Página/12

Carlos Menem se habrá cruzado más de una vez con Victoria Eugenia Henau Vallejos de Gaviria en la cancha de golf del selecto country Las Praderas. El Presidente suele ir acompañado de un familiar de Amalia Lacroze de Fortabat, que tiene una mansión en el lugar, pero también juega allí con Genaro Contartese, el hombre del Banco Nación procesado en el escándalo con IBM. En Las Praderas más de un vecino supo siempre que la mujer que se hacía llamar María Isabel Santos Caballero era en verdad la esposa del mítico jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, pero a ninguno pareció preocuparle demasiado: “si aquí viene el Presidente aún sabiendo que la mujer está a unos metros, significa que está todo bien”, explicó uno de ellos a Página/12.
La señora empezó el trámite de radicación cuando llegó al país en 1995, y obtuvo su DNI poco tiempo después como “inmigrante con capital”. Una alta fuente de la SIDE le confió a este diario que “sabe de la presencia de la viuda de Escobar desde hace tres años”. Y agregó que “en 1996 la detectamos en el country Las Praderas, verificamos que la documentación era la que le dieron las autoridades colombianas, que no tiene ningún pedido de captura y decidimos que no era nuestro papel iniciar una causa ni echarla del país”. Una nota televisiva delató su presencia en Argentina y a las pocas horas la Justicia ordenaba su detención en un departamento del barrio de Saavedra, acusada de falsificación de documentos y lavado de dinero del narcotráfico por unos dos millones de dólares.
En medio del estallido de este nuevo escándalo, Menem afirmó que la presencia de la viuda de Escobar Gaviria “no significa que en la Argentina esté asentado el narcotráfico”. Y agregó que no tiene conocimiento acerca de si la mujer y sus hijos cuentan con documentación argentina. Según Menem, la viuda y el joven detenido “aprovecharon que Argentina es un país abierto para instalarse aquí”.
La mujer llegó hace casi cinco años, las autoridades sabían quien era pero no le dieron importancia a su verdadera identidad. Y la viuda de Escobar empezó a “invertir”. Pero todo se complicó tras un enfrentamiento de la mujer con su contador, Juan Carlos Zacarías. Ella sostiene que él se quedó con 500.000 dólares de un vuelto y por eso le inició una demanda judicial. Victoria Eugenia jura y perjura que, como represalia, Zacarías la denunció a las autoridades. Pero resulta que el contador también está imputado en la causa que inició hace dos meses y medio el juez federal Gabriel Cavallo, y ayer a última hora fue detenido. Un colaborador del juez explicó a Página/12 que “aún no está claro cuál es el papel de Zacarías, puede ser tanto un extorsionador como un testaferro”.
El magistrado postergó para hoy a las nueve la indagatoria de la colombiana, de 39 años, y de su hijo Juan Pablo, de 22. La mujer seguramente quedará en libertad, salvo que el juez encuentre pruebas para acusarla de asociación ilícita. Ayer, Cavallo realizó allanamientos en bancos, oficinas y viviendas, en los que secuestró gran cantidad de documentación. En una caja del Banco Río encontró escrituras, joyas, dinero y los pasaportes colombianos de la familia del narcotraficante.
En el juzgado no ocultaban su molestia por la interrupción abrupta de las investigaciones que venían realizando desde hace un mes y medio, cuando la protagonista del caso apareció mencionada por televisión (ver página 2). Su detención no estaba prevista en el corto plazo porque aún faltaban recolectar elementos para acusarla por lavado de dinero. En Argentina, ese delito no está penado como tal sino en el marco de la ley de drogas. Por lo tanto, tiene que existir una conexión con alguna causa abierta sobre narcotráfico. La viuda de Escobar no aparece en ningún expediente, ni aquí ni en Colombia (ver página 2). Cuando llegó a Buenos Aires, la esposa del narcotraficante necesitaba demostrar que era una inversora para conseguir la radicación. La mujer consultó a un prestigioso abogado sin revelarle su verdadera identidad. La idea fue comprar un inmueble de envergadura que resultó ser la magnífica casa de Las Praderas, hasta entonces propiedad de un empresario de apellido Lemos. Imágenes de la mansión se vieron en el programa Memoria del lunes, que conduce Samuel “Chiche” Gelblung. Poco después de aquella primer compra, la mujer adquirió otro terreno más en el mismo country.
En todos estos trámites y también en la compra de una sociedad uruguaya, actuó el contador Zacarías, quien se hizo íntimo amigo de la mujer. Después adquirieron un par de departamentos más y un gran terreno en la Avenida Huergo, frente a Puerto Madero, posteriormente vendido a la Shell.
En todo momento, la señora de Escobar se presentó como la viuda de un empresario colombiano de nombre Pablo Marroquín. La documentación de sus dos hijos también respondía a ese apellido, Juan Pablo el varón y Juana Manuela, la más chica de 12 años. También acompañaba al grupo la esposa de Juan Pablo, una chica de apellido Ochoa, que sería hija de otro de los jefes del Cartel de Medellín.
En el trámite de radicación presentado ante Migraciones se habrían cumplido todos los requisitos y la documentación personal estaría impecable. La señora era parte del programa conocido en su país como protección de personas, tal como aseguró ayer el fiscal general de Bogotá Alfonso Gómez Méndez, y desde Colombia respondieron a las requisitorias de Migraciones con datos coherentes con el nuevo nombre. En el Ministerio del Interior y en la SIDE aseguran que nadie supo nada, que los engañaron, pese a que la señora tenía un perfil cuando menos extraño: gran poder adquisitivo y pocas explicaciones sobre el origen de la fortuna. La Justicia tiene acreditado que la viuda violó la ley porque usó en Argentina documentos falsos para realizar sus trámites. Y el cónsul de Colombia, Ignacio Ruiz, aseguró ayer al juez Cavallo que no le consta que los documentos “falsos” hayan sido otorgados en forma oficial por su país. Según la viuda, Zacarías comenzó a extorsionarla cuando su imagen apareció junto a la de su marido muerto en un documental emitido en un canal de cable. En el entorno de la mujer dicen que le exigió 25.000 dólares por mes para mantenerse en silencio. El punto culminante del choque fue una disputa en torno a un dinero, 500.000 pesos, que Zacarías manejaba y que eran de la viuda. Ella lo acusó de querer robarle y la cuestión terminó en los estrados judiciales. Víctor Stinfale se convirtió en abogado de Zacarías. No queda claro si semejante escándalo alertó a la Policía Federal o si, como dice la señora, Zacarías “la vendió” para sacársela de encima y quedarse con el dinero.
La vida en el country se hizo más complicada. Nadie se quería relacionar con la mujer y terminó vendiendo la casa. El comprador, el abogado Luis Dobniewsky, dio la seña y –según relató a este diario– no tenía modo de saber que Santos Caballero era la viuda de Gaviria. Hicieron falta varias reuniones de conciliación entre abogados para concretar la compra, Stinfale por un lado y Dobniewsky por el otro. Curiosamente son dos de los principales letrados que aparecen en la causa AMIA. Para terminar la operación, Dobniewsky se quedó con la propiedad.

En la Argentina el lavado de dinero se castiga únicamente cuando está vinculado al narcotráfico. La ley de aplicación es la de estupefacientes, a través de un artículo que fue sancionado hace ya diez años y sobre el que los especialistas muestran una absoluta coincidencia: convierte al blanqueo en un delito muy difícil de investigar y probar. Las limitaciones están a la vista: en esta década no hubo una sola condena por lavado de dinero y el puñado de investigaciones que tomaron estado judicial lograron hasta ahora más ruido que resultados concretos.
“El problema básico es que la Justicia tiene un trabajo doble y complejo: debe demostrar, por una parte, que el lavado existió, pero también que los fondos invertidos salieron sí o sí de la venta ilegal de drogas”, explicó Luis Darrocha, presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados. Lo mismo ocurre en el terreno de la prevención, se quejan en la Policía Federal. “Si hoy una persona aparece en aeropuerto con 200 mil dólares en dinero efectivo, simplemente entra al país; no tiene obligación, a menos que ya se esté siguiendo sus pasos, de explicar de dónde sacó el dinero”, graficó a este diario un investigador de la fuerza.
Los organismos internacionales estiman que cada año circulan en el mundo unos 700 mil millones de dólares originados en el narcotráfico, la venta ilegal de armas, la corrupción y el tráfico de órganos. Aunque sobre la Argentina nadie se atreve a hacer cálculos, se concuerda en que la falta de control y una actitud de brazos abiertos a la llegada de cualquier tipo de capitales convirtió al país en un lugar atractivo para el blanqueo.
A principios de setiembre, en coincidencia con las presiones que Estados Unidos ha ejercido sobre el tema, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para prevenir y penalizar el lavado. La norma abarca a todo aquel dinero que provenga de una operación ilícita, es decir no sólo al de narcotráfico, y crea la Unidad de Información Financiera, un organismo autárquico que analizará y transmitirá información preventiva a la Justicia. “La idea es armar una especie de banco de datos para hacer seguimientos en el tiempo, a cargo de personal con perfil técnico, elegido por concurso” puntualizó la diputada Nilda Garré. La Unidad estará integrada además por funcionarios del Banco Central, la AFIP y la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico.
Uno de los puntos relevantes del proyecto es que obligará a denunciar cualquier operación sospechosa. La imposición incluye a compañías de seguro, casinos, inmobiliarias, escribanías, estudios jurídicos y empresas de correo; el objetivo, detectar el dinero sucio antes de que ingrese en el circuito financiero legal, porque una vez allí su rastreo es casi imposible.

EL DEPARTAMENTO DE NUÑEZ NO ESTA A SU NOMBRE
Poca vida social con los vecinos

“6200 metros cuadrados de jardín a sus pies.” Así rezaba el folleto que desde tres años vendía el Complejo Parque Núñez, que incluía además pileta, parrilla, quincho, gimnasio y jardín de juegos para chicos. Allí, en un semipiso de 120 metros, vivía desde hace aproximadamente un año Victoria Henao Vallejos, la viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. El departamento, sin embargo, figura a nombre de otra persona y nadie reconoce haberlo vendido. Y a pesar de que desde hace aproximadamente un año Vallejos sacaba a pasear a sus cuatro perros caniches por las tranquilas calles de Núñez, muy pocos vecinos admiten haber oído su peculiar acento alguna vez.
Jaramillo 2010, Núñez. El Complejo Parque Núñez ocupa una manzana. Casi cien familias de clase media acomodada ocupan las dos torres de 17 pisos cada una: Ombú y Jacarandá. Vallejos vivía en el piso 17, departamento “N”, de la torre Ombú, con su hija Manuela, de 12 años, desde hace casi un año. Y tenía una camioneta Chevrolet Lumina. Su hijo Pablo, de 21, tenía un Mazda 121 azul noche y, aparentemente, no vivía con ellas.
La torre está formada íntegramente por semipisos: departamentos de cuatro ambientes, una habitación de servicio y dos cocheras, que cuestan entre 180 y 200 mil pesos. Por ellos se pagan unos 250 pesos de expensas por mes. El complejo cuenta con un sector de juegos para chicos, una pileta con sector semiolímpico, un gimnasio y un quincho, con capacidad para unas cincuenta personas, con tres parrillas.
Las torres fueron levantadas por Barbarella S. A. Consultada por Página/12, la firma aseguró que la venta estuvo a cargo de las inmobiliarias Tizado y La Cité. Tizado informó a este diario que vendió 91 departamentos del complejo, pero que entre ellos nunca figuró el 17 “N” de la torre Ombú. La inmobiliaria La Cité no pudo ser consultada por este diario. Ayer los vecinos del edificio se mostraban sorprendidos por la noticia. Un hombre del departamento vecino, el 17 “E”, dijo a este diario que “eran perfectos vecinos”. Santiago, del 3er. piso de la torre Jacarandá, comentó que “ayer lo veíamos en la tele pero no sabíamos dónde estaban. Cuando nos levantamos y vimos a los periodistas acá no lo podíamos creer”.

Un periodista colombiano que siguió la carrera de Escobar relató a Página/12 que su viuda e hijos nunca fueron sospechados. La historia del cambio de identidad. Las amenazas.

Pablo Escobar y su mujer en épocas en que el narco era uno de los hombres fuertes de Colombia.
María Victoria Escobar se dedicó, según Restrepo, a “estar bonita, cuidar a los niños y la casa”.

“¿Por qué la detuvieron? Nunca estuvo sospechada”

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La reacción en Colombia por el arresto de María Victoria Henao Vallejos, la viuda de Pablo Escobar, y de su hijo mayor Juan Pablo, fue de asombro: “¿Por qué la detuvieron? Ella nunca fue sospechada de nada”, sintetizó el periodista Orlando Restrepo, uno de los veteranos de la cobertura del narcotráfico en la redacción del diario El Tiempo, de Bogotá.
“Aquí nos sorprendió mucho el arresto –explicó Restrepo a Página/12–, porque ninguno de los dos tuvo ninguna acusación, ningún proceso. Juan Pablo, el hijo, no es sospechado de nada por aquí y no se conoce que tuviera ninguna actuación en los negocios de su padre.” El periodista confirmó lo que otras fuentes describían, que María Victoria Escobar se dedicaba a lo mismo que las demás esposas de los narcotraficantes, “a estar bonita, cuidar los niños y la casa”.
“Simplemente era la esposa. Cuando se perseguía legalmente a Pablo Escobar, no había nada en contra de ella porque, que se sepa, no participaba del negocio.” Restrepo resalta el “legalmente” a la hora de hablar de los problemas de la familia: “No se olvide de los ‘Pepes’, los parapoliciales que se le hicieron la guerra a los narcos a balazos. Los Pepes hacían atentados, ponían bombas, les tendían emboscadas y hasta dinamitaban sus viviendas. Con ellos no corría eso de no meterse con las familias”.
Cuando Escobar murió acribillado por un comando policial, el 1º de diciembre de 1993, a los 44 años de edad, Medellín se incendió en una guerra de clanes por el control del millonario negocio del tráfico. Excepto por un hermano de Escobar, Roberto –más conocido como El Osito–, que estaba en prisión desde octubre de 1992 por ser uno de los administradores del cartel, la familia no fue tocada ni por los investigadores ni por los delincuentes. El gobierno extendió una fuerte protección a la viuda y a sus hijos, entonces de 16 y 6 años.
María Victoria había conocido a Pablo Escobar cuando tenía 13 años y no se dedicaba a las drogas sino a la ganadería y los negocios inmobiliarios. Se casó con 26 años y, a medida que pasaba el tiempo y crecía la inmensa fortuna familiar, se hizo conocida en Medellín por sus obras de caridad y su apoyo económico a la Iglesia.
Para los colombianos, no hay ningún misterio en el exilio de la viuda de Escobar; simplemente, “dejaron el país para que no los maten los parapoliciales”. La divergencia entre los nombres de la familia y los que figuran en sus pasaportes fue explicada por Restrepo en los mismos términos: “Aquí, en Colombia, es legal cambiarse el nombre y obtener documentación nueva. Supongo que en Argentina lo es también, como en muchos otros países. No creo que hubiera ningún programa de protección del Estado a la familia, a lo sumo alguna consideración de acelerar el trámite por la situación de peligro en que vivían. Cambiaron los nombres porque querían irse del país a algún lugar seguro donde no los mataran”.
Según Restrepo, los Escobar estuvieron bajo protección de la fiscalía “hasta que salieron del país. Estaban muy amenazados”. A partir de que dejaron Colombia, las autoridades se desentendieron, lo que explicaría que la embajada colombiana en Buenos Aires afirmó no tener ninguna información sobre su presencia en el país.
El periodista de El Tiempo, que fue corresponsal del diario en la ciudad de Medellín, sede del cartel de Escobar, desmintió que Pablo, el hijo de 22 años detenido junto a su madre, fuera un narcotraficante. “Tampoco dijo que iba a vengar la muerte de su padre, como se dijo. Yo estuve en el entierro, lo vi, y no dijo nada por el estilo. De hecho, las hermanas y otros parientes de Escobar Gaviria pidieron calma a su gente. Querían empezar una vida nueva. Mire, es una familia muy católica, muy creyente.”
Lo que para Restrepo resulta realmente “delicado” en las noticias que llegan de Buenos Aires es la cuestión de los fondos. “No sabemos si son fondos del narcotráfico o qué origen tienen. Entiéndame, es algo sobre lo que no me atrevo a especular.”

MIGUEL ANGEL TOMA POLEMIZO CON CHICHE GELBLUNG
Un apologista de la autocensura

El secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, afirmó que “por el bien de la sociedad sería bueno que cierta información se autocensurara” en referencia al programa “Memoria” que precipitó la detención de la viuda de Pablo Escobar. Al escuchar esta frase en el programa “Contrapunto”, de Martín Pitón, Gelblung acusó a Toma de ser “un Goebbels en potencia, él quisiera controlar la información, decidir: esto se puede publicar, esto no”. La polémica también se planteó en el asalto de Ramallo y viene de más atrás. Y no siempre la balanza se inclina del mismo lado.
Durante muchos años el periodismo en la Argentina se hizo desde el poder. Se concebía como periodismo “serio” a aquel que respetaba las conveniencias del poder. Pudo haber excepciones, pero en la prensa comercial fueron pocas y de corta duración. Después de la guerra de Malvinas los medios perdieron credibilidad y a partir de allí se produjo un lento cambio para desprender al periodismo del poder. Página/12 fue un actor importante en ese proceso que aparecía como coherente con la democratización general del país. La primera impresión de una parte amplia del público fue equiparar ese periodismo con la prensa amarilla.
Un editor dirá que la diferencia entre ambos pasa por muchos factores, desde la credibilidad de la información hasta la calidad y la inteligencia del planteo. Son cuestiones técnicas. Además hay una dimensión ética que también interviene en la actividad informativa.
Hay una máxima que se escucha en las redacciones: “Un periodista no tiene derecho a saber más que sus lectores”. La frase significa que el periodista no tiene derecho a ocultar información, decidir cuál conviene o no publicar, ponerse por encima del lector y asumir una autoridad que nadie le otorgó. El periodismo está para buscar información y dársela a la gente. Esa es su esencia. No es un “filtro”, no es la censura, ni tutor de nadie. Y su relación con las demás instituciones de la República se complementa a partir de cumplir su función y las demás la suya.
Pero, si las cosas fueran tan claras, serían mucho más fáciles. Porque muchas veces un periodista puede saber, pero no comprobar. ¿Cuántas fuentes tiene que consultar y cómo mide su grado de credibilidad antes de publicar el resultado de una investigación? La competitividad por la nota exclusiva o la primicia puede ser importante, pero no tanto si hay vidas en juego. Hay una gama de matices que pone en discusión las verdades absolutas.
En Ramallo los periodistas interfirieron de hecho la negociación por los rehenes. ¿Resulta legítimo en esa situación subordinar el trabajo periodístico al de la policía? Gelblung afirmó que poco antes de emitir su programa recibió un llamado del juez Cavallo y que no difundió parte del material para no poner en peligro la acción de la Justicia. Sin embargo el juez dio a entender que el programa precipitó la detención antes que la investigación diera todos sus frutos. La lógica indicaría que en determinadas situaciones el periodismo debería regular su propia dinámica al menos en cuanto a su competencia con otros medios, no en cuanto a ocultar información. Sin embargo es difícil darle un contenido preciso a esa reflexión: abrir esa puerta es peligroso porque se trata de una caja de Pandora que costó mucho cerrar. El peligro es que el argumento puede ser hoy una investigación del lavado de narcodólares, mañana una razón de Estado y pasado conveniencia política.