SIN ACUERDO, SE VOTO EN COMISION EL PROYECTO DE PRESUPUESTO Quién paga el costo por el ajuste
La mayoría
justicialista aprobó, con cambiosen favor de las provincias, el proyecto queelevó Roque.
Machinea anticipó un duro ajuste.
José Luis Machinea, referente
económico de la Alianza.
Se quejó de la irrealidad de los números elaborados por Economía.
Por David Cufré
El ajuste de
gastos deberá ser de 2300 millones de pesos y tendremos que aumentar impuestos”,
aseveró ayer José Luis Machinea, al anochecer de un día agitado. El próximo ministro
de Economía acusó al justicialismo de forzar a la Alianza a tomar estas medidas
altamente impopulares, ya que de otro modo sería imposible limitar el déficit fiscal del
próximo año a 4500 millones de pesos. El enojo, que expusieron con absoluta crudeza
desde Fernando de la Rúa y Chacho Alvarez hasta los diputados y senadores de la Alianza,
se debe a que los legisladores justicialistas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
la Cámara baja dieron ayer dictamen favorable al proyecto de Presupuesto del 2000
elaborado por Roque Fernández, con algunos cambios que favorecen a las provincias.
“Existe un déficit fiscal encubierto de más de 2000 millones de pesos, por lo que
en realidad el desequilibrio será de 6500 millones”, puntualizó Rodolfo Terragno, y
el resto de los miembros de la coalición se cansaron de repetirlo durante todo el día.
Para cubrir esa diferencia es que Machinea anticipa el “ajuste más fuerte de la
década” y una suba de impuestos. Los diputados y gobernadores justicialistas
retrucaron de inmediato el planteo de la Alianza. En su versión, aseguran que el gobierno
electo maniobra ante la opinión pública para endosarle al peronismo el costo político
del recorte de gastos y del incremento de impuestos. Y sostienen que la coalición pone
estas cartas sobre la mesa para presionar a los gobernadores en la negociación por la
coparticipación, e incluso que De la Rúa quiere disciplinar a los bloques legislativos
de la Alianza para que acompañen con su voto la suba de gravámenes.Más allá de los
argumentos técnicos en que se escudan unos y otros para avalar su posición, el fondo de
la cuestión radica en quién gana y quién pierde –tanto recursos como
políticamente– con el ordenamiento de la economía que prepara la Alianza. La
estrategia del justicialismo en esta puja es la siguiente. En primer lugar, emitió el
dictamen al Presupuesto –con la disidencia parcial de la Alianza– para que sea
sancionado antes del 10 de diciembre, “en respuesta al pedido que nos hizo De la
Rúa”, dijo el jefe del bloque de Diputados, Humberto Roggero. En segundo término,
el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto, afirmó que
“el proyecto de Presupuesto está abierto a todas las modificaciones que quiera
realizar la Alianza, en su sanción y ejecución”, y que “estamos dispuestos a
acompañar si es que quieren subir impuestos, pero primero tenemos que saber de qué se
trata”. Finalmente, los gobernadores se manifestaron dispuestos a seguir negociando
un Pacto Fiscal, pero en conjunto y no a través de acuerdos separados con las provincias
más poderosas, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. De ese modo, los justicialistas
buscaron demostrar que son fieles al “fair play”. Pero al mismo tiempo separaron
la discusión en tres bloques, para forzar a la Alianza a que se defina en cada aspecto y
aparezca como la única responsable del ajuste y del incremento de impuestos. Esos bloques
son el Presupuesto, la cuestión impositiva y la coparticipación.Si el justicialismo
eligió esta vía de negociación fue para quebrar la estrategia aliancista, que consiste
en vincular los tres temas. Por eso Machinea habla de un déficit de “6500 millones o
más” en el proyecto de Presupuesto que obtuvo ayer el dictamen de comisión, asegura
que al reestablecer en esa iniciativa los fondos con asignación específica para las
provincias –Fonavi, del Conurbano y Eléctrico– se amplió a aquel monto el
desequilibrio fiscal estimable para el 2000, y que “si no existe un compromiso de los
gobernadores (para resignar partidas) nos veremos obligados a aumentar impuestos y a hacer
una reducción del gasto nominal que no tiene antecedentes en la última década”.El
punto al que la Alianza quiere llevar la negociación en este momento es al
establecimiento de una suma fija mensual de 870 millones de pesos alas provincias, girada
por el gobierno central. “El gobierno nos deja una economía en crisis y el
justicialismo no quiere asumir su responsabilidad para que podamos resolverla”,
señaló a Página/12 una altísima fuente de la Alianza. “Para que la gente entienda
de qué se trata todo esto, el problema es que con el déficit fiscal que recibimos
aumenta el riesgo país, y eso se traduce en menor crecimiento de la economía por un
encarecimiento del crédito y en menos puestos de trabajo”, adujo Machinea, quien
asumió el “compromiso” de “que paguen más los que más tienen (por el
aumento de impuestos)”, y a bajar los gravámenes “si finalmente la recaudación
crece más de lo que estimamos”. Antes de que la Alianza asuma el poder, esta disputa
anticipa el arduo proceso que se abre en los próximos años con la tan mentada
“cohabitación”.
La disputa pinchó la Bolsa
Los desacuerdos entre la Alianza y el justicialismo en torno del Presupuesto
2000 tuvo impacto en la city porteña. Ayer se registró una importante caída en la Bolsa
–el índice de acciones líderes MerVal cedió el 2,9 por ciento– y se registró
una sensible baja de los títulos públicos. Los financistas advierten que si se prolongan
los tironeos políticos y continúa la indefinición sobre las cuentas públicas del
próximo año, el riesgo país va a seguir en aumento.A menos de un mes de las elecciones,
los financistas están perdiendo la paciencia. Observan que los augurios de cohabitación
política ejemplar, que los dirigentes mencionan públicamente, en la práctica no se
está dando. “Sería una muy mala señal hacia el exterior que el Presupuesto no se
vote antes del 10 de diciembre”, comentó a Página/12 Thomas Dujovne, analista de la
Banca Nazionale del Lavoro. Los inversores evalúan negativamente la alternativa de
aumentar impuestos, el camino más probable si no hay acuerdo entre el PJ y la Alianza, ya
que perjudicaría la competitividad del país.El malhumor de los financistas se tradujo en
una caída del 1 al 2 por ciento en los títulos públicos. También se teme un incremento
del denominado riesgo-país y, por consiguiente, en el costo del financiamiento externo.
En el año 2000, la Argentina necesita que le presten unos 20.000 millones de dólares.
Anticipos del ajuste que viene“ Si no colaboran, peor”
“Hay
que sacar la plata de algún lado.” Crispado por la negativa de los gobernadores
justicialistas a ceder en sus pretensiones, José Luis Machinea lanzó una ofensiva para
advertir sobre el severo ajuste que la Alianza aplicará no bien se haga cargo del
gobierno, dentro de tres semanas. “En la medida en que las provincias no contribuyan,
las medidas que se necesiten van a ser mayores”, sentenció. Al mismo tiempo, reveló
que “las empresas privatizadas también van a contribuir con el esfuerzo de todos los
argentinos”, aunque no precisó en qué consistirá esa contribución. El coordinador
de los equipos económicos de la Alianza utilizó un lenguaje directo para lanzar la
advertencia. Dijo que, sin el apoyo de los gobernadores del PJ, la reducción del gasto
será “drástica” –de entre 2200 y 2300 millones de pesos–, y de una
magnitud desconocida para lo que va de la década.Como viene ocurriendo desde que Fernando
de la Rúa se consagró ganador de las elecciones, los técnicos de la Alianza se niegan a
hacer públicas las probables medidas que se implementarán desde el Palacio de Hacienda.
Sin embargo, y sin entrar en detalles, Machinea no descartó generalizar el IVA a los
rubros hasta ahora exentos. Aclaró que algunos de ellos –como los espectáculos
deportivos– tendrán un IVA diferencial, del 10,5 por ciento. Por otra parte,
admitió que durante el 2000 se analizará aplicar un impuesto a los plazos fijos, tal
como reclama la Unión Industrial. Machinea también lanzó gruesas críticas hacia Roque
Fernández. “El proyecto presupuestario que diseñó tiene números alegres, y el
aumento de la recaudación que proyectaba no se concretó”, disparó. En ese sentido,
calculó que el rojo fiscal de este año se ubicará en torno de los 6000 a 6200 millones
de pesos (contra 5800 que reconoce Economía).También destacó que la iniciativa girada
al Congreso –y sobre la cual se basó el dictamen de comisión aprobado por el
PJ– peca de “un exceso de optimismo”. Precisamente, según la Alianza, el
dictamen presupuestario apunta a un déficit de 6800 millones, 2300 millones por encima de
lo reglamentado por la Ley de Convertibilidad Fiscal. Ese desajuste se basa en una
sobrestimación de los ingresos, un cálculo errado sobre el impacto de la rebaja de
aportes patronales y la permanencia de subsidios por 175 millones.
El ajuste de
gastos deberá ser de 2300 millones de pesos y tendremos que aumentar impuestos”,
aseveró ayer José Luis Machinea, al anochecer de un día agitado. El próximo ministro
de Economía acusó al justicialismo de forzar a la Alianza a tomar estas medidas
altamente impopulares, ya que de otro modo sería imposible limitar el déficit fiscal del
próximo año a 4500 millones de pesos. El enojo, que expusieron con absoluta crudeza
desde Fernando de la Rúa y Chacho Alvarez hasta los diputados y senadores de la Alianza,
se debe a que los legisladores justicialistas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
la Cámara baja dieron ayer dictamen favorable al proyecto de Presupuesto del 2000
elaborado por Roque Fernández, con algunos cambios que favorecen a las provincias.
“Existe un déficit fiscal encubierto de más de 2000 millones de pesos, por lo que
en realidad el desequilibrio será de 6500 millones”, puntualizó Rodolfo Terragno, y
el resto de los miembros de la coalición se cansaron de repetirlo durante todo el día.
Para cubrir esa diferencia es que Machinea anticipa el “ajuste más fuerte de la
década” y una suba de impuestos. Los diputados y gobernadores justicialistas
retrucaron de inmediato el planteo de la Alianza. En su versión, aseguran que el gobierno
electo maniobra ante la opinión pública para endosarle al peronismo el costo político
del recorte de gastos y del incremento de impuestos. Y sostienen que la coalición pone
estas cartas sobre la mesa para presionar a los gobernadores en la negociación por la
coparticipación, e incluso que De la Rúa quiere disciplinar a los bloques legislativos
de la Alianza para que acompañen con su voto la suba de gravámenes.Más allá de los
argumentos técnicos en que se escudan unos y otros para avalar su posición, el fondo de
la cuestión radica en quién gana y quién pierde –tanto recursos como
políticamente– con el ordenamiento de la economía que prepara la Alianza. La
estrategia del justicialismo en esta puja es la siguiente. En primer lugar, emitió el
dictamen al Presupuesto –con la disidencia parcial de la Alianza– para que sea
sancionado antes del 10 de diciembre, “en respuesta al pedido que nos hizo De la
Rúa”, dijo el jefe del bloque de Diputados, Humberto Roggero. En segundo término,
el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto, afirmó que
“el proyecto de Presupuesto está abierto a todas las modificaciones que quiera
realizar la Alianza, en su sanción y ejecución”, y que “estamos dispuestos a
acompañar si es que quieren subir impuestos, pero primero tenemos que saber de qué se
trata”. Finalmente, los gobernadores se manifestaron dispuestos a seguir negociando
un Pacto Fiscal, pero en conjunto y no a través de acuerdos separados con las provincias
más poderosas, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. De ese modo, los justicialistas
buscaron demostrar que son fieles al “fair play”. Pero al mismo tiempo separaron
la discusión en tres bloques, para forzar a la Alianza a que se defina en cada aspecto y
aparezca como la única responsable del ajuste y del incremento de impuestos. Esos bloques
son el Presupuesto, la cuestión impositiva y la coparticipación.Si el justicialismo
eligió esta vía de negociación fue para quebrar la estrategia aliancista, que consiste
en vincular los tres temas. Por eso Machinea habla de un déficit de “6500 millones o
más” en el proyecto de Presupuesto que obtuvo ayer el dictamen de comisión, asegura
que al reestablecer en esa iniciativa los fondos con asignación específica para las
provincias –Fonavi, del Conurbano y Eléctrico– se amplió a aquel monto el
desequilibrio fiscal estimable para el 2000, y que “si no existe un compromiso de los
gobernadores (para resignar partidas) nos veremos obligados a aumentar impuestos y a hacer
una reducción del gasto nominal que no tiene antecedentes en la última década”.El
punto al que la Alianza quiere llevar la negociación en este momento es al
establecimiento de una suma fija mensual de 870 millones de pesos alas provincias, girada
por el gobierno central. “El gobierno nos deja una economía en crisis y el
justicialismo no quiere asumir su responsabilidad para que podamos resolverla”,
señaló a Página/12 una altísima fuente de la Alianza. “Para que la gente entienda
de qué se trata todo esto, el problema es que con el déficit fiscal que recibimos
aumenta el riesgo país, y eso se traduce en menor crecimiento de la economía por un
encarecimiento del crédito y en menos puestos de trabajo”, adujo Machinea, quien
asumió el “compromiso” de “que paguen más los que más tienen (por el
aumento de impuestos)”, y a bajar los gravámenes “si finalmente la recaudación
crece más de lo que estimamos”. Antes de que la Alianza asuma el poder, esta disputa
anticipa el arduo proceso que se abre en los próximos años con la tan mentada
“cohabitación”.