un piloto de automovilismo deportivo que fue procesado por Leiva al hallarse en su poder coches desarmados de procedencia ilegal. Scaccia solicitó entonces el juicio político de Leiva. Fuego fue designado co defensor de Pablo Lucini, hijo de Benito Jaime Lucini y primo de Moneta, quien está imputado también en la causa por la caída del Banco Mendoza.
PROFUGO DESDE EL PASADO 2 DE JUNIO
Distintas versiones señalaron que pasó los días posteriores al pedido de captura en Capital Federal, en un departamento de avenida Libertador al 2600. Posteriormente, se habría trasladado al country Highland Park, en la localidad de Pilar, en el mismo lugar donde pasa los fines de semana el ministro del Interior, Carlos Corach, pero sin el asedio de los movileros. También se asegura que estuvo en la estancia cordobesa Chechehue, propiedad de un familiar, en la localidad de Sampacho. Todos ellos lugares fácilmente ubicables teniendo a mano sus antecedentes y costumbres, y sin embargo fuera del alcance de la Justicia. Incluso sus propiedades rurales en la provincia de Mendoza, último lugar donde tuvo presencia pública antes de esfumarse, fueron tardíamente allanados. Algunos, como la finca a nombre de la Corporación de Los Andes, en la localidad de Lavalle, recién fue visitada por la Gendarmería a más de dos meses de dictarse la orden de detención. "A esto le llamo búsqueda pasiva, porque no hay personal que esté dedicado activamente a su búsqueda", expresó el juez Leiva cuando fue consultado sobre los nulos resultados de su pedido de captura. Por aquellos días, mediados de agosto, el ministro Corach se ocupó de pedir un esfuerzo adicional de la Policía Federal, pero los resultados fueron los contrarios a los que podía suponerse. Desde entonces, los allanamientos resultaron cada vez menos frecuentes, y las noticias sobre el paradero del prófugo inexistentes. Apenas recuperó protagonismo público a través de alguna gestión legal de sus abogados para obtener su excarcelación. Los esfuerzos de la defensa de Moneta por tratar de desligar a la causa del Banco Mendoza del juzgado de Leiva y encauzarla en la investigación del magistrado porteño Gustavo Literas no tuvieron éxito. De éste esperaban un trato más benévolo para su defendido, aunque la jugada terminó frustrándose por completo cuando Literas se vio obligado a citar a declarar a Moneta: ya prófugo de Leiva, debió eludir presentarse para evitar quedar detenido. "Hay intereses creados para que Moneta siga estando protegido y evidentemente son intereses espurios. Es obvio que hay todo un esquema de poder detrás de Moneta, que también deberían ser investigados por las fuerzas políticas sanas que quedan en la República", expresó el fiscal Giordano al diario La Nación en agosto. Seguramente con más información que la opinión pública, el representante del ministerio público expresó lo que aquélla piensa.
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La reunión del día 6 se produjo en el café
Victoria, ubicado en la Galería San Marcos. Estuvieron presentes el denunciante, Esteban
Sánchez Lucero, su contacto, Mendoza Gazari y el escribano Peña y Lillo. Contó Sánchez
Lucero a la policía que Mendoza Gazari y el escribano le reclamaron la foto
comprometedora diciéndole que "el trato es serio. Sí o sí, queremos las
fotos". A continuación y para corroborar que estaban dispuestos a pagar sus
servicios le mostraron un sobre con billetes que correspondían a la suma ofrecida. Luego,
agregó Sánchez Lucero en su confesión, "le manifiestan que quieren realizar los
siguientes trabajos: conseguir los resúmenes de tarjetas de crédito del Juez, hacerle un
trabajo sucio llamado cama con unas prostitutas; ubicar una fiesta a la que concurra el
magistrado e involucrarlo con drogas en el lugar del evento y en su vehículo". 
Silvestre Peña y Lillo tiene una larga
actuación profesional que se remonta a 1986, cuando junto al también escribano Raúl
Moneta, padre del banquero prófugo, suscribían las escrituras de compra y traspaso de
los bienes de los propietarios del quebrado Banco del Oeste --de la familia Guelar--, a
sí mismos o a los amigos de Guido Guelar, Alberto Petracchi y Salvador María Radavero.
Al asumir Raúl Juan Pedro Moneta la posesión de los privatizados bancos de Mendoza y
Previsión Social, Peña y Lillo fue designado escribano de los mismos y se recuerda que
tres días antes de su caída, en persona y acompañado por dos cajeros, Peña retiró 700
mil dólares del Tesoro de la entidad.