LOS PLANES QUE ESTUDIA LA ALIANZA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD En busca de una política criminal
Los referentes de
la Alianza en seguridad adelantaron a este diario las ideas en estudio: una reforma de la
Justicia para otorgar mayor protagonismo a los fiscales y acelerar la instrucción, un
mayor control de armas y una jerarquización de las fuerzas.
Para los expertos de la Alianza,
una de las claves es la inversión en materia de seguridad.
“Hay que mejorar los salarios de la policía e incrementar su
capacitación.”
Por Eduardo Videla
Una batería de
ideas en torno a la seguridad pública –uno de los temas que más preocupación
generan en la gente– están siendo estudiadas por el gobierno que asumirá el
próximo 10 de diciembre. Entre ellas se destaca una reforma de la Justicia nacional, que
contempla otorgar mayor protagonismo a los fiscales y crear un cuerpo de policías
judiciales, con el fin de acelerar la instrucción de las causas penales. Referentes de la
Alianza en materia de seguridad consultados por Página/12 comentaron las principales
líneas de acción proyectadas: la cooperación de la Nación con la provincia de Buenos
Aires en políticas de prevención y control del delito, la activación del Consejo
Nacional de Seguridad, un mayor control en la circulación y portación de armas, la
jerarquización de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, el traspaso de un sector de
la Federal como policía de la Ciudad de Buenos Aires. Las medidas se complementan con el
endurecimiento de leyes penales que ya se tramitan en el Congreso: las que tienen que ver
con delitos cometidos con uso de armas; con restricciones al beneficio de la
excarcelación y un mayor control de la tenencia de armas de fuego. Más que el
endurecimiento de la legislación penal, la clave que manejan los especialistas en
seguridad de la Alianza es conseguir que se apliquen efectivamente las penas que existen
en la actualidad. Con ese objetivo, el penalista Ricardo Gil Lavedra –candidato a ser
designado ministro de Justicia– propone una reforma en la Justicia nacional que
apunte a “hacer más rápida la instrucción de las causas penales, mediante un mayor
protagonismo de los fiscales y la creación de la policía judicial”. Algo similar a
lo realizado en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de León Arslanian, pero
con “una instrumentación más adecuada”, sobre todo en cuanto al otorgamiento
de recursos. Para Gil Lavedra, uno de los pilares de la política de seguridad es
“establecer una verdadera política criminal” a nivel nacional. El
constitucionalista Rafael Bielsa –cercano al Frepaso, también candidato a cubrir un
cargo en el área de Justicia– coincide con la necesidad de “elaborar un mapa
del delito”, a partir del trabajo que desarrolla la Dirección de Política Criminal
del Ministerio de Justicia, que maneja “las estadísticas más confiables en materia
de delito”.Como contrapartida a la tendencia de la sociedad a armarse, Bielsa propone
“coordinar las distintas iniciativas barriales de prevención, basadas en la
solidaridad, como la implementada en el barrio de Saavedra”. “La tendencia a
armarse es preocupante –advirtió–: hay en el país 1,7 millón de armas
registradas y se estima que una cifra igual no está habilitada; del total, la mitad se
concentra en Capital y Gran Buenos Aires.” El legislador porteño Raúl Zaffaroni
–director del Departamento de Derecho Penal de la UBA y otro de los referentes del
Frepaso– sostiene que la clave del problema es la inversión de recursos en
seguridad. “Lo urgente es jerarquizar a la Policía Federal para que, una vez
transferido el sector que va a cumplir funciones en la Ciudad de Buenos Aires, se
convierta en un verdadero FBI.” Según Bielsa, “sobre un presupuesto anual de
500 millones de dólares para la Policía Federal, en el último ejercicio se destinaron
sólo 2 millones a equipamiento”.La fuerza, dice Zaffaroni, debe apuntar a trabajar
en la lucha contra la criminalidad organizada, amenazas y atentados, y controlar, incluso,
a las policías provinciales, que por su nivel de deterioro se convierten en nichos para
actividades delictivas como el atentado contra la AMIA”. Otro de los ejes que esgrime
Gil Lavedra es el “control severo de las fronteras, para frenar el tráfico de
armas”. Zaffaroni coincide y sugiere, hacia adentro, incentivar los controles
electrónicos de armas en los ingresos a edificios públicos –como se hace en los
aeropuertos–, medida que debería ser “avalada por una consulta popular”.El
presidente electo Fernando de la Rúa convocó a una comisión de especialistas en derecho
penal, que se encargará de estudiar y adecuar todo el sistema punitivo establecido en el
Código Penal. “El Código fue sancionado en 1921 y desde entonces se han hecho
muchas reformas parciales que condujeron a una irracionalidad en el sistema de penas. Es
necesario corregir la desproporción que existe entre los delitos graves y los más
leves”, explicó Gil Lavedra. Zaffaroni coincide en que más que reformar el Código
Penal “hay que invertir en seguridad, mejorando los salarios de la policía e
incrementando su capacitación”. “Si el problema de la seguridad se pudiera
resolver con leyes, ya estaría resuelto”, agrega Bielsa.Las autoridades electas no
desconocen que el foco más conflictivo en materia de seguridad es el conurbano
bonaerense. “Si no se firma un acuerdo entre la Nación, la provincia y el Gobierno
de la Ciudad, va a ser imposible garantizar la seguridad en los tres cordones
metropolitanos”, sostiene Bielsa. El constitucionalista propone activar el Consejo
Federal de Seguridad –que deben integrar todas las provincias pero al que no adhieren
hasta ahora ni Buenos Aires ni Córdoba–, para “que funcione de manera operativa
y no sea una figura decorativa, como hasta ahora”.Para Gil Lavedra, este Consejo
“es un escenario muy interesante” para trazar políticas a nivel nacional:
“Deberá ser convocado para sentar allí las bases de una política criminal para
todo el país.” “Además hay que propiciar acuerdos de cooperación entre la
provincia y la Nación apuntando a una mayor capacitación de las fuerzas de seguridad y a
implementar políticas activas contra los delitos más graves”, agregó el ex
camarista.Con respecto a la vinculación entre la droga y el delito, Bielsa estimó que en
la provincia de Buenos Aires 8 de cada 10 presos consume drogas, y que allí el nivel de
reincidencia es del 40 por ciento. “De ahí se desprende una vinculación entre
consumo de drogas y reincidencia: se roba para comprar drogas y se delinque bajo los
efectos de las drogas”, dedujo. “Es necesario implementar programas de
rehabilitación en las cárceles y, en el caso de los menores, realizar una alerta
temprana de primeros consumidores en contacto con el delito”.En todos los casos, los
especialistas coinciden en que el problema de la inseguridad no resolverá si no se
encuentra solución a sus raíces sociales: el desempleo, el subempleo y la deserción
escolar, cuya neutralización, para los especialistas, constituye otro aspecto de la
prevención del delito.
Las medidas propuestas
Reforma al sistema judicial para hacer más rápido el proceso de enjuiciamiento.
La instrucción estará en manos de los fiscales y se creará una policía judicial. Algo
similar a la reforma judicial bonaerense pero “con una instrumentación más
adecuada” en cuanto a recursos.
Transferir la Superintendencia de Seguridad Metropolitana –que incluye al personal de
las comisarías porteñas– al Gobierno de la Ciudad.
Poner en funcionamiento de manera operativa el Consejo Nacional de Seguridad, integrado
por la Nación y todas las provincias.
Elevar el nivel de profesionalización de las fuerzas de seguridad. Mejorar el
equipamiento y el nivel salarial de los efectivos.
Se impulsará un estricto control de las fronteras para evitar el tráfico de armas.
También habrá un fuerte control interno sobre la tenencia de armas.
Una comisión de profesores de Derecho Penal adecuará el Código Penal, para corregir la
desproporción que existe entre penas para delitos graves y leves.
Se harán ajustes en la legislación penal, sobre todo en los delitos violentos, que más
conmueven a la sociedad: agravar en un tercio las penas de los delitos cuando hay uso de
armas de fuego.
Rápida sanción de un proyecto del Senado en materia de reincidencia: se considera
reincidente a aquel que haya sido condenado por un delito aunque tuviera una pena de
ejecución condicional. Implica una limitación a la posibilidad de excarcelación.
Limitar la ejecución condicional de las penas: para delitos sancionados con menos de tres
años, la libertad no será automática, como hasta ahora, sino que dependerá del
criterio del juez.
Qué leyes se impulsan
El presidente electo, Fernando de la Rúa, no tiene previsto
por ahora un paquete de nuevos proyectos para endurecer el Código Penal, aunque impulsa
la rápida sanción de algunas iniciativas que están en trámite en el Congreso. Una de
ellas –que tiene media sanción de Diputados– es la que incrementa en un tercio
las penas para el robo a mano armada, con lo cual ese delito dejará de ser excarcelable,
como hasta ahora. Otro de los proyectos cuya sanción impulsará el nuevo gobierno es el
que endurece el sistema de excarcelaciones. El actual régimen establece que las penas
serán de cumplimiento efectivo cuando el imputado haya cumplido anteriormente una condena
en prisión. La reforma dispone que la segunda condena será con cárcel efectiva aunque
la sentencia previa haya sido dejada en suspenso por el juez. De esta manera, irían tras
las rejas quienes cometan por segunda vez delitos considerados leves, como hurto o
tentativa de robo. La norma fue aprobada por el Senado y debe tratarse en Diputados. En la
misma situación está el proyecto que establece penas de prisión -de seis meses a tres
años– a quienes tengan en su poder armas de uso civil –calibre 22 y 32–
sin autorización. Hasta ahora, la tenencia de este tipo de armamento está considerada
como una contravención.
Una batería de
ideas en torno a la seguridad pública –uno de los temas que más preocupación
generan en la gente– están siendo estudiadas por el gobierno que asumirá el
próximo 10 de diciembre. Entre ellas se destaca una reforma de la Justicia nacional, que
contempla otorgar mayor protagonismo a los fiscales y crear un cuerpo de policías
judiciales, con el fin de acelerar la instrucción de las causas penales. Referentes de la
Alianza en materia de seguridad consultados por Página/12 comentaron las principales
líneas de acción proyectadas: la cooperación de la Nación con la provincia de Buenos
Aires en políticas de prevención y control del delito, la activación del Consejo
Nacional de Seguridad, un mayor control en la circulación y portación de armas, la
jerarquización de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, el traspaso de un sector de
la Federal como policía de la Ciudad de Buenos Aires. Las medidas se complementan con el
endurecimiento de leyes penales que ya se tramitan en el Congreso: las que tienen que ver
con delitos cometidos con uso de armas; con restricciones al beneficio de la
excarcelación y un mayor control de la tenencia de armas de fuego. Más que el
endurecimiento de la legislación penal, la clave que manejan los especialistas en
seguridad de la Alianza es conseguir que se apliquen efectivamente las penas que existen
en la actualidad. Con ese objetivo, el penalista Ricardo Gil Lavedra –candidato a ser
designado ministro de Justicia– propone una reforma en la Justicia nacional que
apunte a “hacer más rápida la instrucción de las causas penales, mediante un mayor
protagonismo de los fiscales y la creación de la policía judicial”. Algo similar a
lo realizado en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de León Arslanian, pero
con “una instrumentación más adecuada”, sobre todo en cuanto al otorgamiento
de recursos. Para Gil Lavedra, uno de los pilares de la política de seguridad es
“establecer una verdadera política criminal” a nivel nacional. El
constitucionalista Rafael Bielsa –cercano al Frepaso, también candidato a cubrir un
cargo en el área de Justicia– coincide con la necesidad de “elaborar un mapa
del delito”, a partir del trabajo que desarrolla la Dirección de Política Criminal
del Ministerio de Justicia, que maneja “las estadísticas más confiables en materia
de delito”.Como contrapartida a la tendencia de la sociedad a armarse, Bielsa propone
“coordinar las distintas iniciativas barriales de prevención, basadas en la
solidaridad, como la implementada en el barrio de Saavedra”. “La tendencia a
armarse es preocupante –advirtió–: hay en el país 1,7 millón de armas
registradas y se estima que una cifra igual no está habilitada; del total, la mitad se
concentra en Capital y Gran Buenos Aires.” El legislador porteño Raúl Zaffaroni
–director del Departamento de Derecho Penal de la UBA y otro de los referentes del
Frepaso– sostiene que la clave del problema es la inversión de recursos en
seguridad. “Lo urgente es jerarquizar a la Policía Federal para que, una vez
transferido el sector que va a cumplir funciones en la Ciudad de Buenos Aires, se
convierta en un verdadero FBI.” Según Bielsa, “sobre un presupuesto anual de
500 millones de dólares para la Policía Federal, en el último ejercicio se destinaron
sólo 2 millones a equipamiento”.La fuerza, dice Zaffaroni, debe apuntar a trabajar
en la lucha contra la criminalidad organizada, amenazas y atentados, y controlar, incluso,
a las policías provinciales, que por su nivel de deterioro se convierten en nichos para
actividades delictivas como el atentado contra la AMIA”. Otro de los ejes que esgrime
Gil Lavedra es el “control severo de las fronteras, para frenar el tráfico de
armas”. Zaffaroni coincide y sugiere, hacia adentro, incentivar los controles
electrónicos de armas en los ingresos a edificios públicos –como se hace en los
aeropuertos–, medida que debería ser “avalada por una consulta popular”.El
presidente electo Fernando de la Rúa convocó a una comisión de especialistas en derecho
penal, que se encargará de estudiar y adecuar todo el sistema punitivo establecido en el
Código Penal. “El Código fue sancionado en 1921 y desde entonces se han hecho
muchas reformas parciales que condujeron a una irracionalidad en el sistema de penas. Es
necesario corregir la desproporción que existe entre los delitos graves y los más
leves”, explicó Gil Lavedra. Zaffaroni coincide en que más que reformar el Código
Penal “hay que invertir en seguridad, mejorando los salarios de la policía e
incrementando su capacitación”. “Si el problema de la seguridad se pudiera
resolver con leyes, ya estaría resuelto”, agrega Bielsa.Las autoridades electas no
desconocen que el foco más conflictivo en materia de seguridad es el conurbano
bonaerense. “Si no se firma un acuerdo entre la Nación, la provincia y el Gobierno
de la Ciudad, va a ser imposible garantizar la seguridad en los tres cordones
metropolitanos”, sostiene Bielsa. El constitucionalista propone activar el Consejo
Federal de Seguridad –que deben integrar todas las provincias pero al que no adhieren
hasta ahora ni Buenos Aires ni Córdoba–, para “que funcione de manera operativa
y no sea una figura decorativa, como hasta ahora”.Para Gil Lavedra, este Consejo
“es un escenario muy interesante” para trazar políticas a nivel nacional:
“Deberá ser convocado para sentar allí las bases de una política criminal para
todo el país.” “Además hay que propiciar acuerdos de cooperación entre la
provincia y la Nación apuntando a una mayor capacitación de las fuerzas de seguridad y a
implementar políticas activas contra los delitos más graves”, agregó el ex
camarista.Con respecto a la vinculación entre la droga y el delito, Bielsa estimó que en
la provincia de Buenos Aires 8 de cada 10 presos consume drogas, y que allí el nivel de
reincidencia es del 40 por ciento. “De ahí se desprende una vinculación entre
consumo de drogas y reincidencia: se roba para comprar drogas y se delinque bajo los
efectos de las drogas”, dedujo. “Es necesario implementar programas de
rehabilitación en las cárceles y, en el caso de los menores, realizar una alerta
temprana de primeros consumidores en contacto con el delito”.En todos los casos, los
especialistas coinciden en que el problema de la inseguridad no resolverá si no se
encuentra solución a sus raíces sociales: el desempleo, el subempleo y la deserción
escolar, cuya neutralización, para los especialistas, constituye otro aspecto de la
prevención del delito.
Reforma al sistema judicial para hacer más rápido el proceso de enjuiciamiento.
La instrucción estará en manos de los fiscales y se creará una policía judicial. Algo
similar a la reforma judicial bonaerense pero “con una instrumentación más
adecuada” en cuanto a recursos.