El País
de Madrid
Por Juan Jesús Aznárez
y Mauricio Vicent
Desde La Habana
 La IX Cumbre
Iberoamericana de La Habana consagrará en su declaración final el rechazo de América
latina, España y Portugal a cualquier extraterritorialidad, condenará la ley
norteamericana Helms-Burton y, por elevación, desautoriza el proceso abierto en España
por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, contra el ex dictador chileno
Augusto Pinochet, y los autos de busca y captura contra las juntas militares argentinas.
El borrador, que pulen los delegados de 21 naciones, aboga por el pluralismo político.
Estados Unidos instó al foro, en carta oficial remitida a varios
presidentes, a reprochar al gobierno de Castro el incumplimiento de los compromisos
democráticos de la Declaración de Viña del Mar de 1996. La Declaración de La Habana
censuró en su primera redacción "todas las medidas de carácter unilateral y con
efecto extraterritorial contrarias al derecho internacional y a las reglas de libre
comercio comúnmente aceptadas".
La comisión coordinadora del borrador incorporó después una
propuesta chilena claramente derivada de la causa abierta por Garzón: "La
extraterritorialidad de las leyes nacionales es contraria al espíritu de cooperación y
amistad entre nuestros pueblos", dice. "Supone una violación de los principios
que rigen la convivencia internacional y debilita los acuerdos internacionales." El
añadido no es definitivo, y será sometido a la discusión de los cancilleres y a la
ratificación de los presidentes. La formulación chilena fue decorosa, de acuerdo con la
vicecanciller colombiana, Clemencia Forero, "y España manifestó su comprensión y
respeto por los asuntos internos no sólo de Chile sino de otros países".
Las reválidas impuestas por Estados Unidos a países aquejados por el
narcotráfico, la expedición de certificados de buena o mala conducta a Colombia,
Bolivia, México o Perú, los secuestros en terceros países, o la intervención en suelo
mexicano de agentes encubiertos norteamericanos que investigaron el blanqueo de capitales
en la banca azteca, subyacen en el punto relativo a la extraterritorialidad.
Dieciséis presidentes, el rey de España, un primer ministro y cinco
delegados presidenciales inauguraron los trabajos de un foro que llega precedido por la
polémica. No asisten los jefes de gobierno de El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, cuyo
canciller se entrevistó ayer con un grupo de disidentes. Los tres gobernantes afirmaron
que no acuden porque la Revolución Cubana es totalitaria. Los de Chile, Eduardo Frei, y
de la Argentina, Carlos Menem, se ausentaron en protesta por la iniciativa del magistrado
español en el Cono Sur.
Más que un pronunciamiento contra el proceso al ex dictador
latinoamericano, el documento de Oporto constituyó una condena de la ley estadounidense
Helms-Burton, que castiga a empresas de terceros países con inversiones en Cuba. La
española Sol-Meliá atraviesa en estos momentos el ojo del huracán y alguno de sus
directivos viajó a La Habana, cuyo Malecón, monumentos históricos y accesos al barrio
colonial han sido abrillantados para que los visitantes puedan disfrutar de una de las
capitales más hermosas de América latina, pese al decaimiento de sus cimientos. Más de
300 vehículos, entre ellos 30 Mercedes-Benz nuevos, facilitarán el transporte de las
cerca de dos mil personas asistentes. Un cálculo extraoficial cifra la inversión
efectuada en cinco millones de dólares.
Una región difícil para la
prensa
Por Fernando Castelló *
Reporteros Sin Fronteras
(RSF), organización que defiende la libertad de prensa en el mundo, quiere transmitir su
inquietud por la situación de esa libertad en Latinoamérica, en ocasión de la IX Cumbre
Iberoamericana en La Habana, capital de un país donde hay cuatro periodistas
arbitrariamente encarcelados. RSF denunció en cumbres anteriores los atentados contra la
libertad de prensa en esa zona del mundo, donde 140 periodistas han sido asesinados en el
ejercicio de su misión. Misión que, en tres de cada cuatro casos, consistía en
investigar el narcotráfico, la corrupción, violaciones de derechos humanos, abusos de
poder o tramas mafiosas.
No sólo se intenta amordazar a la prensa asesinando a periodistas
molestos. También se les ponen trabas, hostiga, amenaza, agrede, secuestra, procesa,
encarcela o fuerza al exilio, en una división eficaz del trabajo represivo entre el
aparato estatal y grupos armados sospechosamente incontrolados. Y cuando se mata,
encarcela o amedrenta a un periodista, se está atentando contra un doble derecho: el de
la prensa a ser libre para informar y el de los pueblos a estar informados para ser
libres.
En Colombia, el asesinato, el 13 de agosto, de Jaime Garzón, de
Caracol Televisión, sigue sin esclarecerse, aunque RSF tiene motivos para sospechar que
pudo ser instigado por militares contrarios al proceso de paz que Garzón promovía. El 16
de setiembre era asesinado Guzmán Quintero Torres y el 21 de octubre, Rodolfo Julio
Torres. Más de medio centenar de periodistas fueron asesinados en ese país en los
últimos 10 años y los asesinos siguen en su gran mayoría impunes. En México, donde
tres de los cinco periodistas asesinados impunemente en 1997 y 1998 lo fueron por sus
investigaciones sobre el narcotráfico y sus amplias conexiones políticas, siete
profesionales de la información han sido agredidos y otros cinco amenazados de muerte. El
gobierno prosigue con su intento de controlar la información sobre la situación en
Chiapas. El 5 de marzo, el presunto autor del asesinato de Benjamín Flores, en 1997, fue
puesto en libertad sin que las autoridades hayan respondido a la petición de
explicaciones de RSF.
En Perú, la OEA ha revelado la existencia de un plan de los servicios
secretos contra la prensa para impedir que se investiguen los métodos expeditivos del
Ejército, confirmando las informaciones publicadas por RSF sobre presiones a cerca de una
quincena de periodistas de investigación y 18 medios de comunicación: escuchas
telefónicas, amenazas de procesos judiciales o de muerte. Diez periodistas han sido
procesados en 1999 por informaciones sobre los servicios secretos del Ejército, y su
defensa se ve comprometida por el sistema de jueces provisionales controlado por el
gobierno. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el 23 de octubre un
artículo (número 59) que pretende introducir en la nueva Constitución el derecho
"a la información oportuna, veraz e imparcial", adjetivos que preocupan tanto a
los editores de periódicos locales como a la Sociedad Interamericana de Prensa y a RSF
por las limitaciones a la libertad que podrían autorizar.
En Cuba no existe libertad de prensa y hay periodistas encarcelados:
Bernardo Arévalo Padrón, condenado en noviembre de 1997 a seis años de prisión; Manuel
Antonio González Castellanos, condenado en octubre de 1998 a dos años y siete meses de
cárcel; Leonardo Varona González, condenado en octubre de 1998 a 17 meses de cárcel;
todos ellos por "desacato" al jefe de Estado; y Jesús Joel Díaz Hernández,
condenado en enero de 1999 a cuatro años de cárcel por "peligrosidad social".
En RSF consideramos que no hay libertad sin libertad de prensa, por lo
que nos parece contradictorio que una Cumbre, cuyos asistentes suelen comprometerse a
respetar las libertades democráticas, se celebre mientras cuatro periodistas están
encarcelados en el país anfitrión por haber intentado ejercer una de ellas, la de
información, clave de las demás. RSF pide a los jefes de Estado y de gobierno convocados
a La Habana que exijan de Fidel Castro la puesta en libertad de los cuatro periodistas
citados, e intentará estar en la Cumbre para exigir el castigo de los asesinos y
agresores de periodistas en Latinoamérica.
* Presidente de la organización internacional Reporteros Sin
Fronteras. Publicado en El País de Madrid. |
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