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 El plan de
la Alianza para erradicar la indigencia a través de subsidios directos, publicado ayer
por Página/12, es sólo una de las facetas de la política social que implementará el
gobierno de Fernando de la Rúa. El resto del programa incluye un plan de “vuelta a
la escuela” para adolescentes y jóvenes marginados del sistema educativo, mediante
el pago de becas de entre 50 y 100 pesos mensuales; políticas de empleo para jóvenes y
jefes de hogar en pymes, haciéndose cargo el Estado del pago de un salario de 200 pesos
mensuales; y una jubilación de 100 pesos para los ancianos que hayan quedado fuera del
sistema previsional. Aunque lo anunciará el propio De la Rúa recién cuando asuma, el Plan Social de la Alianza ya está listo. Fue diseñado por un grupo de especialistas radicales y del Frepaso entre los que se cuentan Pablo Vinocur, Luis Beccaria, Laura Goldberg, Aldo Isuani y Eduardo Bustelo, este último como coordinador. Y sea quien fuera designado al frente del nuevo Ministerio de Acción Social, Graciela Fernández Meijide o Cecilia Felgueras, el plan en sí no sufrirá mayores cambios. Los técnicos aliancistas parten de un preocupante diagnóstico de la herencia menemista en términos sociales, en particular para los jóvenes. Los principales puntos del Plan Social, al que accedió este diario, son los siguientes:  Plan
“vuelta a la escuela”: destinado a integrar al sistema educativo a adolescentes
de 14 a 17 años, trabajen o no. En el primer año de gestión, el programa cubriría a
93.000 mil jóvenes pobres, con un 40 por ciento que no estudia, pero trabaja, y un 60 por
ciento que no estudia ni trabaja. Así, en el primer año de gobierno se reintegraría al
sistema educativo a un cuarto de los jóvenes que desertaron en los últimos años.El plan consiste en otorgar un subsidio, durante todo el año, de 50 pesos mensuales para los jóvenes de entre 14 y 15 años; y de 100 pesos para los de 16 y 17 años. A cambio, deberán cumplir con un 80 por ciento de asistencia mínima a la escuela, tener un rendimiento educativo mínimo y cumplir con controles de salud periódicos. Inserción
laboral de jóvenes: está destinado “a los 300 mil desocupados de entre 18 y 24
años que pertenecen a los grupos más pobres de la estructura social”. El programa
consiste en el pago de subsidios de entre 150 y 200 pesos, en contratos renovables de 6
meses. En un primer período de capacitación los jóvenes recibirían un subsidio de 159
pesos mensuales. El pago se ampliaría a los 200 pesos para aquellos jóvenes insertados
en empleos productivos en pymes. Estos empleos promocionados serían alentados en diversos
sectores: servicios personales, cultura, deporte, educación y turismo. El programa
completo duraría un año, con 6 meses de “capacitación” dentro o fuera de una
empresa y otros 6 meses de trabajo. Empleo para
jefes y jefas de hogar: apunta a “generar puestos de trabajo para la realización de
viviendas u obras de infraestructura, principalmente comunitaria, y servicios sociales con
una remuneración de 200 pesos por mes y con una dedicación no menor a 30 horas
semanales, por un plazo de un año”. Se estima que, en el primer año, podría cubrir
a 100 mil jefes o jefas de hogar pobres, que no sean favorecidos con los subsidios que
repartirá el plan de lucha contra la indigencia. Ese plan cubriría en el primer año a
460 mil familias indigentes, que serían favorecidas con un aporte estatal de 60 pesos
mensuales por cada niño del hogar. Derecho a la
protección de los ancianos: el objetivo es “garantizar una mejor calidad de vida de
las personas de 70 años y más que no hayan accedido a ningún beneficio previsional y se
encuentran solas”. Según datos del Indec, 600 mil hogares están compuestos por
personas de más de 70 años que viven solas. De ellos, casi 90 mil no tienen cobertura
previsional. A esta gente se le otorgaría una pensión de 100 pesos mensuales. Además,
se prevé “controles de salud periódicos y asistencia domiciliaria para quienes la
necesiten, brindada por los egresados de los cursos de capacitación del programa de
empleo para jóvenes”. El costo total de estos planes ascendería a los 840 millones
de pesos, que se sumarían a los 900 millones del “Plan para erradicar la
indigencia”. Y los técnicos aliancistas consideran que son perfectamente
financiables mediante una reasignación de los 3400 millones de gastos sociales
considerados “flexibles” en el Presupuesto del año 2000.
PLAN DE TELEFONICA PARA “SANEAR SU BASE
DE CLIENTES”
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