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Por Horacio Cecchi  Con
términos de extrema dureza, la Suprema Corte bonaerense instó al gobernador Eduardo
Duhalde a resolver la internación de los menores en la provincia dentro de los marcos
legales. Alrededor de 240 menores se encuentran detenidos en comisarías bonaerenses,
infringiendo las leyes. La acordada hace mención a reclamos anteriores de la misma Corte
y sostiene: "No sólo no se ha obtenido respuesta satisfactoria sino que, por el
contrario, se ha adoptado un criterio opuesto al señalado...". También subraya que
"las denuncias por apremios ilegales cometidos en perjuicio de menores durante su
alojamiento han aumentado", y que las "condiciones de detención de los
adolescentes e incluso niños se ven notablemente agravadas por el pésimo estado de tales
dependencias, lo que ha llevado a la interposición de numerosos hábeas corpus". Los
nueve integrantes del Tribunal debatían desde hace meses adoptar una resolución, pero la
firma reciente de un convenio que habilitaría un sector de la cárcel de máxima
seguridad de Magdalena para internar a menores aceleró la decisión: la acordada salió
con la firma de seis ministros. Alberto Pisano, Eduardo De Lazzari y Eduardo Pettigiani
votaron en contra. El de los dos últimos fue voto cantado: en su momento, fueron
secretarios de Seguridad de Duhalde.La acordada está fechada el miércoles 10 de noviembre, pero recién ayer fue despachada. Como informó Página/12, el martes 9 el senador provincial de la Alianza, Diego Rodrigo, logró detener ante la Justicia la concreción de un convenio firmado entre Osvaldo Lorenzo, durante su breve gestión como ministro, y el Consejo Provincial del Menor por el que se abrían 104 plazas para menores en la Sub Unidad 35 de Magdalena, destinada a mayores. La causa fue presentada ante la jueza Irma Lima, quien dispuso de inmediato no innovar. El Consejo apeló. Mañana se conocerá la respuesta de la Cámara. Anticipándose a ese fallo, la Corte sentó jurisprudencia incorporando al mencionado convenio a su crítica general al sistema colapsado de la minoridad. En cuatro carillas y un párrafo, los ministros Guillermo San Martín, Elías Laborde, Juan Hitters, Juan Salas, Ernesto Ghione y Héctor Negri recuerdan cada uno de las propuestas y reclamos históricos realizados al Ejecutivo. El 14 de mayo, el Tribunal propuso al gobernador una serie de medidas "con la intención de paliar en lo inmediato la crítica situación de alojamiento de menores" a través de una comisión. Entre las soluciones se proponía el alquiler de edificios que sirvieran de albergue y al mismo tiempo que descentralizara la administración. La respuesta del gobierno se hizo esperar y cuando se tomó, cayó como un balde de agua fría en la Corte: "Se adoptó el criterio opuesto", al firmarse el convenio de marras, dice en tono agrio la acordada. Este diario pudo averiguar que el presupuesto anual para poner en marcha el convenio es superior a los 3 millones de dólares anuales. El texto define a los institutos de menores como de "insuficiencia histórica e inadmisible" y recuerda que, por el aumento de "denuncias por apremios ilegales", la presidencia de la Corte ya había solicitado al Ministerio que instruyera correctamente a las comisarías involucradas. "A mero título de ejemplo" sobre el "pésimo estado de las dependencias", los seis ministros recuerdan la intervención del Tribunal por los "incendios de los calabozos en la comisaría de Villa Maipú --partido de San Martín-- y en la Seccional 4ª" de La Plata, ocurridos el 11 de julio y el 5 de octubre". Más adelante cuestiona las "negativas e inobservancias de las órdenes" impartidas por los jueces a la administración, especialmente de parte de la titular del Consejo del Menor, María Laura Leguizamón, e insiste en que la "saturación del inapropiado sistema continúa colocando en riesgo físico, psíquico y moral a los menores". El penúltimo párrafo de los considerandos marca claramente el estado de situación: "Cabe puntualizar que el Instituto Almafuerte, único establecimiento de máxima seguridad a cargo del Consejo Provincial del Menor, pareciera no poder contener a sus internos por otras vías que las del trato inadecuado y el aislamiento, pese a la escasa treintena de plazas que ofrece". En su resolución, la Corte manifiesta "una vez más y hace pública su honda preocupación por los menores alojados irregularmente" y solicita a Duhalde que "se adopten los recaudos necesarios para cumplir con las exigencias legales". Pisano, Pettigiani y De Lazzari prefirieron no ser de la partida.
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