Por Victoria Ginzberg El 12 de marzo de 1980 Mónica
Pinus y Horacio Campiglia volvían al país. Abordaron un avión en Panamá e hicieron
escala en Venezuela. Pero no llegaron a Argentina. Fueron secuestrados en el aeropuerto de
Río de Janeiro. Eran parte de la llamada “contraofensiva” planeada por la
conducción montonera. El 26 de junio del mismo año, Lorenzo Ismael Viñas y el capellán
de la organización Jorge Adur salían en micro de Argentina rumbo a Brasil. El primero
iba a contactar a sus compañeros; el segundo, a entregarle una carta al Papa. Fueron
secuestrados en la frontera de Uruguayana. El juez federal Claudio Bonadío pidió ayer
que Estados Unidos y Brasil entregaran información relacionada con el Plan Cóndor
vinculada con estos casos.
En octubre de 1997 en el programa del mediodía de Mauro Viale un sargento retirado del
Ejército llamado Nelson Ramón González aseguró que Ricardo Zucker –hijo del actor
Marcos Zucker– estaba enterrado en Campo de Mayo y que el Ejército lo perseguía
porque tenía “listas”. Esta sorpresiva aparición de un “arrepentido”
motivó una denuncia judicial presentada por la ex subsecretaria de Derechos Humanos
Alicia Pierini. Zucker había sido secuestrado en febrero de 1980, luego de que regresara
al país desde Madrid, donde estaba exiliado. Su esposa Marta Libenson y Julio César
Genoud fueron apresados con él. Todos habían vuelto a Argentina como parte del plan de
la conducción de la agrupación Montoneros de tratar de reiniciar la lucha contra los
militares. Pinus, Campiglia y Viñas también formaban parte de la
“contraofensiva”.
En la causa por los dichos del sargento se pedía que se iniciara una investigación sobre
el destino de unas quince personas que fueron secuestradas entre fines del ‘79 y
principios del ‘80. El expediente recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide y luego
pasó a Bonadío. Este juez se declaró incompetente y giró el expediente a la Cámara
Federal de San Martín, por considerar que la causa debía ser tramitada en jurisdicción
de Campo de Mayo. Pero el tribunal le devolvió las actuaciones.
El sargento arrepentido nunca se presentó ante la Justicia, pero algunos familiares
pudieron hablar extraoficialmente con él. Ante ellos repitió algunas de las cosas que
dijo por televisión aunque no aportó mayores datos sobre el destino de los
desaparecidos. Los familiares pidieron que el jefe del Ejército citara a González, pero
Martín Balza nunca lo hizo. Claudia Alegrini, la mujer de Viñas, se enteró hace un mes
y medio de que el juez había devuelto a la Subsecretaría de Derechos Humanos el
expediente de su compañero y decidió activar la causa. Se presentó ante Bonadío y le
entregó un artículo publicado por un diario brasileño en el que un militar de ese país
admitió la participación de las fuerzas conjuntas argentinas y brasileñas en el
operativo en el que se detuvo a Viñas en Uruguayana –frontera con Argentina de lado
brasileño–. Por otro lado, varios testigos declararon que oyeron los gritos de una
mujer en el aeropuerto de Río de Janeiro el 12 de marzo de 1980, cuando secuestraron a
Pinus y Campiglia.
Las pruebas de que los detenidos fueron trasladados a Argentina fueron aportadas por una
sobreviviente de Campo de Mayo. Silvia Tolchinsky declaró haber visto a Zucker y Genoud,
quienes fueron apresados en Argentina, en una quinta cercana a esa guarnición militar.
Posteriormente agregó que supo que también Viñas, secuestrado en Brasil, se encontraba
allí.
Existe otro expediente judicial relacionado con estos secuestros que se tramita en la
Cámara Federal porteña. Allí, Cristina Zucker y Daniel Genoud pidieron que se averigüe
qué sucedió con sus hermanos Ricardo y Julio César. Pero esa causa aún no ha arrojado
resultados.
Alegrini y Edgardo Binstock –esposo de Pinus– viajaron la semana pasada a
Estados Unidos para pedir, como hicieron las Abuelas de Plaza deMayo, que el gobierno
norteamericano desclasifique los documentos del Plan Cóndor que pueden estar relacionados
con este caso.
En 1981 el general Cristino Nicolaides, último jefe del Ejército de la dictadura
militar, reconoció en una conferencia de prensa que había desarticulado “dos
células guerrilleras que habían logrado ingresar al país pese al férreo control de
fronteras”. “Yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes
y puedo asegurar que tienen un alto nivel de preparación en todos los sentidos”,
sentenció.
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
EN ARGENTINA
La soberanía no protege a criminales
Por F.Y.
“La
noción de soberanía ha cambiado. Ya no se puede entender este concepto como la
protección a los criminales”, sentenció el presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Robert Goldman, cuando ayer analizó el
argumento que suelen utilizar los gobiernos latinoamericanos para rechazar, por ejemplo,
las causas que lleva adelante el juez español Baltasar Garzón contra los responsables de
la represión argentina y contra el dictador chileno, Augusto Pinochet.
Los argumentos de Goldman y Taiana surgieron durante el programa televisivo “Con la
verdad” que conducen los dirigentes de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH) Simón Lázara y Sergio Di Gioia, en el canal de cable Aleph. Sin embargo,
y fiel al estilo diplomático que debe guardar un directivo de la CIDH, tanto Goldman como
el secretario ejecutivo de la institución, Jorge Taiana (h), reconocieron que la defensa
de los derechos humanos en América latina tuvo un avance significativo.
“Se lograron muchas cosas positivas, como el juicio a las juntas militares
argentinas, pero también se retrocedió. Esto es lógico porque la defensa de los
derechos humanos es relativamente nueva. Pero hoy nadie duda de que se puede reaccionar
contra un país que posibilita el genocidio o el trato inhumano a sus ciudadanos”,
indicó Taiana a manera de balance. Goldman fue el encargado de señalar los puntos
oscuros de las democracias americanas: “A pesar del hecho positivo de que ya no
ocurren matanzas, es preocupante la imposibilidad de los Estados de sancionar a sus
propios agentes cuando cometen serios delitos. La impunidad sigue siendo el problema más
grave, el más importante”, dijo en obvia referencia a causas donde los protagonistas
del delito son miembros de la policía.
Con respecto de este punto, Taiana sostiene que uno de los problemas que todavía no se
resolvió adecuadamente es lo que él denominó como “policía brava” o gatillo
fácil, como se conoce por estas tierras. Indicó que es un problema continental y muy
complicado. Remarcó que la CIDH recibe muchas denuncias de este tipo provenientes de la
Argentina. El problema, para Taiana, es que en nuestro país, al tener un gobierno
federal, el Estado nacional responde por los delitos que cometen integrantes de las
policías provinciales: “Es preciso que se estudie la incorporación de un mecanismo
que permita a las provincias responder antes las demandas que se realizan contra sus
policías”. En ese sentido, dos son los crímenes que la CIDH tiene en estudio en la
actualidad y en los que los protagonistas pertenecen a la Policía Bonaerense. El atentado
a la AMIA y el crimen de José Luis Cabezas, pero tanto Goldman como Taiana optaron por no
opinar ya que las causas aún están bajo la órbita de la Justicia argentina y porque la
CIDH también tiene una investigación al respecto.
Hoy es el último día de los representantes de la CIDH en la Argentina, poco antes de
partir tienen previsto encontrarse con el vicepresidente electo, Carlos “Chacho”
Alvarez.
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