Por Adrián H. Mouján “Pero Jorge, Corach
parece el ministro del Interior de la Alianza”, le comentó el santacruceño Néstor
Kirchner al entrerriano Jorge Busti. Ambos gobernadores junto a los mandatarios peronistas
del Noroeste, del Noreste y de la Patagonia fueron los que se opusieron a la propuesta
impulsada por el cordobés José Manuel de la Sota, el bonaerense Felipe Solá y Corach de
aceptar la propuesta de la Alianza de fijar una suma para los fondos coparticipables.
Inclusive, De la Sota admitió haberse reunido ayer por la tarde con el futuro ministro de
Economía, José Luis Machinea, para tratar el tema, ante la pregunta inquisidora de sus
compañeros. Finalmente, todos salieron en bloque rechazando de la idea de la Alianza de
girar 880 millones de pesos mensuales como techo para la distribución de los impuestos
coparticipables, reclamando un monto de 920. Pero, a la vez, emitieron un comunicado
asegurando que garantizarán la aprobación del Presupuesto 2000.
De la Sota, Solá, Corach y su viceministro, Jorge Matzkin, encabezaron la postura
dialoguista, por diferentes razones. De la Sota, porque necesita que De la Rúa solucione
el conflicto suscitado en la Legislatura cordobesa donde la UCR se opone a dejar la
presidencia provisional del Senado –el segundo puesto en la línea sucesoria–,
que quedaría en manos de un radical debido a que el actual vicegobernador, Germán
Kammerath, dejará ese cargo para asumir la intendencia de la capital provincial. Solá y
el ausente Carlos Ruckauf, en cambio, ya acordaron con la Alianza que el Fondo de
Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense no será eliminado del Presupuesto. Y
Corach, depende de De la Rúa para que los legisladores porteños le aprueben su pliego de
senador.
Pero en la vereda de enfrente se paró una confederación de caciques compuesta por el
salteño Juan Carlos Romero, el santacruceño Néstor Kirchner, el entrerriano Jorge
Busti, el tucumano Julio Miranda, el jujeño Eduardo Fellner, el misionero Carlos Rovira,
el fueguino Carlos Manfredotti, el formoseño Gildo Insfrán y el vice santiagueño,
Darío Moreno. Este sector se reunió por la tarde en la Casa de Salta y acordó impedir
la idea de la Alianza de tratar la coparticipación junto con el Presupuesto.
“El pueblo nos envió un mensaje al votarnos a nosotros para gobernar las provincias
y a De la Rúa para gobernar el país. No podemos chocar con un presidente antes de que
asuma”, argumentó De la Sota, apoyado con entusiasmo por Corach y Matzkin. Las
respuestas más duras llegaron de parte de Romero, Kirchner y Busti. “José, todos
estamos de acuerdo en que hay que consensuar, pero es necesario separar la discusión de
la coparticipación del Presupuesto 2000. Además, una cosa es colaborar y otra es ser
colaboracionista”, le contestó el salteño.
“Muchachos, muchachos, –intervino Corach– tenemos que llegar a un acuerdo.
Hay que encontrarle una vuelta a toda esta situación”. El ministro se anticipó a la
posible confrontación, y reunió a los gobernadores en su despacho antes de llevarlos al
Salón Norte de la Rosada.
Una reaparición importante fue la del santafesino Carlos Reutemann, quien mantuvo su
habitual silencio y dejó que sus colaboradores, el senador Jorge Masat y el diputado
Oscar Lamberto, expusieran su posición. Lamberto fue el encargado de redactar el proyecto
que todos los gobernadores terminaron apoyando.
Pero el santafesino no pudo dejar de dar su sensación sobre la reunión. “Parece que
algunos compañeros vinieron con el casco puesto”, fue la frase que Lole murmuró al
oído de un colaborador. El senador Jorge Yoma, que estuvo en la reunión acompañando al
gobernador riojano, Angel Maza, también dio su versión sobre los motivos que originaron
la discusión.”Los gobernadores a los que De la Rúa ya llamó y con quienes acordó
el tema económico son los que tienen una posición más dialoguista, mientras queaquellos
que aún no fueron convocados tienen una postura más dura y de confrontación”,
explicó, con simpleza, el riojano.
Al ver que la reunión se empantanaba, De la Sota abandonó su postura. De esta forma, el
mensaje enviado a la Alianza es que los gobernadores están dispuestos a debatir una
futura ley de coparticipación, pero en bloque. Pero también la invitación a De la Rúa
para que dialogue con los gobernadores sin la necesidad de recurrir a Carlos Menem para
que cumpla el rol de intermediario.
PARA GRAVAR A LOS PRIVILEGIADOS, PRIMERO HAY
QUE IDENTIFICARLOS
Jubilados de más de 2500 pesos en el laberinto
Por Julio Nudler
Aunque
Chacho Alvarez volvió a asegurar ayer que habrá un tope de 2500 pesos para las
jubilaciones de privilegio, expresando así una decisión ya madurada en la Alianza, la
cuestión es más compleja de como la presenta el vicepresidente electo. Es difícil, en
primer lugar, separar a los “privilegiados” del conjunto de los pasivos que
cobran sumas mayores, aunque está claro que aquéllos son una amplia mayoría en esta
napa superior. De hecho, en la base de datos de la Anses no están individualizados. No
hay, además, una definición precisa de “privilegio”, y sí muchos casos que
caerán en una zona gris (por ejemplo, docentes que se retiran con menos años de aportes
que los exigidos a otros activos). Ante estas dificultades surgió la propuesta de bajar
todas las jubilaciones sin distinción hasta la cota de 2500, y esperar que luego los no
privilegiados presenten su reclamo y esperen pacientemente una respuesta.
El corte generalizado produciría un ahorro anual de 170 millones, aunque nadie la
considera plata segura. No será fácil que la iniciativa prospere en el Congreso, que
siempre se opuso a ella, y menos que no sea volteada por la Justicia. Los impulsores saben
que entre los privilegiados abundan parlamentarios, jueces y amigos de aquéllos y éstos.
Como forma de neutralizar el argumento de los derechos adquiridos vulnerados, alguien
pensó en dejar los haberes tranquilos, y en cambio gravar a los más altos para conseguir
el mismo efecto por otra vía. Los tributaristas consultados opinaron que este rodeo
también tendría sus riesgos, porque los impuestos deben ser generales y no percutir
sobre un determinado grupo de personas.
Llegado el momento, la Alianza usará el argumento de la razonabilidad de la medida y
eventualmente el de la emergencia fiscal, aunque en este caso la poda debería ser
temporaria. Saben, de antemano, que la propuesta no tiene muchas chances, pero intentarán
imponerla, y si fracasasen procurarían que el justicialismo cargue con el costo político
de haber trabado el proyecto, si es que ese costo existe. Tampoco está claro por ahora
qué se haría con los 170 millones de ahorro, alcanzables como hipótesis de máxima.
Los preocupados por la seguridad social plantean que ese dinero debería ser reinvertido
en el sistema. Esa plata, por ejemplo, alcanzaría para elevar a 200 pesos la jubilación
de todos los mayores de 70 años que estén cobrando menos. Su posición es que no puede
seguir castigándose a la caja previsional –el pato de la boda del Plan de
Convertibilidad– porque su desfinanciación actual es el resultado esperable de la
reforma introducida en 1994, al desviarse los aportes de los trabajadores hacia las AFJP,
y de las quitas en las contribuciones patronales.
Sin embargo, la ocurrencia de acotar los beneficios en 2500 pesos no surgió de una
inquietud por introducir más equidad en la estructura de jubilaciones, sino de la
necesidad de cortar gastos como sea para bajar el déficit a 4500 millones en el 2000. Por
tanto, si los 170 millones fueran arrebatados a los jubilados ricos para dárselos a los
pobres, el problema de los fiscalistas seguiría siendo el mismo. Si en cambio la plata se
usara para tapar una partecita del bache fiscal, toda su apariencia justiciera se
desmoronaría.
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