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Por Elio Brat Desde Neuquén  Diez
dirigentes sindicales de los principales gremios de Neuquén --los estatales de ATE y los
docentes de Aten-- comenzaron a ser juzgados en la mañana de ayer en esta ciudad acusados
criminalmente de "daño simple" en contra de la Legislatura provincial (por la
rotura de tres barrotes y un vidrio) y "atentado contra la autoridad policial".
Los hechos sucedieron en octubre del '97, en el marco de una de las tantas protestas que
se realizaron en contra de la rebaja compulsiva de un 20 por ciento en los salarios de los
estatales impuesta, en diciembre del '95, por el gobierno de Felipe Sapag y todavía
vigente. Víctor De Gennaro y Marta Maffei, secretarios general y adjunto de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA), llegaron a esta provincia para encabezar un paro general de
24 horas "en protesta por la judicialización de los conflictos" que se cumplió
al mismo tiempo que la decena de dirigentes era sentado en el banquillo de los acusados de
la Cámara Penal en lo Criminal Dos.El juez José Víctor Andrada preside las audiencias que continúan mañana y los más de 250 manifestantes que se reunieron frente al tribunal neuquino esperan que, al igual que en el juicio realizado en esta provincia a Horacio Panario y Alcides Cristensen, el mismo fiscal Jorge Otegui se abstenga de acusar y pida la absolución de todos los dirigentes imputados. Los trabajadores procesados son todos dirigentes reconocidos a nivel provincial: Julio Fuentes (secretario general de ATE y de la CTA Río Negro y Neuquén), César Sagredo (adjunto de ATE), Horacio Fernández (secretario acción política de ATE), los delegados Víctor Zárate y Baltasar Alvarez y Néstor Cides con Jorge Fuentes, ambos dirigentes de ATE en Cutral-Có. Junto a ellos están tres docentes: Oscar Di Diego, actual secretario adjunto de Aten, Pablo Ferrer y una ex secretaria general del gremio y actual adjunta de la CTA regional, María Eugenia Figueroa. Luego de que el tribunal rechazó los planteos de nulidad del juicio --el abogado de ATE Mariano Mansilla dijo a Página/12 que "se vulneró gravemente el derecho de defensa al presentar como prueba acusatoria un video donde, en sede policial, un grupo de policías reconoce a nuestros defendidos--, en este juicio no va a poder saberse quiénes son esos policías porque su identidad no fue revelada ni lo será. Eso es totalmente ilegal" --seis de los diez acusados negaron insistentemente los hechos que se le imputan sobre lo que sucedió aquel martes 7 de octubre de hace dos años (ver recuadro)--. Mientras Cides aseguró que "los trabajadores no tenemos metodologías mafiosas", Zárate insistió en "el derecho que tenemos a reclamar, hasta el día de nuestro juicio final, por nuestros salarios y por el trabajo". "Hablamos con los diputados para que no legalizaran un robo que se sigue haciendo a nuestras familias", dijo su compañero de gremio Sagredo, pero la declaración más llamativa fue la de Baltasar Alvarez, quien luego de apoyar "los justos reclamos que seguimos haciendo desde ATE y ATEN porque lo que verdaderamente se tiene que investigar es el enriquecimiento ilícito de diputados que han saqueado a Neuquén", aseguró que "ese día ni siquiera ingresé a la Legislatura. Llegué cuando la columna se retiraba." A la salida y en un improvisado acto, De Gennaro calificó como "una vergüenza que se gaste la plata de la gente para llevar al banquillo de los acusados a legítimos representantes de los trabajadores". "En vez de estar investigando el asesinato de Teresa Rodríguez, sucedido pocos meses antes de lo que se enjuicia hoy, aquí están compañeros de Teresa injustamente acusados", dijo el secretario general de la CTA, quien responsabilizó "al presidente Carlos Menem y a su política por los más de dos mil quinientas causas donde se acusa a trabajadores que reclaman lo justo", remarcando que "lo que hoy vimos en la Justicia de Neuquén es una verdadera parodia, totalmente injusta."
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