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 La Alianza
evalúa por estos días un "plan social para erradicar la indigencia en la
Argentina" al cabo de los cuatro años del nuevo gobierno. Actualmente, existen en el
país 744 mil familias, alrededor de 3 millones de personas, que ni siquiera logran
consumir una dieta mínima en calorías. La propuesta aliancista apunta a sacar de la
indigencia, durante el primer año de gestión, a 460 mil familias indigentes con hijos
menores de seis años. La idea es otorgarles un subsidio de entre 35 y 60 pesos --según
la región de que se trate-- por niño del hogar, que sería utilizado para hacer diversas
compras en comercios y supermercados. El costo máximo de la medida, que podría
financiarse reasignando partidas del actual Presupuesto, sería de 927 millones de pesos. En caso de ser nombrada al frente de un nuevo Ministerio de Acción Social, Graciela Fernández Meijide ya tiene un plan, que se propone como meta prioritaria terminar con la indigencia, en especial, la que afecta a las familias con niños pequeños. La base del programa también sería adoptado por Cecilia Felgueras, si el presidente se inclinase finalmente por su funcionaria preferida en la Ciudad. Más allá del funcionario que lo aplique, De la Rúa considera clave comenzar a instalar en las próximas semanas la idea de que habrá una red de contención social entre tanta discusión sobre el ajuste presupuestario que exige el Fondo Monetario Internacional. El documento, al que accedió este diario, fue elaborado por un grupo de técnicos del Frepaso y del radicalismo (Pablo Vinocur, Laura Goldberg, Aldo Issuani, Luis Beccaria y Néstor López, entre otros), coordinados por Eduardo Bustelo, ex director de Unicef en la Argentina y hombre de confianza de Graciela. Los técnicos aliancistas parten de una sombría descripción de la herencia social legada por el menemismo: * Hoy, 744 mil familias (8,8 por ciento del total) viven en la indigencia, lo que significa que no logran comprar una canasta de alimentos valuada en 70 pesos por adulto del hogar. * El 60 por ciento de estos hogares tienen hijos menores de seis años. Son 460 mil familias, casi una de cada cinco con niños de esta edad. * Peor aún: el 25 por ciento de las mujeres argentinas que están al frente de una familia y tienen niños menores de seis años, sobreviven en la indigencia (ver cuadro). Justamente, el objetivo de la Alianza sería empezar atacando la indigencia en estas familias con niños. "Una primera meta en el camino para la erradicación total de la indigencia es la transferencia de recursos hacia los hogares indigentes con chicos de hasta seis años. El cumplimiento de esta meta sería el comienzo para la no reproducción intergeneracional de la pobreza", dice el documento. El informe plantea que el monto de los subsidios a otorgar a las familias dependerá de las regiones o provincias donde estén localizadas, ya que el costo de vida varía sustancialmente a lo largo y a lo ancho del país: podrían ser de 60, 50 o 35 pesos mensuales por cada niño del hogar. El dinero sería entregado al jefe o jefa de hogar, muy probablemente mediante la apertura de una pequeña caja de ahorro en una entidad oficial, que se iría debitando con una tarjeta electrónica. Los técnicos consideran que de esa forma el jefe de la familia podría disponer de la forma más "eficiente" del dinero para comprar los alimentos esenciales para sus hijos. Para esto sería asesorado por especialistas en nutrición y se distribuirían folletos y publicidad indicativas de dónde comprar las canastas alimentarias más económicas. Por supuesto, también se plantea la necesidad de llevar a cabo una evaluación psicosocial de los receptores de los subsidios para determinar si, efectivamente, los destinarán al sustento de la familia y no a otro fines. Suponiendo que los subsidios fueran todos de 60 pesos mensuales, el costo máximo de esta política sería de 903 millones de pesos anuales. Si el subsidio fuera sólo de 35 pesos, también alcanzaría para cumplir las metas de reducción de la indigencia, con un costo inferior. El documento afirma que "la cifra equivale a menos del 0,5 por ciento del PBI", como una forma de demostrar que es insignificante en términos de los beneficios que reportaría. Sin embargo, es una cifra importante en el contexto del ajuste fiscal que se discute actualmente sobre el Presupuesto del año 2000. Por eso, los técnicos aliancistas hicieron una exhaustivo análisis de los gastos sociales vigentes en el Presupuesto considerados "flexibles" y que podrían reorientarse para financiar este tipo de política. La conclusión es que existen alrededor de 3 mil millones de pesos bajo las forma de programas de estas características. Y, por lo tanto, con sólo reasignar un tercio de dichas partidas se podría financiar sin inconvenientes el tema más urgente en el plan social de la Alianza. De acuerdo con los cálculos que manejan en el mencionado equipo de expertos, de aplicarse esta política, a fines del año 2003 la indigencia total se habría reducido del 8,8 por ciento actual al 0,7 por ciento de los hogares (ver cuadro). Así, para entonces, sólo quedarían 60 mil familias --menos de una décima parte del número actual-- bajo la línea de indigencia. VALES, CAJAS DE ALIMENTOS Y DINERO A COMEDORES
La coordinadora de la transición en el área de Acción Social, Cecilia Felgueras, explicó que "en primera instancia, lo que hay que hacer son planes efectivos de emergencia donde el dinero le llegue a la gente". Y apuntó que el futuro gobierno apelará a distintos instrumentos que "no serán iguales en todo el país. En un caso se entregarán vales para la compra de alimentos; en otro, se implementarán programas con cajas alimentarias; y en otros, se favorecerá a los comedores comunitarios". Felgueras defendió la entrega de vales y la calificó como "un instrumento muy genuino, que favorece al pequeño comerciante, al ordenamiento de la economía y a la persona que, con la dignidad de un consumidor, puede elegir dentro de una lista de alimentos". Sostuvo, además, que ese tipo de acciones reivindican "el rol del Estado, que no debe hacer beneficencia sino cumplir con su obligación social de garantizar la igualdad de oportunidades". Graciela Fernández Meijide, la candidata al Ministerio de Acción Social, afirmó que la Alianza se propone implementar una política en esa área, que "en ningún momento ocultará que lo importante es expandir el mercado de trabajo" y que ésa será "la diferencia esencial" entre los planes asistenciales del menemismo y los que impulsará el próximo gobierno. También destacó la necesidad de unificar y organizar los planes existentes que no sean "malos" y de implementar un sistema de "auditorías sorpresivas" para evitar su utilización política. Eduardo Bustelo --asesor de Fernández Meijide-- aclaró que "de ninguna manera" se piensa en crear impuestos para financiar el Plan Social, al que más allá de lo asistencial le adjudicó el objetivo de inculcarle a los beneficiarios que "lo reciben porque tienen un derecho, y que ellos pueden aprender códigos y comportamientos para salir de su situación".
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