|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por José Natanson
El gabinete de la Alianza tendrá diez ministerios
Por Fernando Cibeira
Al salir del departamento de De la Rúa, en Montevideo al 1600, Carlos "Chacho" Alvarez también abonó lo del achicamiento del gasto. "Tenemos que empezar a cortar los bolsones de privilegio en el Estado", dijo Alvarez y adelantó la posibilidad de seguir achicando la estructura oficial "empezando por una enorme cantidad de contratados que ganan de 6 mil a 10 mil dólares". Luego de que los médicos le dijeran que el neumotórax había pasado a la historia, De la Rúa salió sonriente del Instituto de Diagnóstico. Antes, en un patio interno, habló junto a su mujer, Inés Pertiné. "Estoy bien, con ganas de seguir trabajando, para ponerme al frente de la lucha para sacar el país adelante", dijo. Por las ventanas internas, algunos pacientes se habían asomado para mirar. "Fue un episodio inesperado: vine sólo a hacerme una radiografía y tuve que quedarme a curar de algo que no imaginaba que podía tener, pero que ha andado perfectamente", fue la reseña que hizo de lo que le sucedió desde el viernes pasado, cuando sufrió una afección en su pulmón derecho y debió ser operado. El presidente electo --de sobrio traje azul oscuro, camisa celeste y corbata a tono-- salió en un Peugeot 605 hacia su departamento. Cuando subió, se asomó al balcón a saludar a los vecinos junto a su mujer y sus hijos. Luego llegaron su hermano Jorge, Chacho Alvarez y Rodolfo Terragno. Unas horas después, ya habían completado la futura administración del Estado. Para completar el día, luego recibió al gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y al de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. De la Rúa y Chacho también resolvieron que la semana próxima --cuando el presidente electo retome la actividad normal-- harán el anuncio de quiénes serán los ministros y secretarios, y quiénes ocuparán los organismos estatales más importantes como el PAMI, la ANSéS y la DGI. Conjuntamente, adelantarían las primeras medidas de gobierno --por lo menos, las más "simpáticas"--, cuestión de nivelar la opaca impresión que pudiera causar la discusión alrededor del ajuste presupuestario. En lo referente a los nombres, quedan pocos enigmas por revelar: * Jefatura de Gabinete: el candidato número uno es Rodolfo Terragno. Aunque De la Rúa lo puso a comandar el equipo de transición en Cancillería, sus posibilidades en la Jefatura de Gabinete se acrecentaron luego del rechazo que el economista Fernando de Santibáñes --el otro candidato-- tuvo dentro del Frepaso y en sectores radicales. * Economía: el ministro será José Luis Machinea, el secretario de Hacienda Mario Vicens y el jefe de asesores Pablo Gerchunoff. * Infraestructura y Vivienda: es la vieja cartera de Obras Públicas, desdoblada de Economía y convertida en ministerio por iniciativa de Nicolás Gallo, un delarruista que ocupará el ministerio. * Interior: la variante más repetida es la que lo ubica en el puesto a Federico Storani. Si no es él, se barajan muchas posibilidades que van desde Raúl Baglini hasta ex gobernadores radicales. * Acción Social: fue creado casi especialmente para que lo ocupe Graciela Fernández Meijide, luego de la presión que ejerció Alvarez. Como segunda irá Cecilia Felgueras, candidata original para el cargo. * Salud: lo ocupará Héctor Lombardo, secretario de Salud porteño. * Trabajo y Empleo: será el segundo ministerio que De la Rúa le dejará al Frepaso y lo encabezará Alberto Flamarique. Además, Página/12 pudo averiguar que el secretario de Trabajo será Jorge Sappia, el subsecretario Enrique Spínola Vera y el jefe de asesores Julio Godio. * Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: el nombre que suena más fuerte es el de Adalberto Rodríguez Giavarini. * Educación: hay tres candidatos en danza. El radical cordobés Juan Carlos Palmero tiene la ventaja de contar con el visto bueno de la Iglesia, lo que podría decidir a De la Rúa. Los otros dos con chances son Juan Carlos Tedesco y Adriana Puiggrós. * Justicia: quien cuenta con mayores posibilidades es Ricardo Gil Lavedra. De cualquier forma, Rafael Bielsa --cercano al Frepaso-- ocuparía un cargo jerárquico. * Defensa: los tres nombres que se barajaron en los últimos días son el de Juan Manuel Casella, Angel Tello y Horacio Jaunarena. El problema es que los tres integran la misma rama de la UCR bonaerense que Storani.
|
Un equipo de la
Alianza se encuentra diseñando una batería de medidas para prevenir la corrupción en el
futuro gobierno. Fernando de la Rúa ya anunció las tres primeras iniciativas, que
constituyen sólo una parte de un amplio paquete al que tuvo acceso Página/12. El
programa de auditoría constante, el plan de oficina modelo, el sistema nacional de
gestión por resultados y la cláusula anticorrupción son algunos de los proyectos con
los que la Alianza planea concretar un shock ético que tiene dos objetivos básicos:
diferenciarse políticamente del menemismo y optimizar los gastos de un gobierno que no
tendrá grandes márgenes para incrementar la ayuda social. En rigor, los mecanismos
tendientes a garantizar la transparencia pública son sólo la primera parte de un plan de
reforma del Estado que incluye también un amplio programa de transformación de la
política que coordinará Carlos “Chacho” Alvarez desde la vicepresidencia. La
primera parte del programa es preventiva: apunta a evitar los focos de corrupción y a
ahorrar recursos mejorando la eficiencia de gestión. De la investigación de la
administración menemista se ocupará la Fiscalía Anticorrupción (ver aparte).Por orden
de los jefes de la Alianza, un equipo de técnicos comenzó en setiembre a estudiar el
tema en la fundación de Eduardo de la Rúa, el hermano del presidente electo. Los
técnicos están coordinados por la ex diputada Patricia Bullrich y por Román Albornoz,
un ex sindicalista de ATE que desde hace un par de años trabaja cerca del jefe de
Gobierno. Los dos responsables del proyecto, que continuaron trabajando luego del 24 de
octubre, se mantienen en contacto con el presidente electo, con el ex banquero Fernando de
Santibañes y con Alvarez. Las cuestiones de ingeniería legal se consultan con Jorge de
la Rúa, abogado, hermano del jefe radical y candidato a secretario general de la
Presidencia.El viernes cinco de noviembre, De la Rúa anunció tres medidas que apuntan a
garantizar la transparencia. Las tres iniciativas fueron elaboradas por el equipo
anticorrupción de la Alianza y están incluidas en un paquete más amplio, que será
monitoreado desde la Jefatura de Gabinete una vez que asuma el nuevo gobierno. Las medidas
son las siguientes:u Programa de auditoría constante. Los encargados del programa
sostienen que es imposible controlar las compras de bienes, la contratación de servicios
y la conducta de todos los funcionarios públicos de manera constante. Por eso, la idea es
monitorear aleatoriamente: durante un mes se verificarán los precios de una canasta de
productos, que se cambiarán por otros al mes siguiente. Para ello se tomará en cuenta la
cantidad de productos adquiridos y la ubicación geográfica de la repartición estatal:
no es lo mismo comprar diez mil resmas de papel que comprar cien; el precio tampoco es el
mismo en la Capital Federal que en Tierra del Fuego. Al mismo tiempo se investigará,
también en forma rotativa, a un grupo determinado de funcionarios. Un mes, por ejemplo,
se controlará a los funcionarios cuyos apellidos empiecen con la letra “m”,
solicitándoles que muestren su declaración de bienes, sus últimas adquisiciones, los
resúmenes de tarjetas de crédito. Las auditorías se realizarán al azar, para
sorprender a los empleados del Estado.u Compromiso de la función pública. A partir del
primero de diciembre comenzará a regir la Ley de Etica Pública, que obliga a todos los
funcionarios a presentar su declaración jurada de bienes. La idea es complementarla con
un formulario que todos los funcionarios deberán completar antes de asumir, en el que se
les preguntará por su situación judicial, otros trabajos, etcétera. El objetivo es
crear una base de datos para corroborar la información aportada por el funcionario en
caso de que se produzca alguna denuncia. Si el funcionario mintió y, por ejemplo, ejerce
un trabajo incompatible con su función, el formulario constituiría una prueba ideal para
agilizar su expulsión. u Código de ética de empleados. No sólo los funcionarios
políticos designados por la administración de la Alianza deberán firmar el compromiso.
También se extenderá a las primeras líneas de los funcionarios de carrera, que deberán
presentar su declaración de bienes y completar el formulario.u Plan de oficina modelo. El
equipo anticorrupción de la Alianza ha estudiado los costos administrativos de las
distintas dependencias –teléfono, luz, papelería, celulares, etcétera– para
llegar a un promedio de lo que gasta cada oficina de acuerdo a su tamaño, que se
mediría, entre otros parámetros, por la cantidad de empleados. Los modelos se
compararán trimestralmente con todas las oficinas del Estado nacional. Si una dependencia
excede el modelo por más de un porcentaje razonable (alrededor del diez por ciento), al
responsable político del sector se le iniciará un sumario en el que deberá explicar el
porqué de la diferencia. Este mecanismo permitiría erradicar focos de pequeña
corrupción y evitar la dilapidación de los dineros públicos. “Queremos que cada
funcionario ahorre recursos como si fueran propios”, explicó uno de los responsables
de la iniciativa.u Sistema nacional de gestión por resultados. El proyecto aún está en
borrador, pero apunta a fijar un mecanismo de premios y castigos que permita estimular las
metas previstas para cada dependencia.u Cláusula anticorrupción. La idea es incorporar a
todos los pliegos y contratos públicos un capítulo que permita al Estado cancelar de
manera unilateral la concesión en caso de que se detecte alguna irregularidad por parte
de la empresa contratista, que no podrá alegar razones de lucro cesante. Un ejemplo de
las ventajas de esta cláusula: De la Rúa ha manifestado públicamente su oposición al
sistema de cepo que rige en la Capital, pero se niega a anular la concesión con el
argumento de que la empresa podría entablar un juicio millonario contra el gobierno de la
ciudad. u Código de ética empresario. Un par de semanas atrás, Chacho Alvarez
sorprendió a los empresarios reunidos en el coloquio de IDEA instándolos a firmar un
código de ética para el sector privado. Aunque no ofreció mayores precisiones, lo
cierto es que el jefe del Frepaso tenía en mente un mecanismo que permitiría avanzar en
el tema. La idea de Alvarez, que terminó de redondear el equipo anticorrupción, consiste
en que las empresas firmen un código de ética como condición para suscribir cualquier
contrato con el Estado. Así, la administración pública presionará a los privados para
que tomen una serie de compromisos, como el de no desarrollar políticas monopólicas. El
modelo para este proyecto fue tomado de algunos países de Europa.