Por Martín Granovsky Antonio Domingo Bussi podría
perder los fueros si sus futuros colegas de la Cámara de Diputados deciden que no pueden
compartir el recinto con un represor que, además, ya le mintió a la propia cámara. La
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos formalizó ayer el pedido de que los
legisladores impugnen el diploma del dictador, reciente diputado electo por Tucumán.
Hasta ahora el trámite estaba demorado porque la Junta Electoral tucumana dilataba la
consagración electoral de Bussi. Con ese paso cumplido, la APDH dirigió una larga
presentación al presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, donde le pide que
no incorpore a Bussi.
La mentira a los diputados, según la APDH, tuvo dos patas, ninguna de ellas, por cierto,
corta:
* El fiscal especial Paulo Starc “determinó un significativo incremento en los
bienes y cuentas de Bussi y su familia, claramente desvinculado del monto de sus ingresos
personales”. Después, el ministerio público presentó una denuncia por
enriquecimiento ilícito y evasión impositiva, actualmente en la Justicia tucumana.
 La Cámara de
Diputados quiso verificar si las cuentas suizas de Bussi figuraban en la declaración que
el general había depositado al principio de su mandato como legislador. Al abrir el
sobre, los diputados comprobaron que Bussi no había incluido los datos sobre las cuentas
en el extranjero. “La Cámara no tuvo oportunidad de aplicar las sanciones previstas
en el reglamento, pues Bussi ya no era diputado”, recuerda el documento de la APDH.
Por este causo también hay una causa: falsedad ideológica.
El documento, que firman entre otros Alfredo Bravo, Simón Lázara y Sergio Di Gioioia,
propone que la Cámara de Diputados, cuando examine el diploma, tenga en cuenta si Bussi
cumple con el requisito de idoneidad para ser legislador que pide la Constitución.
“Podríamos preguntarnos si es posible igualar a un ciudadano en el marco de la
sociedad democrática con una persona que fuera acusada de crímenes tales como aplicar
torturas a prisioneros indefensos, secuestros y asesinatos”, dice la APDH. Y
cuestiona si una persona acusada de masivas violaciones a los derechos humanos tiene el
derecho moral suficiente como para “dictar normas a los habitantes de la república
desde una banca en el Parlamento”.
Si la réplica indicara que no se puede ir contra el mandato popular que hizo a Bussi
diputado, la APDH señala que “el voto, sin el cual no hay república ni democracia,
no es un instrumento mágico para limpiar basura, sino una fuente de
representatividad”. Y subraya que aquí no está en discusión si Bussi es
representativo sino, más bien, si es idóneo para ser diputado.
Ante el argumento de que Bussi no fue condenado, en su caso gracias a la Ley de Punto
Final, el texto recuerda que tampoco había recibido condena el diputado Luis Luque cuando
fue separado del cuerpo porque dijo que si su hijo hubiera matado a María Soledad
Morales, la hubiera hecho desaparecer.
En una carta publicada en La Prensa hace una semana, Bussi dijo que “las operaciones
llevadas a cabo en Tucumán se ajustaron en un todo a las leyes y usos de la guerra,
aprobados por la Convención de Ginebra”. También calificó de
“subterfugios” los recursos legales que pueden impedirle ser diputado y
arrojarlo sin fueros a la Justicia.
BALZA RECUERDA Y SE DEFIENDE
“¿Soy traidor a qué?”
“Algunos me han acusado de traidor, ¿traidor a qué? Soy un ciudadano militar y la
respuesta que dimos es la que debíamos dar”, explicó el jefe del Ejército, general
Martín Balza. Así, defendió una vez más su autocrítica parcial por las violaciones a
los derechos humanos que esa fuerza cometió durante la última dictadura militar, aunque
en los mismos términos podría haberse referido a otro hecho de la historia reciente que
asegura haber protagonizado: según su propio relato, durante el alzamiento carapintada de
Villa Martelli se le preguntó desde el entorno del presidente Raúl Alfonsín si estaba
dispuesto a defender el traslado del Gobierno a Neuquén y “sin vacilar”
respondió que sí.
En diciembre de 1988, Balza era el comandante de la VI Brigada de Montaña, con asiento en
Neuquén. Entonces fue cuando Alfonsín debió enfrentar el último de los alzamientos
militares de su gestión, el marco de los hechos que ahora contó Balza. El líder de
aquella rebelión carapintada –con epicentro en el regimiento de Villa Martelli–
fue Mohamed Alí Seineldín, en aquel momento coronel y quien después fue dado de baja y
encarcelado por protagonizar otro levantamiento en 1990, ya durante la administración de
Carlos Menem.
Balza recordó aquel “momento difícil” y aseguró que, mientras los
carapintadas estaban sublevados en Villa Martelli, lo llamaron para preguntarle “si
podría preverse un traslado a Neuquén en caso de que la situación se hiciera
insostenible para el Gobierno en Buenos Aires”. El jefe del Ejército aclaró
–en un reportaje concedido a Radio Del Plata– que quien le habló “no fue
el ex presidente Alfonsín, sino alguien allegado a él que invocó su nombre”.
Ante la pregunta concreta de si “iba a garantizar el Gobierno”, Balza contó
haber respondido “de inmediato y sin vacilar” que sí. Pero no dejó pasar la
oportunidad para hacer un reconocimiento a la fuerza que conduce y aclaró que el traslado
de Alfonsín y sus ministros a Neuquén “no fue necesario porque no solamente era el
general Balza el que estaba defendiendo el orden constitucional, sino prácticamente todo
el Ejército”.
Balza también destacó que “el Ejército puso un interés superior, el de la
institución y la Nación” al hacer en abril del ‘95 la autocrítica parcial de
lo actuado durante la dictadura militar. “No todo era como se decía, pero gran parte
era cierto”, señaló Balza, quien dijo haber asumido esa posición porque ya era
momento de “no sostener lo insostenible”.
Frente a las críticas que recibió de sus viejos camaradas por haber reconocido las
violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, Balza –que el mes
próximo abandonará la jefatura de esa fuerza– señaló que “no hemos
traicionado”, sino que “esos poquitos que cometieron esos actos son los que han
manchado el Ejército”.
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