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Un consorcio brasileño despidió a 530 empleados de dos ramales de carga. El sindicato ferroviario pide que el Estado anule el contrato. |
Por Martín Granovsky  El control
social sobre las empresas de servicios públicos --sin duda un gran tema de la agenda
política de los próximos años-- suma esta semana un nuevo capítulo: el sindical. La
Unión Ferroviaria denunció que un consorcio brasileño llegó a utilizar
"matones" para garantizar el despido de 530 empleados y pidió anular al
concesión. El consorcio es América Latina Logística (ALL), que maneja el transporte ferroviario de cargas en dos ramales: el Mesopotámico (el ex Urquiza) y el Buenos Aires al Pacífico (ex San Martín). ALL explicó en setiembre último que se propone "convertirse en una red ferroviaria que posibilite el corredor bioceánico y en la principal empresa de logística en transporte de carga de Latinoamérica". "Creemos que ha llegado el momento de dejar sin efecto la concesión", dijeron Adolfo Argüello y José Pedraza, de la Unión Ferroviaria. "Hay que hacerlo en resguardo de las fuentes de trabajo, del patrimonio del Estado, de la legislación de nuestro país y de la seguridad de que la paz social se verá alterada", explicaron. Según la Unión Ferroviaria, el sindicato que nuclea a la mayoría del personal, ayer la empresa impidió con ayuda de la Gendarmería, la Policía Federal y policías provinciales, además de "matones armados de origen brasileño", la entrada al trabajo de los operarios que planea despedir. El sindicato informó a Página/12 que los centros del conflicto son Justo Daract, en San Luis; Monte Caseros, en Corrientes; y Palmira, en Mendoza. "En Palmira, por ejemplo, la represión cortó el agua de los talleres, para aislarlos, y dejó sin agua a todo el pueblo", reveló. ALL ofrece por retiro una suma que en algunos casos puede llegar a los 25 o 30 mil dólares, pero los dirigentes gremiales recomendaron no aceptar un acuerdo para rescindir el contrato. "Es pan para hoy y hambre para mañana", opinaron. El fantasma es el de los pueblos petroleros. En Cutral-Có, por ejemplo, los petroleros usaron el retiro voluntario de YPF para poner un kiosco o comprar un remís y, sin mercado, terminaron devorando su inversión. "El retiro voluntario no equivale a un emprendimiento personal con salida concreta", fue la idea que buscó transmitir la Unión Ferroviaria a sus afiliados. Algunas de las ciudades afectadas, como Monte Caseros, la misma donde en 1988 se levantó Aldo Rico, se estructuraron históricamente alrededor del ferrocarril y de los talleres. En Daract concejales y dirigentes sociales se solidarizaron con los ferroviarios e invitaron "a la ciudadanía a adherir a este comunicado". La impresión de los dirigentes sindicales es que alguna de las crisis locales podría rematar en una pueblada. Más allá del conflicto sindical, alguna de las ciudades podría reaccionar para no convertirse en fantasma. El Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria entre la empresa y los empleados, pero ALL, de acuerdo con la Unión Ferroviaria, no la acató. "Acá nos están molestando a cada rato", fue una de las quejas escuchadas por funcionarios de Trabajo de boca de un directivo de ALL durante una de las reuniones a la que había sido convocado. Y el sindicato puntualizó que a otro encuentro, directamente, ALL no fue: justo una cita en la que participó el propio ministro de Trabajo, José Uriburu. "Se creen que están en el Matto Grosso", suelen retrucar los sindicalistas. "Se sienten alentados porque en Brasil ganaron el recorte e impusieron jornadas que pueden llegar a las 12 horas." Trabajan en el ex Urquiza y el ex San Martín 1200 personas. El paquete de despidos incluye, además de los 430 ferroviarios, 100 empleados representados por La Fraternidad, que protege los derechos de maquinistas y señaleros. En total, más del 40 por ciento de la planta.
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